La evidencia estadística sugiere que los períodos de inseguridad en Tamaulipas se han conjugado con episodios de estancamiento económico y desempleo.
¿Estarán las cifras actuales que muestran una tendencia a la baja en el número de delitos ligadas al dinamismo que ha venido caracterizando a la economía estatal?. Veamos.
Uno de mis profesores en la Escuela de Economía de la UAT en Tampico, el doctor Rogelio Cogco sostenía allá por 1996, que ubicar a la inseguridad como el principal problema de un país era una tesis que debía de revisarse pues detrás de un delito, suele haber también un problema económico.
Hace algunos años, el Tec de Monterrey publicó un interesante documento cuya tesis central era el vínculo directo entre la inseguridad y la delincuencia con los niveles de desempleo, pobreza y particularmente la precariedad del empleo.
El informe —muy rico en estadísticas—, reportó una correlación de más de 70 por ciento entre los casos de violaciones a la ley y la falta de trabajo, así como en el número de personas que buscan un segundo empleo así como un aumento en la informalidad y la inseguridad con un vínculo de más del 80 por ciento.
Pero la literatura económica sobre esta relación es amplia y no todos coinciden. La ONU ha documentado cómo entre los años 1990 y 2000 la mayor incidencia de homicidios en México se registraba en los municipios con mayor pobreza por ingresos; en 2005 y 2007, esta relación empezó a transformarse, y para 2010, había cambiado drásticamente: para entonces, un mayor número de homicidios había comenzado a ocurrir en los municipios de menor pobreza por ingresos.
En Tamaulipas la situación no es ajena. La inseguridad alcanzó su pico en 2010, justo cuando la entidad aún padecía los efectos de la mayor crisis económica mundial que empezó en Estados Unidos con repercusiones devastadoras en sectores estratégicos de la economía estatal como la manufactura.
Como resultado, la entidad perdió el 9 por ciento de su valor, lo que disparó los niveles de desempleo al mismo tiempo que una espiral de violencia hizo de ese fatídico año 2010, un parteaguas histórico.
Esta coyuntura de crisis económica mundial, el colapso de sectores como la manufactura y altos niveles de desempleo se conjugó con una cantidad sin precedentes de deportaciones en la frontera por Tamaulipas que llegó al grado de repatriar por los cruces internacionales tamaulipecos hasta 120 mil personas en un año, de las cuales apenas el 9 por ciento eran de esta entidad.
En el lapso, la sociedad vimos episodios de violencia e inseguridad lo que sugiere al menos en Tamaulipas sí existe tal correlación.
Pero si queremos ser escépticos veamos la otra cara de la moneda.
En 2014, el desempleo comenzó una tendencia a la baja de manera sostenida y en el último trimestre del 2014 la población desocupada pasó a ser de menos de 42 mil cuando en 2010 y 2011 la cifra superaba los 97 mil.
¿Y esto tiene correlación con la cifra de delitos? La estadística sugiere que sí.
En 2011 la cifra de delitos del fuero común en Tamaulipas fue de más de 48 mil, mientras que el año pasado se redujo a alrededor de 44 mil con todo y que la Estrategia de Seguridad hizo énfasis en el fortalecimiento de la denuncia ciudadana que hizo a la entidad escalar 20 posiciones en la materia al pasar del sirio 23 al 3.
Hace ya varios meses que la economía estatal mantiene un moderado ritmo de crecimiento, por encima de la media nacional.
De acuerdo con los últimos datos del INEGI, dados a conocer del tercer trimestre del 2014, Tamaulipas se posicionó en el cuarto lugar nacional en crecimiento económico, nivel en el que se ha sostenido de manera permanente durante ese año.
En las estadísticas publicadas, en el tercer trimestre del 2014, la entidad reflejó un 106.8 por ciento en actividades primarias, indicadores impulsados por una amplia economía enriquecida por la agricultura, cría y exportación de ganado, aprovechamiento forestal, además de la caza y pesca deportiva.
Al mismo tiempo, los tres niveles de Gobierno también han intervenido a través de esquemas como Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia que reduce los factores de riesgo a través de la promoción e impulso de acciones institucionales de los 3 órdenes de gobierno para transformar el entorno de las comunidades.
La estadística ahí está y es contundente. Sin embargo, es preciso ir más allá de los factores estructurales y observar la diversidad de elementos que pueden incidir en los distintos contextos que favorecen las conductas antisociales. He ahí el reto.