Si un trabajador común falta a sus labores más de tres días, enfrenta la amenaza del despido. Para evitar ese riesgo, tiene que comprobar mediante una constancia del Seguro Social que está incapacitado o, de manera informal, comprobar que tuvo una causa grave para justificar su ausencia lo que queda a juicio del patrón. Así lo establecen las regulaciones en materia laboral.
Pero para que se confirme que en México hay dos mundos en uno de los cuáles el común de la gente debe sujetarse invariablemente a las disposiciones legales de observancia general y en el otro hay segmentos privilegiados que pueden hacer lo que les plazca en desdoro de su productividad, basta echar un vistazo al papel de los diputados federales.
Según evaluaciones, de los 500 integrantes de la actual Cámara Baja sólo seis cumplieron con su obligación de asistir a las 170 sesiones en los dos últimos años y medio. Los demás tuvieron desde una hasta 74 faltas. Las ausencias en muchos casos fueron injustificadas y en otros fueron validadas por los coordinadores de las diversas bancadas.
Hasta en las imágenes que a menudo se trasmiten por televisión se observa que en las sesiones de la Cámara de Diputados muchos asientos están vacíos, mientras que no pocos de los asistentes están bostezando o de plano dormidos.
Si a algún trabajador de una fábrica o de un centro comercial que gana el salario mínimo se le sorprende en tales condiciones, lo menos que puede esperar es una reprimenda cuando no una suspensión sin goce de sueldo.
Pero en el caso de los llamados representantes populares, esto no opera. Ellos forman parte de una casta privilegiada cuyos ingresos nominales son de 150 mil pesos, más compensaciones para gastos de gestión, de ayudantes y secretarias, además de boletos de avión, seguro médico de gastos mayores y vales de gasolina, todo con cargo a los contribuyentes, muchos de los cuales son esos humildes obreros que se tienen que cuidar de faltar un día a su trabajo aunque estén padeciendo fiebre.
Pero esto no es exclusivo de los legisladores federales. Esta irresponsabilidad también se da en los ayuntamientos, donde incontables regidores y síndicos sólo van a las sesiones semanales o mensuales, según sea la programación en cada caso.
En la mayoría de las empresas privadas, el personal está obligado a checar tarjeta. Si llegan media hora más tarde, se les prohibirá la entrada con el consiguiente descuento del día y si abandonan su fuente de trabajo antes de completar la jornada ocurrirá lo mismo.
Ah, pero los políticos tienen patente de impunidad en cuanto al cumplimiento cabal de sus obligaciones. Pero la culpa no la tiene el indio, sino el que lo hace compadre, como reza el popular adagio.
¿Quiénes son los patrones de los legisladores tanto en el ámbito local como federal? Pues usted y yo, que pagamos impuestos y que supuestamente los elegimos para representarnos, aunque no es raro que las tradicionales truculencias de los partidos hagan aparecer como que votamos aunque ni siquiera nos hayamos acercado a una urna.
He allí el meollo de la cuestión. Sencillamente los mandantes nos hemos desatendido de que nuestros empleados, porque eso es lo que son los senadores, diputados y funcionarios públicos, cumplan satisfactoriamente con sus tareas en términos que, además, están consignados en la ley.
El dueño de un taller exige que sus mecánicos lleguen a la hora, pero ni siquiera se preocupa por enterarse si el diputado de su distrito hace lo mismo. ¿Por qué, estando en capacidad legal para reclamarles los dejamos hacer lo que se les antoje?
Que alguien lo explique
