MÉXICO, D.F.- El pleno de la Cámara de Diputados llamó a 17 entidades a ya no retrasar más la reforma constitucional que regulará la forma de endeudamiento de las entidades federativas.
Mediante un punto de acuerdo presentado por los coordinadores parlamentarios, la Cámara pidió a los congresos locales que sea aprobado el proyecto de decreto sobre disciplina financiera para estados y municipios.
Para que entre en vigor la reforma constitucional, se requiere la ratificación de 17 de los 31 congresos locales.
Hasta ahora, 14 congresos locales han aprobado el decreto que fija reglas sobre la manera en que los estados se podrán contratar créditos a corto y mediano plazo.
Al llamado se sumaron diputados de todas las fracciones de San Lázaro.
La convocatoria se dirigió a los Congresos de los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
De Movimiento Ciudadano, el diputado Danner González recordó que durante el 2013 las entidades federativas y los municipios del País recibieron transferencias de recursos federales por un billón, 473 mil 137.4 millones de pesos, cifra superior en 7.4 por ciento en términos reales a la registrada en el ejercicio fiscal 2012.
Sin embargo, dijo, pese a esta cantidad de recursos, la deuda interna de los estados y los municipios se incrementó 75 mil millones de pesos en lo que va de la presente Administración federal.
“La elevada dependencia de los Gobiernos locales respecto de las transferencias federales y el recelo por trasparentar el manejo de dichos recursos, es porque muchos gobernadores y alcaldes hacen de éstos la caja chica, ya sea para financiar intereses personales, políticos y electorales”, afirmó.
No debe extrañarnos que muchos recursos que deberían destinarse a educación, salud, vivienda, generación de empleo o bienestar social en estados y municipios, terminen despilfarrándose en campañas electorales, advirtió.
“En este tema no pueden ni deben escatimarse recursos ni andar con medias tintas, máximo cuando la corrupción y el endeudamiento de las entidades federativas y de los municipios constituyen una bomba de tiempo, que si no se atiende hoy el día de mañana puede ser el detonante, no solamente de una crisis económica que tenemos latente, sino social y de gobernabilidad”, agregó el legislador.
El diputado de PRI, Jesús Antonio Valdés, dijo que la discusión de la reforma no debía postergarse, debido a que hay entidades que pueden heredar problemas financieros a nuevos Gobiernos locales.
“La adquisición de empréstitos es un tema cuya resolución no puede esperar. Estamos convencidos que es necesario evitar que el pago de los montos de endeudamiento se herede a las siguientes generaciones o a las administraciones venideras.
“Nuestra idea, que compartimos con el resto de las fuerzas políticas en esta Cámara de Diputados, es actuar con responsabilidad y visión de Estado, para evitar cualquier fenómeno que ponga en riesgo la estabilidad financiera de nuestro País”, expresó el legislador sobre el llamado a discutir dicha reforma.
Agregó que los legisladores del PRI apoyaban el exhorto a los Congresos estatales para que, si todavía no lo han hecho, agilicen la discusión y aprobación de la reforma que tiene más de dos años de debate en el Congreso.
“Disposiciones jurídicas que es vital que entren en vigor, toda vez que deben proyectarse hacia una legislación secundaria, pues de lo contrario la enmienda en comento sería una norma imperfecta”, detalló.
El diputado de Nueva Alianza, Luis Antonio González Roldán, manifestó que se debe discutir la reforma en los Congresos porque se avecinan restricciones presupuestales para las entidades en los próximos años.
“Recordemos que el objetivo primordial de la reforma constitucional es que todas las obligaciones de pago queden perfectamente armonizadas, homologadas y, sobre todo, sean transparentes”, aseveró.