Según informes, en los últimos diez años se han introducido al país, desde los Estados Unidos, más de siete millones de vehículos de los llamados “chocolates”, ya sea en forma ilegal o al amparo de los programas de regularización que periódicamente aprueba el gobierno federal.
El argumento oficial que sustenta esta política de importación es el de poner unidades motrices al alcance de las clases populares, principalmente la campesina, como una herramienta de trabajo. Así, miles de camionetas “Ranger” se observan en el medio rural.
De primera vista, el plan parece sensato. Pero los efectos que trae aparejados esa invasión vehicular, así como los fines que en la mayoría de los casos la motivan, mueven a una reflexión sobre lo acertado de la medida.
En primer lugar se trata de auténtica chatarra cuya circulación está prohibida en el vecino país del norte por los graves efectos contaminantes que produce y para la cual no existen refacciones en México, por lo que a menudo el resto de su vida útil es reducido y acaban “yonkeados” en las calles o brechas. Para el gobierno estadounidense es una manera de deshacerse de las ruinas rodantes y de paso apoyar a sus “loteros” fronterizos.
Además, es común que los programas de regularización estén aparejados con los tiempos electorales, como una forma de atraer votos de las capas sociales de bajos recursos económicos. Que la ecología se friegue, lo que importa es el acceso al mayor número de cargos de elección popular.
Por otra parte, con ese comercio del cual se benefician de manera escandalosa unos cuantos acaparadores, se desalienta la venta de vehículos seminuevos en el territorio nacional, un mercado que durante muchos años fue una forma más confiable de hacerse de un auto o una camioneta.
Ahora que se aproximan las elecciones federales, nada extraño resultaría que nuevamente se dispare el ingreso de unidades “chuecas” para que luego el sector oficial autorice su regularización, en la que de paso también se lleva una buena tajada de ingresos por concepto de impuestos.
Lo mejor, en opinión de voceros del ramo automotriz nacional, sería que se cerrara la frontera a ese tipo de importaciones para fomentar la compra venta local de vehículos usados, lo cual derivaría en precios más competitivos en beneficio de los compradores.
Una muestra de que la adquisición de unidades de manufactura nacional o importados por las propias armadoras, puede estar al alcance de usuarios de poco alcance económico, es el empleo en el servicio de transporte público de vehículos compactos que vinieron a sustituir a aquellos carrotes traídos de allende la frontera y que no sólo suponían un mayor consumo de combustible sino que echaban más humo que una chimenea.
Pero por lo visto, en este caso, el gobierno, como en muchos otros aspectos de la vida nacional, prefiere recurrir a alternativas fáciles, antes que preocuparse por establecer programas que concilien las necesidades generales con el cuidado del medio ambiente. ¿Por qué lo hace?
Que alguien lo explique
Aprovechamos este espacio para enviar nuestras condolencias a los familiares del colega ALFONSO DE LOS REYES VILLARREAL, cuya fructífera vida periodística culminó ayer de manera inesperada. Un hasta pronto al amigo.
