El síndrome de Iguala parecería presuponer que ni la Federación ni los estados han sido o podrían ser infiltrados por el crimen.
A raíz del decálogo por la seguridad presentado por Peña Nieto en noviembre de 2014, el Presidente envió en diciembre una iniciativa al Congreso con varias reformas en materia de seguridad pública.
Dos aparecen de especial relevancia. La reforma del Art. 21 constitucional a efecto de consolidar la figura del mando único policial estatal y, las reformas a los artículos 105 y 115 que permitirían a la Federación intervenir en municipios donde existan indicios de infiltración del crimen organizado. La iniciativa señala que en el período 2006-2012 la estrategia del Ejecutivo derivó en un mayor crecimiento de la criminalidad y la inseguridad en el país y, sin embargo, las propuestas parecen ir exactamente en la misma dirección. Mayor concentración de mandos y decisiones políticas, desaparición de las atribuciones municipales y mayor control de la Federación sobre los gobiernos estatales.
El municipio libre no es una figura retórica. Es un principio lógico de descentralización política que incluye entre sus componentes centrales el tema de la seguridad. Me ha tocado ver una y otra vez las intervenciones de los policiales estatales en los municipios. Los estatales no conocen ni tienen compromiso con la población local. Llegan, actúan y se van; todo el desgaste político se lo dejan a la autoridad municipal. Claro, en el espíritu de la iniciativa, el presidente municipal podrá desentenderse del tema e instalar un buzón de quejas al gobernador. Su seguridad estará a cargo del estado, pero saldrá del presupuesto municipal. Ahora los recursos en lugar de bajar, subirían.
Pero más allá de lo que significa violentar el pacto federal, la ineficiencia y la ineficacia de las corporaciones federales de policía, mostradas en la administración de Felipe Calderón, ponen en evidencia su incapacidad para atender el problema.
Ahora tocaría a los gobiernos estatales. Cuesta trabajo imaginar la oficina que requerirá el gobierno de Oaxaca para dar seguimiento y operar la seguridad pública en 570 municipios o la del Estado de México para atender 125 municipios donde habitan 15 millones de mexiquenses y en donde deberán resolver desde el problema del tránsito —considerado del ámbito de la seguridad pública— hasta los conflictos entre vecinos y la presencia del crimen organizado.
Muy vinculado al espíritu del modelo del mando único estatal está la posible intervención de la Federación en municipios en los que se presuma infiltración del crimen organizado en donde el gobierno federal —sería decisión del titular de la PGR— podría pasar incluso sobre el gobierno estatal. El síndrome de Iguala parecería presuponer que ni la Federación ni los gobiernos estatales han sido o podrían ser infiltrados por el crimen organizado.
En la iniciativa se mencionan los casos de Italia y Alemania como ejemplos a seguir, pero curiosamente no se mencionan Gran Bretaña, Estados Unidos, Japón o incluso la República Popular China, donde la seguridad pública descansa en las policías locales que conocen y son conocidas en el barrio y donde el alcalde es el principal responsable de la seguridad.
La paz no es la ausencia de guerra sino la construcción de condiciones para evitar la exacerbación de los conflictos. Mismo es el caso de la seguridad cuya solidez emerge de las bases y no de la cúspide. La seguridad pública es una condición que se construye, no una ordenanza que se impone. Al final estas iniciativas marcan una orientación con alto contenido político que refleja la preocupante debilidad del andamiaje institucional, que inicia en el poder federal. El Ejecutivo deja ahora una responsabilidad histórica en manos de los legisladores. ¿Estarán también a favor del desmantelamiento paulatino del municipio libre?
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