El combate a la corrupción es un tema sobre el que tenemos que legislar si queremos que México logre mejores condiciones de vida para la sociedad, por ello en la Cámara de Diputados este jueves aprobamos modificaciones constitucionales que sientan las bases para hacer frente a este problema.
Esta reforma crea el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual coordina a las autoridades de los distintos órdenes de gobierno competentes en temas de prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
La conformación de esta reforma ha implicado la participación tanto de las diversas bancadas de los partidos políticos como de la sociedad, a través de asociaciones que han aportado en la integración de los contenidos. El consenso logrado para su aprobación es muestra de la voluntad política que los legisladores tenemos para sacar adelante temas prioritarios para el país, y evidencia la responsabilidad, la prudencia y el profesionalismo con el que se condujo la bancada del PRI para fortalecer a las instituciones y dar una respuesta certera ante la exigencia de la ciudadanía.
Con la aprobación de esta reforma, fortalecemos las facultades de fiscalización de la Auditoria Superior de la Federación (ASF): al anular los principios de anualidad y posteridad, podrá realizar auditorías durante el ejercicio fiscal en curso por denuncias de casos graves de corrupción y ya no tendrá que esperar a que concluya el ejercicio fiscal, y también podrá realizar auditorías sobre posibles actos irregulares cometidos en ejercicios fiscales anteriores.
Asimismo, la ASF podrá presentar denuncias según se trate de un delito o de una falta administrativa ante la Fiscalía Anticorrupción o iniciar procedimientos ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Asimismo, podrá fiscalizar recursos locales cuando provengan de deuda que esté garantizada por la Federación; promover la imposición de sanciones a servidores públicos federales, estatales, municipales, del Distrito Federal y particulares cuando detecte irregularidades; fiscalizar los recursos federales que se destinen y se ejerzan en fideicomisos, fondos y mandatos, públicos y privados.
El nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa contará con plena autonomía para dictar sus fallos y deberá imponer las sanciones a los servidores públicos de los tres poderes y órganos constitucionales autónomos de la Federación, así como de las entidades y municipios, por las responsabilidades administrativas graves y a los particulares que participen de éstas, además de fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias.
En cuanto a las sanciones administrativas graves se amplía el periodo de prescripción a siete años, con lo cual se podrá investigar e imponer sanciones a funcionarios públicos aun cuando haya terminado el periodo en el cual ejercieron sus funciones.
Hemos logrado que los servidores públicos queden obligados a presentar su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determinan las leyes aplicables. También, procederá la extinción de dominio en casos de enriquecimiento ilícito de los servidores públicos.
Estos son algunas de los principales puntos que votamos. Sin duda, esta legislación es un gran paso para abatir la corrupción, un problema que afecta a todos los mexicanos y que ya no puede seguir así. Hoy se están creando y fortaleciendo instituciones que deberán trabajar para que la corrupción no encuentre caminos fáciles y mucho menos permanezca impune.