No es algo nuevo que, como mexicanos, estemos habituados a cargar con las malas consecuencias de las decisiones (ocurrencias) de nuestros gobernantes; como si culturalmente tuviéramos una tendencia a normalizar y aceptar (abnegadamente) un mal karma político.
Tal vez uno de los errores más graves que hemos cometido, es el de volvernos apáticos e indiferentes ante las decisiones que se toman en los poderes legislativos; mientras que gran parte de la sociedad desconoce lo que hace un diputado y a otros tantos no les importa y, en consecuencia, hemos dejado en manos de la ignorancia y el servilismo el rumbo de nuestro estado de derecho.
Es una crítica muy dura, lo reconozco, pero el momento histórico y político que vivimos no es para menos.
Basta poner un poco de atención a dos importantes acontecimientos recientes que prácticamente son una realidad jurídica y que, indudablemente, provocarán afectaciones negativas para las y los tamaulipecos ante la aprobación y el aplauso de la mayoría de nuestros legisladores.
En primer término, un tema que ha causado gran debate y ha levantado una enorme preocupación entre la comunidad jurídica es la reciente propuesta de reforma a la Ley de Amparo.
Esta reforma recientemente aprobada plantea una serie de cambios que, aunque nos vendan la idea de que pretenden “agilizar” los procesos judiciales, la realidad es que presentan graves riesgos en términos de protección a los derechos humanos.
Tal vez el aspecto más preocupante es la redefinición del «interés legítimo», que limita el acceso al amparo solo a aquellos que demuestren una afectación directa e individual a sus derechos. Esto podría dejar fuera a muchas personas cuyos derechos son vulnerados, pero que no pueden probar una afectación directa, especialmente en casos de violaciones sistemáticas o colectivas.
Sin duda alguna, esta restricción puede, potencialmente, generar un filtro injusto que impida que los ciudadanos accedan a la protección de la justicia en situaciones donde, precisamente, la colectividad o los grupos vulnerables son los más afectados.
De la misma manera, en el ámbito local, recientemente, fue aprobada una reforma en materia de prisión preventiva oficiosa; la cual busca homologar nuestra Constitución Local a la Federal y como era de esperarse, arrastra los mismos vicios y la misma tendencia a violar derechos fundamentales.
La prisión preventiva oficiosa, por si misma, plantea riesgos significativos para los derechos humanos, principalmente al afectar el principio de presunción de inocencia, al tratar a los imputados como culpables antes de una sentencia.
Esto puede dar lugar a un uso indiscriminado y abusivo de esta medida, ya que se impone la privación de libertad sin una evaluación adecuada de la necesidad de dicha medida; además de que esto generaría condiciones propicias para el hacinamientoen las cárceles de Tamaulipas, afectando las ya de por si complicadas condiciones en las que viven las personas privadas de su libertad.
Estos dos cambios a nuestro marco jurídico cobran una especial relevancia si analizamos el contexto político de nuestro Estado donde, actualmente, el oficialismo (promotor de estas iniciativas) cuenta con la mayoría suficiente para aprobarlos.
No es una sorpresa que la gran mayoría de los legisladores tamaulipecos voten ciegamente en favor de estas propuestas, sin aportar al debate, sin proponer absolutamente nada, sin conocer sus implicaciones jurídicas a mediano plazo, es más, sin refutarle una sola coma a sus intereses partidistas…
Triste panorama el que nos espera como tamaulipecos, si para la mayoría de nuestros diputados es más importante ser serviles al régimen que defender nuestros derechos humanos…
Tamaulipas y su gente merecemos más que obediencia ciega y sin excepciones a un régimen que se no se cansa de negar la espantosa realidad en que vivimos; necesitamos menos porristas y más voces críticas que se cuestionen si realmente vamos en el camino correcto.
POR JOSUÉ SÁNCHEZ NIETO
