En respuesta a los fuertes cuestionamientos que la sociedad ha formulado contra la adquisición de lujosas residencias adquiridas por su esposa y algunos de sus principales colaboradores, el presidente Enrique Peña Nieto puso en marcha un plan nacional contra la corrupción y, como parte de este, encargó al nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública que investigue y determine si la adquisición de los inmuebles incurren en conflicto de intereses o tráfico de influencias.
El objetivo, aclarar a los mexicanos todas las dudas que el asunto ha provocado.
Se trata de una medida necesaria, pero desafortunada e insuficiente que únicamente servirá para reavivar el problema y ahondar las sospechas de la población sobre los escandalosos sucesos.
Necesaria, porque había que limpiar la imagen negativa a que estos dieron pié y al mismo tiempo demostrar que no hay nada ilegal.
Desafortunada, porque el Señor de los Pinos encomendó la tarea a uno de sus empleados. Habría sido más adecuado que se asignara a una institución autónoma, independiente, supervisada por representantes de alguna Organización no gubernamental o incluso por la propia Organización de las Naciones Unidas, para darle mayor credibilidad a la investigación.
Como no ha sido así, cualquiera que sea, al final de cuentas, el resultado de la indagatoria, la mayoría de los ciudadanos, que ya han emitido un fallo condenatorio sobre el caso, no creerá en ella, precisamente por la falta de credibilidad que las autoridades gubernamentales se han ganado a pulso durante décadas de promesas incumplidas.
Y es que no es la primea vez que el gobierno hace este tipo de anuncios y emprende acciones para atacar el problema de la corrupción y la impunidad. Lamentablemente, la corrupción y la impunidad que asfixian al país siguen ahí, como siempre, en todos los niveles de la administración, flagelando impunemente a la sociedad, sin que nadie haya logrado ponerle un freno.
¿Qué de bueno dejó, por ejemplo, aquella famosa campaña denominada “Renovación moral y simplificación administrativa” emprendida por el régimen del presidente Miguel De la Madrid Hurtado? Nada. La corrupción sigue en su apogeo, igual que el engorroso y costoso papeleo que caracteriza al funcionamiento de las oficinas de gobierno.
Como ha sucedido con las leyes y disposiciones que obligan a los gobernantes a la transparencia y a la rendición de cuentas, que no han ayudado en nada a reducir el problema de la deshonestidad de los servidores públicos que se enriquecen a la vista de todos con el ejercicio del poder, todo indica que México seguirá hundido en la corrupción por muchos años todavía, a pesar del plan anticorrupción y las nuevas leyes que pronto aprobará el Congreso de la Unión sobre la materia.
No perdemos la esperanza, sin embargo, de que algún día un gobernante pondrá un alto a ese terrible mal.
¿Será cierto, a propósito, que el caso Ayotzinapa salvó de la guillotina al dirigente nacional del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps? Según cuentan las lenguas indiscretas, todo estaba dispuesto para relevar en el cargo sindical al senador del Barrio del Golfo, pero, para fortuna del suertudo legislador tamaulipeco, la masacre de normalistas de Iguala, Guerrero, obligó a las autoridades a diferir el caso para mejor ocasión.
Hay quienes piensan que el escenario creado por el plan anticorrupción podría ser propicio para finiquitar el asunto.
Los enterados coinciden en que, sea este año o el que viene, como resultado de la reforma energética y la apertura del sector a la inversión privada, ya no habrá un solo gremio petrolero, ni el STPRM será el único organismo con el que las compañías explotadoras de hidrocarburo celebrarán contratos laborales, sino dos o más con los que los inversionistas del ramo podrán firmar este tipo de convenios obrero patronales. Algo similar sucederá con la generación de electricidad.
Este jueves, por otra parte, como dispone la convocatoria del proceso de selección de candidatos del PRI a diputado federal, los precandidatos de dedazo de Nuevo Laredo, Yahleel Abdala, Río Bravo, Édgar Melhem Salinas, el Mante, Alejandro Guevara Cobos, y de Madero, Esdras Romero Vega, entregarán al órgano auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos la documentación que las solicitudes de registro implican, como las firmas de apoyo de los militantes.
El requisito, para tratar de hacer creer a los priístas que la elección de los candidatos no fue una imposición autoritaria sino avalada por las bases del instituto político.
