De Iguala a MVS. Uno de los mayores retos para el manejo de crisis de comunicación —igual que para la defensa legal de todo acusado de cometer alguna falta— aparece cuando la persona señalada o la institución en crisis son llevadas a la trampa de enfrentar la misión imposible de probar su inocencia.
‘Prueba diabólica’, fue nombrada esta práctica sistemática de la llamada Santa Inquisición. Y, si bien, en los modernos tribunales de derecho no hay duda de que quien acusa es quien tiene que probar los cargos, ese principio elemental de todo sistema de justicia civilizado suele aplastarse en los tribunales paralelos de opinión en que se erigen con frecuencia los medios tradicionales y las redes sociales.
Estas nuevas prácticas inquisitoriales suelen producir efectos catárticos similares a los del pasado. Especialmente entre quienes —igual que hace siglos— encuentran alivio a sus malestares, carencias y angustias con el espectáculo del castigo, ahora mediático, a los presentados sumariamente como culpables del tema a debate cada día. En el México actual: ‘El Estado’ nacional, por los desaparecidos a manos de la policía municipal de Iguala, o el Ejecutivo, por sus propuestas de nombramientos de procuradora y nuevo ministro de la Corte, o incluso por el despido de Carmen Aristegui de su programa en MVS.
En este último caso, apenas instalado el tribunal de opinión, y ya está la condena: un ‘atropello a la libertad de expresión’, en ‘un país que está viviendo un vendaval autoritario’, según sentencia la comunicadora. Pero en medio de los intereses corporativos de la empresa que ahora la despide, con su asociación con el principal poder fáctico de las telecomunicaciones —en que se inscribió con frecuencia el espacio de la conductora— parece difícil asociar su desempeño con el ideal del ejercicio de las libertades informativas. O presentar su despido como prueba plena de atropello a esas libertades.
Quien calla (no) otorga. Así, a falta de pruebas que sustenten la sentencia, el tribunal de opinión impone la carga de la ‘prueba diabólica’ sobre los sentenciados. Que MVS pruebe que el despido no es un atentado a la libertad y que el sistema político pruebe que no se vive un ‘vendaval autoritario’. Como en la Inquisición, los condenados de hoy en los nuevos tribunales de conciencia lo son por no probar su inocencia, minuto a minuto, ante el tribunal de los medios y las redes. O por callar ante aluviones de cargos sin sustento, con la ayuda del discutible refrán de que ‘quien calla otorga’.
El refrán es discutible tanto en términos jurídicos como comunicacionales. En este último aspecto, desde los años setentas del siglo pasado la profesora alemana Elisabeth Noëlle-Neumann mostró cómo la gente calla no para otorgar su acuerdo con el que afirma o acusa, sino, entre otras cosas, por temor a la sanción social que le depara el oponerse a una corriente de opinión que se presenta como numérica o moralmente superior.
Y tampoco el silencio exculpa. Más que probar el ‘vendaval autoritario’, los nuevos inquisidores presentan sus acusaciones en medios y redes como una tromba abrumadora de creencias colectivas que deja a su paso una Espiral de silencio —título del libro de Nöelle-Neumann— que tiende a acallar toda discrepancia con ellos..
Pero si el que calla no otorga, el silencio prolongado de los condenados tampoco es una buena estrategia de defensa. No exculpa de los cargos en el tribunal de los medios y mantiene sometidos a los sentenciados a la espiral del silencio. Ésta sólo se puede romper con un ejercicio de verdadera satisfacción del derecho a la información de las audiencias: la ventilación de los intereses particulares en juego en esta ruptura, los montos pecuniarios hasta ahora ocultos en el discurso de las libertades. Porque si esto pertenece al ámbito privado, en nada afecta el interés público de las libertades. Pero sí se insiste en el discurso de las libertades, los intereses privados que están atrás se vuelven de interés público.