La población mundial asciende a 7.2 miles de millones de habitantes, en comparación con 6.1 en 2000. Huelga subrayar la creciente diversidad de la humanidad, y el constante cambio en su composición étnica, social, religiosa, y política. La organización de esos conglomerados sociales presenta un reto cada vez más complejo para los liderazgos sociales y políticos. La cuestión fundamental es lograr una convivencia armónica de esa creciente pluralidad, para lo cual la tolerancia es indispensable.
Los sucesos recientes en Francia recalcaron la creciente dificultad para lograr esta convivencia pacífica en la pluralidad, dada la presencia de grupos radicales violentos.
Lamentablemente, los sucesos de México durante los últimos meses tienen similitudes con el fenómeno francés. Si bien el sustrato es distinto, el magisterio de la CNTE en Oaxaca, la CETEG en Guerrero, los ultras violentos (anarcos) que incendiaron la puerta de Palacio Nacional, los responsables de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, son grupos del mismo tipo, radicales, intolerantes y violentos.
Los elementos comunes esenciales son tres: I) falta de razón de sus planteamientos; II) realizar acciones ilegales; y III) recurrir a la violencia. Su modus operandi consiste en amedrentar y atacar a quienes no piensan como ellos, por ese simple hecho, porque en principio, desde su óptica, quienes no piensan como ellos son sus enemigos y no deben tolerarse.
Por otra parte, también existen diferencias importantes entre los hechos en París y en México. En ambos casos, la gran mayoría de la sociedad, que es tolerante, no comparte el punto de vista y desaprueba las acciones de los radicales violentos. Por tanto, exige que los gobiernos actúen en consecuencia, en esencia preservando los derechos individuales por medio de la aplicación de la ley y, en su caso, del uso de la fuerza pública. Las exigencias de la sociedad francesa hacia el gobierno se han expresado de múltiples maneras.
En México, 84% de la población condena el uso de la violencia, 60% considera inadecuada la respuesta del gobierno a la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y 63% considera que el gobierno debe impedir bloqueos con la fuerza pública (Encuesta GEA-ISA, noviembre 2014). La sociedad también desaprueba los radicalismos violentos y con tolerancia exige acción gubernamental para preservar su libertad.
La diferencia es que en Francia, en 24 horas las fuerzas de seguridad habían abatido a los responsables de los actos terroristas. A diferencia, en México sólo durante los últimos días, integrantes de la Sección 22 de la CNTE destruyeron cámaras del sistema de vigilancia utilizando camiones “despojados” de la CFE, sin que ninguna autoridad lo impidiera, tomaron los aeropuertos de Oaxaca y Huatulco, suspendiendo las operaciones aéreas, y bloquearon gasolineras; miembros de la CETEG clausuraron oficinas del ayuntamiento de Chilpancingo, obstaculizan sistemáticamente la preparación de las próximas elecciones, han tomado varias veces casetas de autopistas, o bloqueado las mismas, e incendiado diversos edificios públicos y privados. Las acciones de los ultras violentos en el Distrito Federal se recrudecieron precisamente desde la toma de posesión del gobierno actual.
Entonces, la pregunta aún no resuelta es ¿por qué otros gobiernos sí responden a las demandas de la sociedad para que actúen contra los radicales violentos, en contraste con el de México, donde no lo hace? Quizá esa falta de respuesta es lo que explica en parte la “distancia” entre gobierno y sociedad que el propio Presidente ha aludido al plantear que en adelante buscará una mayor cercanía.
