Por causas diversas, los especialistas políticos consideran que podría haber un aumento significativo del abstencionismo en los comicios federales del 7 de junio.
Y es que al hecho de que se trata de una elección intermedia que despierta escaso interés entre los votantes, se ha aunado esta vez el descontento social, los escándalos de corrupción de partidos y servidores públicos y el alejamiento de la clase política de los reclamos ciudadanos, que podrían verse reflejados en las votaciones.
Los análisis sobre el tema indican que la mayoría de los electores no se consideran representados por los candidatos ni por los gobernantes.
Revelan, asimismo, que los votantes están cansados de la simulación de los partidos, de candidatos irrepresentables a los que únicamente mueve el interés personal o de los partidos a los que representan, que no hacen nada para ayudar a resolver los problemas endémicos que aquejan a la comunidad, a los que se ha agregado en los años recientes el de la inseguridad que sólo está disminuyendo en los discursos y en los indicadores oficiales.
A decir, por ejemplo, de Álvaro Arreola, integrante del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, como consecuencia de todos esos factores, México ha pasado en un periodo muy breve de la transición democrática a la precarización de la democracia. ¿De qué magnitud será el abstencionismo? No se tiene idea, pero la irritación y el desencanto social generados por la falta de resultados de los servidores públicos y el gobierno en mejorar las condiciones de vida de la población hace pensar que esta podría ser superior al de otras jornadas electorales federales intermedias.
Tampoco se sabe qué inventarán los candidatos que participarán en la contienda electoral en turno para recuperar la confianza ciudadana y que los electores crean en las propuestas y compromisos políticos, mucho menos que éstas van a arreglar los males que padece la sociedad, como el del desempleo que, según datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, ha obligado a miles de obreros a comerse sus ahorros para subsistir, mientras encuentran trabajo o uno mejor pagado para cubrir los cada vez más elevados gastos del hogar. De acuerdo con la CONSAR, en el 2014 un millón 203 mil 753 trabajadores efectuaron retiros parciales de sus cuentas de ahorro para la jubilación que sumaron un total de 9 mil 863.6 millones de pesos, cifra que demuestra las graves dificultades en las que se encuentran los miembros de la población económicamente activa del país para sortear los embates de la crisis económica y la insuficiencia de las fuentes de ocupación laboral bien remunerada. Los que deben de haber considerado convenientes los augurios del aumento de la ausencia de los ciudadanos a las urnas son los estrategas del PRI, quienes saben que entre más elevado sea la abstención, mayores la posibilidades que tendrán los priístas de ganar los comicios. Mientras tanto, los funcionarios del INE se dedican a validar las solicitudes de registro presentadas por los aspirantes a las diputaciones federales. Los funcionarios de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Político del árbitro electoral, encargados de la tarea, analizan si los documentos presentados por los precandidatos a efecto de verificar si estos se ajustan a los requisitos exigidos por la ley. Una vez pasada la prueba, aquellos que reciban la constancia que los acredita formalmente como candidatos, ya con el permiso del réferi político en la bolsa y sin la prohibición proselitista que les impedía salir a la calle a pedir el respaldo popular en el periodo de las intercampañas, podrán aprovechar los últimos dos días de las vacaciones de la Semana Santa, el 5 y 6 de abril, para acudir a los centros vacacionistas y a los sitios de grandes concentraciones de personas a saludar a los paseantes y a pedirle a la gente el voto, sin exponerse a ninguna sanción. La realidad es que los arranques de demanda del sufragio serán hasta el próximo lunes 7 de abril y esta vez, debido a las restricciones legales, los candidatos utilizarán como casas de campaña las sedes de los partidos a los que representan y tampoco podrán repartir, como en otras ocasiones, vasos y otros obsequios que la reforma electoral considera como formas de compra del voto.