CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Presidentes de los Supremos Tribunales de Justicia de Tamaulipas y Michoacán descartan solicitar seguridad personal para jueces en materia penal, sostienen que no existen amenazas contra los impartidores de justicia, pero en caso de resultar necesario se solicitaría.
El Magistrado Presidente del Poder Judicial en esta entidad, Armando Villanueva Mendoza, reconoció que si bien a nivel federal, el Consejo de la Judicatura instruyó para proteger a jueces y Magistrados encargados de atender asuntos penales, esto no se ha replicado en los estados.
Destacó que a nivel local no ha sido necesario ya que no existen reportes de amenazas que puedan impactar en las sentencias de los juzgadores.
“Es entendible los casos de juzgadores federales que tienen que resolver los delitos donde están involucrados grupos criminales y en el caso de nuestros juzgadores no hemos tenido ningún problema y estamos seguros que en el caso que llegase a generar la Secretaría de Seguridad Pública y el Poder Ejecutivo nos apoyará”, dijo.
Villanueva Mendoza mencionó que hasta ahora no tienen reportes que algún juez en funciones sufra presiones de esa naturaleza y se espera que nunca suceda.
Por su parte, el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán, Juan Antonio Magaña de la Mora, en su reciente estancia en la entidad, destacó que en esa entidad hay registro de agresiones o presión en contra de los jueces en materia penal.
“No se ha registrado un solo caso que algún juez o Magistrado del Poder Judicial de Michoacán se encuentre bajo amenaza”, dijo.
Para ello explicó, el Consejo de la Judicatura de Michoacán está atento para garantizar la autonomía e independencia de los administradores de justicia, “y no sólo van a evitar que por presiones de otras instituciones pudieran inmiscuirse en el Poder Judicial, sino también que grupos contrarios a la ley puedan presionar”, expresó.
Coincidió con su homólogo tamaulipeco, que al menor indicio de alguna presión de esa índole se solicitaría el apoyo de las autoridades correspondientes.
“Al mínimo indicio que un juez o un magistrado reciba una amenaza, activaríamos inmediatamente los protocolos de seguridad, pero a la fecha no ha sido necesario”, concluyó.