CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- A través de una reforma constitucional, el Congreso de la Unión aprobó condicionar el endeudamiento de estados y municipios y evitar la contratación de empréstitos por parte de las autoridades locales.
El documento que ya fue publicado en la Gaceta Parlamentaria, aborda los límites y modalidades para afectar las participaciones en garantía, la inscripción de los empréstitos contratados en un registro público único de deuda pública, la creación de un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda pública y las sanciones aplicables a los servidores públicos que incumplan la normatividad.
En Tamaulipas el saldo de la deuda pública es de 11 mil 468.1 millones de pesos de acuerdo con el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
De tal monto, el Gobierno del Estado tiene comprometidas las participaciones por 3 mil 198 millones de pesos, 402.5 millones de aportaciones y 5 mil 952 millones de sus ingresos propios para el pago de este pasivo que suma 9 mil 553.4 millones de pesos. Los organismos estatales, principalmente ITAVU tiene una deuda de 236 millones, teniendo como fuente de pago las participaciones. En el caso de los municipios, éstos deben 1 mil 338.6 millones de pesos de los cuales 636 pagarán con participaciones y 702 con ingresos propios.
De 2005 a 2015, la deuda de Tamaulipas incluyendo municipios, administración estatal y organismos estatales aumentó más de 10 mil millones de pesos.
Destaca un incremento en más de 5 mil millones en 2009.
Con la reforma constitucional se prohíbe a los gobiernos contratar deuda pública para el pago de gasto corriente; se requerirá de la autorización de las legislaturas estatales con mayoría calificada de dos terceras partes de los diputados presentes, y con base en la elucidación de los siguientes elementos: mejores condiciones de mercado, destino de los recursos, capacidad de pago y establecimiento de la fuente de pago o del otorgamiento de garantías.
También se establece la obligación de liquidar pasivos de corto plazo a más tardar tres meses antes de la conclusión del período de gobierno y prohibición de contratar financiamiento público durante esos tres meses y se amplían las facultades de la Auditoría Superior de la Federación, para fiscalizar deuda pública, así como destino y ejercicio de las garantías.
En menos de 10 años, la deuda de los municipios de Tamaulipas se ha elevado en un 678 por ciento, según cifras de la Secretaría de Hacienda.
El último reporte del Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios y los Indicadores de Deuda Subnacional y Afectación de Participaciones de la dependencia reportan que en 2005, la deuda municipal en la entidad era de 315.9 millones de pesos, mientras que en 2014, el monto original vigente contratado es de 2 mil 453 millones de los cuales los municipios han pagado 802 millones.
Al día de hoy, Nuevo Laredo tiene el 80 por ciento de la deuda municipal en Tamaulipas.
Ocho son los municipios endeudados con la banca de desarrollo y la banca comercial, Altamira, Ciudad Madero, González, Nuevo Laredo, Ocampo, Reynosa, Tula y Victoria y ocho organismos de Agua Potable, las Comapas de la zona conurbada del sur, Mante, Altamira, Reynosa, Río Bravo, Nuevo Laredo, Matamoros y Victoria.
Los endeudamientos de las Comapas de Reynosa, Nuevo Laredo, Río Bravo y Matamoros se contrataron entre los años 2005 y 2009. Reynosa es el municipio que más tiene comprometidas sus participaciones para pagar sus deudas con el 19 por ciento del total de lo que le llega del gobierno Federal.
