No obstante que algunos sectores, caso concreto del presidente de la Canaco, Carlos Delgado, proponen la aplicación de medidas drásticas, como la detención de los loca tarios que han bloqueado calles, la experiencia demuestra que la mejor vía para resolver un conflicto, como el generado por la construcción de los nuevos mercados de Tampico, es el dialogo.
La experiencia demuestra que la confrontación e incluso la aplicación estricta de la ley no siempre arreglan sino que a menudo empeoran los problemas.
Sea el alcalde Gustavo Torres Salinas, el Secretario Juan Carlos Ley Fong o el interlocutor que se asigne para atender el asunto, (ayer se anunció que vendría la subsecretaria general de gobierno, Lupita Flores), debe abrir inmediatamente una mesa de diálogo permanente para buscarle una solución pronta a la pugna que ya está afectando a los habitantes y la imagen de la ciudad.
Los hechos, lamentablemente, han puesto de relieve que los funcionarios a los que correspondía convencer a los comerciantes de que la edificación de los centros de abasto era beneficioso para todos, los que estaban originalmente al frente de la Subdirección de Mercados, no solamente no hicieron bien su tarea sino que no hicieron nada y el resultado de esa omisión está hoy a la vista.
Pero ¿cuál fue la razón por la que la primera autoridad no se enteró oportunamente sino tan tardíamente de que los locatarios no estaban de acuerdo con el proyecto? ¿Acaso la contraloría, que, además de examinar y verificar que el ejercicio del gasto público se ajuste a las disposiciones legales, tiene también la obligación de medir y evaluar el desempeño de cada una de las dependencias del municipio, tampoco cumplió con su trabajo?
Cualquiera que haya sido el o los motivos por los que las cosas no salieron como se esperaba, ahora no queda de otra que desactivar los desacuerdos y la mejor manera de conseguirlo es platicando. No hay que olvidar que estamos inmersos en un proceso electoral y que si, en lugar de encontrarle una salida positiva al conflicto por esa vía, el lío se enreda más, el impacto que este tendría en la elección de diputados federales podría ser muy desafortunado, para el PRI, obviamente.
Es cierto que el gobierno porteño tiene la ley y los medios para hacerla cumplir por medios coactivos, sin embargo, esto no garantiza que el resultado vaya a ser lo más adecuado y conveniente para el municipio.
Si mal no recordamos, en 1989, cuando Nicanor Fernández Cabrera estaba al frente del gobierno porteño se suscito un problema similar: la reubicación de los comerciantes de puestos semifijos que operaban a lo largo de la calle Rivera.
Como el jefe edilicio no logró persuadir a los oferentes de que se mudaran voluntariamente a otro lugar, cometió el error de recurrir al uso de la fuerza para retirarlos.
El resultado fue desastroso, en el desalojo murió una persona y la violencia que provocó la torpe medida puso de relieve la incompetencia y completa falta de oficio político del presidente, quien, por cierto, desoyó el consejo que le hiciera oportunamente el secretario del ayuntamiento, José Luis Ornelas Narro, que le había pedido que le permitiera hablar personalmente con los comerciantes para demostrarles que el cambio les sería redituable al final de cuentas, antes de utilizar a la policía.
El alcalde se negó y el suceso marcó al presidente municipal como un gobernante represor.
Ojalá que el desenlace de la construcción de los nuevos mercados municipales no vaya a resultar tan nefasto.
Mientras son peras o son manzanas, como estaba anunciado el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, encabezado por César Camacho Quiroz, registró ayer en bloque a los 300 aspirantes a diputados federales de mayoría, entre ellos los ocho de Tamaulipas, con todo y los suplentes, directamente ante el Consejo General del INE, por lo que una vez que el instituto de a conocer el dictamen que indique que los interesados cumplieron con los requisitos de ley serán oficialmente candidatos a las curules de San Lázaro.
A propósito, la principal causa de que ninguno de los precandidatos a diputado del actual proceso político haya roto el silencio de las intercampañas no es tanto la prohibición legal que impide realizar actividades proselitistas en ese periodo, sino que están acalambrados. Tanto les advirtieron los expertos en la materia sobre los riesgos a que se exponían si violaban la veda, que prefieren mantenerse encerrados para no meterse en dificultades.
Para finalizar, el ilegal cierre de calles de acceso a algunas colonias residenciales indica que, como dijo el regidor Julián Zorrilla Estrada, la estrategia de seguridad no ha dado resultado.