La apertura democrática en México (para legitimar toda manifestación de ideas y doctrinas a través de organismos políticos registrados), no se dio en agosto de 1990 –al ser expedido el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe)–, como erróneamente lo advierten consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), sino durante el régimen presidencial de José López Portillo, al ser creada la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (Loppe) –cuya autoría se atribuye a Jesús Reyes Heroles–, que otorgó legalidad a las fuerzas políticas antes proscritas.
Hacia la segunda mitad de la década de los setentas, el mosaico político sólo contemplaba con registro oficial a los partidos Acción Nacional (PAN), Popular Socialista (PPS), Comunista Mexicano (PCM), Socialista de los Trabajadores (PST) y Revolucionario Institucional (PRI).
Pero con la Loppe otras expresiones alcanzaron el grado de partidos nacionales como el Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Mexicano de los Trabajadores (PMT), al igual que en su oportunidad lo hiciera el Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM).
El reconocimiento oficial a esos membretes, por cierto, mereció la anuencia gubernamental sin ningún problema.
Y es que desde mucho antes de ser creada la Comisión Federal Electoral (1973) –que en poco o nada participó en la redacción de la ley en la materia–, áreas específicas de la Secretaría de Gobernación y la Presidencia de la República se manejaban a su libre arbitrio –por ser las responsables de los procesos comiciales–, otorgándoles registros a las organizaciones afines a ellas pese a que éstas, regularmente, no cubrían los requisitos mínimos exigidos por la misma autoridad gubernamental; y al mismo tiempo ponían trabas a los grupos que consideraban peligrosos.
Es decir, se daba una auténtica simulación democrática, pues en realidad los partidos tenían que mantenerse sujetos a la supervisión gubernamental, que concedía y cancelaba proyectos basado en la conveniencia del sistema.
Ese rosario de membretes sirvió de válvula de escape a miles de mexicanos que empezaban a sufrir el hartazgo y la imposición de un solo partido, ‘el oficial’ –ostentaba el orgullo de ser heredero de la Revolución Mexicana–, aún con toda la manipulación y el control ejercido desde los altos mandos de la estructura gubernamental.
¿Todo sigue igual?
La también llamada ‘primavera política’ –hay teóricos y analistas que insten aún en llamarla así–, que trajo la Loppe, propició que muchos rebeldes que optaron por la vía armada a fin de modificar el status quo, una vez aminorada la represión, pidieran su incorporación a los partidos afines a la ideología que profesaban.
Ello acabó con la distensión del ambiente que privó a lo largo de casi dos décadas en el país, abriendo la posibilidad de que todos los partidos tomaran parte en los procesos electorales y se disputaran el poder en las urnas, aun cuando existieran condiciones limitadas para ello merced al minucioso control político gubernamental, que aún persiste sin que nada lo haya cambiado la alternancia en el poder.
Algunos dirigentes de izquierda y derecha coinciden en señalar que con esa apertura las autoridades pretendían redimir pecados, pero de ninguna manera buscaban compartir en condiciones de equidad y menos abandonar el poder vía las urnas.
De esta forma, los más difíciles conflictos electorales en la época de López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado y Carlos Salinas de Gortari se resolvieron en las oficinas de Gobernación y no en las urnas, como se supone debería ser; y los problemas registrados en los procesos del 2000, 2006 y 2012 tocó sancionarlos al Instituto Federal Electoral (IFE), que tampoco cantaba mal las rancheras en eso del autoritarismo y la parcialidad para inclinar la balanza.
No obstante la aceptación de los partidos bajo el amparo de la ley, el establecimiento de nuevas reglas de participación política y la (cuestionable) autonomía que hoy distingue a los órganos electorales, hay avance democrático.
Pero quizá sólo en la letra, pues en la práctica la legislación vigente mantiene prácticamente amordazada toda expresión político-partidista que no comulgue con el actual señor de Los Pinos.
Y eso que desde 1998 han sido registrados otros partidos, como el de la Revolución Democrática (PRD), Nueva Alianza (Panal), Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC) –antes Convergencia)–, Humanista (PH), Encuentro Social (PES), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y otros.
Elección de Estado
Un comentario harto socorrido en las contiendas políticas más recientes, sobre todo en las de nivel federal, subraya la existencia de una elección de Estado.
Pero más que eso, lo que se quiere denunciar es una serie de problemas que impiden a las instituciones electorales cumplir a cabalidad su encomienda.
Leamos algunos motivos que alientan la hipótesis:
1) Existe la presunción de que los organismos electorales no actúan de manera imparcial y que inclinan su preferencia hacia un segmento de los contendientes;
2) Subyace la idea de que los órganos electorales que se dicen imparciales son una prolongación del gobierno federal, y que por lo tanto defienden a ultranza los intereses que representan; y
3) Se presume que la nueva ley y las modificaciones que se llevan a cabo en materia electoral, tienen por finalidad mejorar y transparentar los procesos electorales, pero los opositores al régimen cuestionan en forma permanente esta circunstancia, ya que afirman que ello se realiza en aras de favorecer al partido que detenta el poder.
Lo señalado es parte de los que algunos políticos manejan como elección de Estado, misma que aparte de lo anterior consiste en utilizar la fuerza del Gobierno Federal y los recursos públicos a favor de los suyos.
Hándicap estatal
Con respecto a Tamaulipas, todas las corrientes antagónicas al tricolor elevan su voz con el propósito de ser escuchadas en sus demandas de imparcialidad electoral; piden que el Gobierno Federal no incida en la contienda actual, a través de sus delegados; y que las visitas que los colaboradores del señor de Los Pinos hagan a esta entidad no estén orientadas a la manipulación ciudadana.
Esto lo han dicho hasta distinguidos militantes priistas, quienes sostienen que en Tamaulipas la oposición pretende sacarle el mayor provecho al proceso que vivimos, pero en las instancias electorales, porque en las urnas, a como se ven las cosas, resultaría casi menos que imposible.
Escuchar para legislar
La falta de información adecuada por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los diez partidos políticos con registro oficial, es causa de que millones de ciudadanos desconozcan en qué consiste la responsabilidad de los legisladores.
Y esto lamentablemente da pie a que en todo proceso comicial surja una pléyade de políticos prometiendo solucionar cuanta demanda social le sea planteada a cambio de su voto.
Lo peor del caso es que la práctica del engaño se mantiene vigente.
No sólo en lo que atañe a los candidatos priistas, pues bien sé que los opositores no cantan mal las rancheras.
De ahí el mérito que tiene Miguel Ángel González Salum al advertir a los ciudadanos del quinto distrito (federal) electoral de Tamaulipas que, en su carácter de aspirante a una curul, recoge y canaliza sus peticiones ante la autoridad respectiva, porque bien entiende su papel de gestor.
Es decir, al pueblo le habla con la verdad.
Actitud que debieran emular el resto de los candidatos tamaulipecos que buscan formar parte del Congreso de la Unión.
Pero hasta ahora no sé de otro candidato, por esta misma localidad, que se atreva.
¿Acaso por temor a ser castigado en las ánforas en junio próximo?
Corrección a tiempo
Durante la charla informal que Alejandro Guevara Cobos sostuvo con un reducido grupo de comunicadores, habló de la petición más nutrida que los habitantes del sexto distrito electoral le han hecho en su largo recorrido: ¡empleos!
–¿Más que solución a la inseguridad pública? –le preguntamos.
A lo que respondió instantáneamente:
–Sí. Una fuente laboral es lo que más demanda nuestra sociedad. Y no sólo en las colonias de los 17 municipios, sino en el campo…
Insistimos:
–¿Por encima de su exigencia a restablecer el clima de seguridad?
–Sí –dijo–, es la principal exigencia.
“Piden empleos para los hijos, el marido, la cuñada, el primo… antes que abordar el tema de inseguridad”, comentó el candidato priista.
Enseguida aclaró: “Yo les he dicho que tomo nota puntual de lo que me dicen y que de inmediato habré de canalizar sus demandas ante las autoridades respectivas, porque mi papel es de gestoría. Sólo eso.
“Busco ser diputado para ser gestor, pero en mis manos no está, por el momento, resolver las necesidades más apremiantes de la población que conforma el sexto distrito, pero sí dar trámite a sus peticiones ante la instancia respectiva; hablo con los alcaldes y les planteo el problema, pero la solución la tienen ellos”.
Esa sinceridad le ha valido a Guevara Cobos incrementar el vasto número de simpatizantes en torno a su proyecto político-electoral inmediato –como no ocurre igual con respecto de sus pares, que hacen campañas mediáticas sin tener contacto directo con la gente–, y por lo mismo se le considera el candidato más fuerte a ganar de calle la curul en juego.
Sobre todo por la organización que exhibe su equipo de campaña, que, en tiempo y forma, cumple hoy una de sus etapas de campaña.
Luego vendrán las otras, también organizando foros para que los ciudadanos del sexto distrito expresen abiertamente sus inquietudes; y la tercera: asumiendo compromisos tangibles para ejecutarlos ya como legislador federal.
Por algo el electorado responde espontáneamente a su llamado.
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