En los 26 meses que lleva al frente del Poder Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto ha promovido ante el Congreso de la Unión once reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de 81 cambios a leyes secundarias. Pero su aplicación ha sido lenta; y por eso este día, justo al conmemorarse el 158 aniversario de la promulgación de la Carta Magna de 1857, y el nonagésimo octavo de la de 1917 que está vigente, Enrique Peña Nieto aprovecharía la ocasión para (re)plantear la necesidad de redactar un nuevo documento, porque el actual (ya) resulta anacrónico.
Pero no sería propuesta original suya. Ni tampoco la panacea que alivie las enfermedades que padece el sistema político mexicano.
Sin embargo y en el aventurado entendido de que el grueso de la sociedad nos pusiéramos de acuerdo para modificar la ordenanza, el señor de Los Pinos estaría obligado a ser el primero en respetarla y no malinterpretar su contenido, como lo ha demostrado durante su régimen.
Él ha comentado que es impostergable reformar completamente el contenido del documento para construir una nación democrática donde impere la libertad y la justicia, pero no ha argumentado, puntualmente, cuáles son las fallas, omisiones u obsolescencias que, desde su muy particular punto de vista, presenta el documento presente, aun cuando éstas han sido señaladas una y otra vez por experimentados constitucionalistas que, al abordar el tema, sí ofrecen fundamentos sólidos del por qué es ineludible el cambio.
Documento vigente
Nuestra Constitución Política vigente es la ley más importante que se ha escrito a lo largo de la historia de México. Nos dice cómo debemos comportarnos, vivir juntos en el territorio nacional y encontrar soluciones a nuestros problemas. También es muy clara cuando refiere cómo debe funcionar nuestro sistema de gobierno.
Igual establece que los mexicanos somos libres y que podemos decidir cómo nos queremos gobernar, así como nuestra independencia respecto a otros países –de ahí que se diga: la soberanía reside en el pueblo–, nos indica cuáles son nuestros derechos y obligaciones; da pie a que se creen reglamentos, y, bajo ningún motivo ni circunstancia otorga al Presidente en turno un poder omnímodo como el que Enrique hoy detenta.
Nuestra Carta Magna cuenta con 136 artículos divididos en nueve títulos y 10 capítulos relacionados con las garantías individuales; la soberanía nacional y la forma de gobierno; la división de poderes; las responsabilidades de los servidores públicos; los estados de la Federación y el Distrito Federal; el trabajo y la previsión social; las prevenciones generales; las reformas a la Constitución; y la inviolabilidad de sí misma.
Su creación es el resultado de la convocatoria que en septiembre de 1916 hiciera Venustiano Carranza al Congreso Constituyente, que se instaló en asamblea el 21 de noviembre de ese mismo año en el teatro Iturbide en Querétaro.
Luego de elegir a la mesa directiva (el día 30), Carranza entregó su proyecto de Constitución Reformada el 1 de diciembre del mismo año; el día 6 se designa la Comisión de Constitución que trabajó en el recinto legislativo, y ahí mismo se tomó protesta y firmó la Constitución de 1917, quedando oficialmente en lugar de las de 1814, 1824 y 1857, siendo promulgada el 5 de febrero de 1917; y entró en vigor el 1 de mayo de ese mismo año.
Punto de partida
Desde su promulgación y hasta la fecha, inclusive, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sufrido cualquier cantidad de modificaciones; y el 75 por ciento de sus artículos ha sido alterado cuando menos una vez.
A este respecto vale la pena citar lo que en vida sostenía el ideólogo Jesús Reyes Heroles:
“Nuestra Constitución no es un punto de llegada, es un punto de partida; es un texto fundamental que ayuda a transformar una realidad, y que, acatando su propio espíritu, se ha modificado y puede seguir modificándose para regir nuevas realidades, para incorporar en ella nuevos ideales, nuevos métodos de acción, nuevas técnicas exigidas por la complicada sociedad de nuestros días.
“La Constitución de Querétaro corresponde a lo que contemporáneamente se llama una ‘Constitución de Evolución’.
“Conteniendo en su seno auténticas relaciones sociales, cambiantes por su esencia, responde con vitalidad orgánica a estas mutables relaciones, tiene significado esencial y sentido primordial ajustable a nuevas exigencias y facilita, dentro de la legalidad, dentro de nuestro régimen de derecho, llenar sus lagunas y anticiparse a nuevas situaciones.
“Por esta naturaleza intrínseca de nuestro texto constitucional, podemos hoy revolucionar en la legalidad, modificando las leyes con las leyes, el derecho con el derecho y las instituciones dentro de las instituciones y siguiendo, precisamente, medios institucionales”.
Reformas reformadas
“A pesar de que (la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) fue la primera en el mundo en garantizar los derechos políticos y sociales, además de los individuales, ésta ya fue rebasada por otras; y poco a poco la política económica neoliberal del gobierno está haciendo que pierda su esencia social y el espíritu por el que fue creada”, dice el estudioso constitucional José Capetillo Trejo.
Y refiere irónico: “Han sido tantas las reformas que se le han hecho a la Constitución, que con todas ellas tal vez hasta podrían haberse hecho otras dos”.
Con Capetillo Trejo coinciden otros especialistas como Ricardo Eloy, Roberto Gutiérrez Barcia, Clemente Valdés S., Macedonio Vázquez Castro y José Ramón Cossío Díaz, quienes además se adelantaron para exhibir (aunque sin querer por el tiempo y circunstancias), claramente, la esencia de la pretensión presidencial:
“El problema fundamental no está en el texto constitucional, sino en la práctica jurisdiccional de todos los días. Así, al inicio de cada sexenio los presidentes en turno han emprendido una serie de reformas constitucionales que tienen como objeto implementar sus programas de trabajo. Por tanto, no son normas jurídicas (lo que proponen). Son reglas políticas de un momento determinado”.
Todavía así el señor de Los Pinos quiere a través de nuevas reformas constitucionales acotar los derechos sociales e individuales que garanticen la libre manifestación de las ideas, el acceso a la salud y a la educación, vivienda, trabajo y alimentación; un nivel digno de vida, la libertad de tránsito y asociación, entre otros.
Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿O no?
Cruzada contra el hambre
En la colonia Moderna de esta capital iniciaron (ayer) las actividades de la ‘Feria cruzada nacional contra el hambre’, cuyo propósito es llevar los distintos programas sociales a las familias en estado vulnerable.
Ahí el alcalde Alejandro Etienne Llano comentó: “Nos sumamos trabajando de la mano para generar mayores fortalezas a nuestra gente que más lo necesita”, remarcando que son momentos en que se requiere la unidad de todos los victorenses.
El secretario de la Sedesol estatal, Antonio Martínez Torres, por su parte, manifestó que estos esfuerzos para apoyar a las familias que más lo necesitan representan la voluntad y la decisión de los tres órdenes de gobierno de trabajar en un solo propósito: generar un bienestar conjunto para la sociedad tamaulipeca, en este caso para el municipio de Victoria.
Se hace camino al andar
*** “El dedazo”, como método selectivo de los partidos para designar candidatos a diputados federales, le irritaría menos a la nomenclatura albiceleste que la simple sospecha del riesgo que se correría al nominar, aquí en Tamaulipas, a gallos vinculados a la delincuencia organizada.
*** El presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Gustavo Enrique Madero Muñoz, bien que sabe de quiénes se trata, pues de otra forma no se hubiese aventurado a lanzar dardos envenenados contra sus propios compañeros de partido.
*** Contingentes de Ayotzinapa (Guerrero), hoy se instalarán en las sedes de los Congresos estatales, el Senado de la República y en el Palacio Legislativo de San Lázaro, para protestar contra las reformas de Enrique Peña Nieto. Y Tamaulipas no sería la excepción.
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