El día de ayer en la Cámara de Diputados discutimos y votamos a favor la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se trata de una reforma amplia que lleva consigo el esfuerzo conjunto de legisladores, autoridades garantes, organizaciones sociales e instituciones educativas, y que busca contribuir a un país más transparente, donde los ciudadanos puedan disponer de la información que deseen conocer sobre la vida pública y los sujetos obligados por esta legislación tengan que rendir cuentas en mayor profundidad.
Cumplir con los nuevos parámetros de transparencia que nos hemos impuesto será la clave, junto con el Sistema Nacional Anticorrupción, para que los ciudadanos puedan confiar más en todos aquellos que llevan a cabo tareas dentro del gobierno o reciben recursos públicos.
Con la aprobación de esta ley se garantiza a todos los ciudadanos el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que ejerza recursos públicos.
La ley deja claro que los anteriores son sujetos obligados y especifica los requisitos que deben cumplir, entre los que están: constituir un Comité y Unidades de Transparencia, con el objetivo de establecer políticas de acceso a la información, recibir y dar respuesta a solicitudes de información, entre otros.
La legislación aprobada señala que en la aplicación e interpretación de la ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad y que los organismos garantes del derecho de acceso a la información deberán regirse bajo los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad, profesionalismo y transparencia; asimismo, procura que la información generada sea en lenguaje sencillo, accesible y con traducción a lenguas indígenas.
Los sujetos obligados deberán, entre otras cosas, actualizar su información por lo menos cada tres meses, tener un vínculo de transparencia en su página de internet, utilizar perspectiva de género y discapacidad cuando corresponda, manejar de manera segura y responsable los datos personales.
Asimismo, tendrán mayores responsabilidades de transparencia, cuestiones que antes no tenían que hacer públicos ahora lo serán, tal es el caso de las fórmulas de distribución de los recursos públicos para integrar el presupuesto de egresos en los tres niveles de gobierno; las contrataciones de servicios personales y el informe semestral del uso y destino de los recursos financieros en todos los congresos; toda la información relacionada con hechos constitutivos de violaciones graves de derechos humanos por parte de los organismos de protección de derechos humanos; el tabulador de salarios de los integrantes de los partidos políticos en sus tres niveles; la relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos que reciban los sindicatos.
La nueva ley también crea el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, entre cuyas funciones están: establecer los lineamientos de la Plataforma Nacional de Transparencia, diseñar políticas de digitalización de la información pública y aprobar y ejecutar el Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.
Esta ley fortalecerá nuestra democracia, toda vez que es una herramienta para que los ciudadanos puedan estar mejor informados sobre las acciones que realizan los sujetos obligados por esta ley, además que se contemplan sanciones reales ante el incumplimiento de las obligaciones establecidas y será difundido en los portales de obligaciones de transparencia de los Organismos de Transparencia.
