Los candidatos del Partido Acción Nacional (PAN) a las gubernaturas de Querétaro y Baja California Sur podrían haber infringido la ley electoral y en consecuencia ser castigados, de comprobar la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) que, en sus campañas, utilizan dinero de procedencia ilícita.
Para iniciar una investigación a fondo, debe tomarse como punto de partida el video que circula profusamente en las redes sociales.
Ahí se reproduce un diálogo, vía telefónica, entre Francisco ‘Pancho’ Domínguez Servién (Querétaro) y Carlos Mendoza Davis (BCS) donde el primero le comenta a su interlocutor que un empresario, apodado ‘Kors’, lo apoyaría con 30 millones de pesos, que más adelante deberá pagar al son que le toque su financiador.
Basado en ese audio que ha escandalizado por su virulencia, el PRI, a través de su secretario jurídico Sadot Sánchez Carreño presentó (ayer) ante la Fepade una demanda penal en contra de ambos.
Y, en conferencia de prensa, el abogado tricolor adelantó que “a esa denuncia se agregará otra, ante el Instituto Nacional Electoral (INE), para que se inicie el procedimiento sancionador en lo que se refiere a la fiscalización de recursos de los dos candidatos panistas”.
Desde luego esta demanda podría ocasionar que ya desde ahora el proceso electoral presente un alto grado de judicialización, como advierte Sadot, pero es el recurso legal que tienen los partidos y ciudadanos para actuar ante actos como el que protagonizaron los abanderados panistas.
Incluso, debe actuarse por oficio del Ministerio Público.
En su conversación, los candidatos panistas hablan vía telefónica de recibir ‘seis kilos mensuales’ durante cinco meses, que darían un total 30 millones de pesos, presuntamente.
Al respecto, ningún jerarca del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN ha dado la cara.
Transporte público
Con las reformas a la Ley de Transporte, miles de usuarios esperan que ahora sí en verdad los permisionarios cumplan su palabra de ofrecer un mejor servicio y saquen su ‘chatarra’ de circulación; contraten nuevos operadores y amplíen sus rutas.
Sobre todo porque se espera un incremento en las tarifas, que sería un duro golpe a la economía familiar, puesto que con el miserable salario mínimo los usuarios le destinarán más recursos a sus traslados que a su diaria alimentación.
A menos que no salgan de sus hogares. Los paterfamilias a trabajar, como sus hijos mayores en muchos de los casos, o los adolescentes y/o niños hacia (y de regreso a) sus centros educativos.
Sobre todo si consideramos que los salarios mínimos en la zona ‘A’, apenas alcanza los 70.10 pesos, mientras en la zona ‘B’ se sitúa en 68.28.
Casi el equivalente a un kilogramo de huevo, en ambos casos.
Y esto, en términos reales, significa más/menos un cuatro por ciento del aumento salarial otorgado en abril –ése que tanto han cacareado las autoridades–, que por cierto a la nada se reduciría ante el incremento ya esperado para el transporte público colectivo de Tamaulipas.
Aumento cuestionable
El precio de los combustibles es un problema real que nos afecta a todos.
No sólo a los prestadores del servicio público, por lo que hay razón para inconformarse ante la advertencia de que aplicarán nuevas tarifas.
Por ello recapitulo lo siguiente:
La Ley de Transporte Público del Estado de Tamaulipas, permite a los particulares operar y prestar el servicio público, vía concesión en las principales ciudades y/o municipios de la entidad.
Estamos hablando de cerca de 10 mil unidades –obvio, entre taxis, autobuses, microbuses y minibuses–, que diariamente transportan a cientos de miles de pasajeros.
Y hasta eso, ofreciendo un pésimo servicio:
Unidades sucias y malolientes, viejas, deterioradas en su exterior y más en su interior, con neumáticos a punto de estallar y conducidos por individuos groseros que tampoco tienen el mínimo concepto de lo que es la educación vial.
Por si fuera poco, el sonido ensordecedor de su auto estéreos con el que se presentan en mucho contamina el sentido auditivo del receptor –y ¿qué es eso? seguramente se preguntarán tantos ‘cafres’–, aparte de la falta de monedas para ‘feriar’ billetes, es otro problema; y ni qué decir de su ‘gusto’ por poner en riesgo la vida de los pasajeros al conducir sin que se les haya licenciado para ello –es decir, sin contar con licencia para la transportación colectiva–, o su ‘gusto’ para atravesar las unidades en las calles y avenidas impidiendo el paso a los automovilistas y peatones que sí conocen el reglamento vial y lo respetan, como hay centenas en esta urbe.
Y es ahí, precisamente, donde debió empezar la negociación de los legisladores con los permisionarios del transporte público para reformar la ley.
Pero está visto que los concesionarios pudieron más.
Por tanto, si los funcionarios públicos en la materia quisieran, pero en realidad, cumplirle al pueblo tamaulipeco, no les autorizarían a los permisionarios el incremento.
No, sino obligarlos a que en tiempo y forma cumplieran con su parte de renovar el parque vehicular, sacando de circulación tanta ‘chatarra’ y sustituirla con unidades nuevas, seguras y en buen estado mecánico, así como renovar la planta de ‘cafres’ que mantienen a su servicio.
Dirigente rebasado
La ausencia de liderazgo en el membrete albiceleste, al menos aquí en Tamaulipas, alienta una asonada entre su militancia que desde ahora ofrece la apariencia de no estar dispuesta a votar por sus candidatos.
Y es que el pastor albiazul local rehúsa hablar de cara a sus ‘ovejas’ (compañeros, les llaman en la línea progresista de la política mexicana), acerca de la conducta asumida por los candidatos a diputados federales, que sólo acatan las instrucciones de Francisco Javier García Cabeza de Vaca; o, en el mejor de los casos, de su dirigente nacional, Gustavo Enrique Madero Muñoz.
Incluso, sé que César Augusto Verástegui Ostos (el dirigente estatal albiceleste) asoma exceso de confianza al suponer que Acción Nacional tiene la mesa puesta para ganar la totalidad de las curules –sin ofrecer argumentos valederos o pruebas que sustenten su muy particular apreciación–, y se exhibe como un ‘guía político’ desorientado, pues no se puede medir con el mismo rasero la contienda federal próxima pasada con el proceso electoral que está en marcha.
En contraparte y con muy mala leche, algunos de sus aliados han puesto en marcha una campaña de desprestigio en contra del Gobierno estatal como táctica recurrente para calentar los ánimos antes de que se entre de lleno a la fase final de la competencia.
Sin embargo los ejecutores de esa andanada de desprestigio sólo podrían exteriorizar suposiciones sin mostrar evidencias; por no ser congruentes entre lo que dicen y lo que pueden sostener; y por jugar un juego sucio, ya detectado, en su búsqueda de enturbiar el ambiente político-electoral del estado.
En fin, lo cierto es que sus candidatos van en picada.
Se hace camino al andar
*** Las llamadas cajas de ahorro que pululan en toda la entidad y los agiotistas enquistados en los tres niveles de la administración pública, no están exentos de investigaciones judiciales, para determinar hasta dónde han cometido fraudes al no estar debidamente reguladas por la ley.
*** Sobre todo cuando en Tampico fue desarticulada una banda que, bajo el membrete caja popular ‘El paraíso’, robó a 72 ciudadanos por allá en el 2009, bajo el argumento de que sus ahorros les generarían pingües dividendos.
*** La Policía Ministerial tardó un sexenio para hallar a los bandidos, pero al fin lo hizo, por lo cual recomiendo que si Usted es víctima de este tipo de hampones no dude en denunciarlos.
*** Para modernizar el hospital ‘Norberto Treviño’ de Ciudad Victoria se invertirán 99 millones de pesos, contemplándose la construcción de la Unidad de la Mujer, la ampliación y remodelación de la Unidad de Quemados y construcción del estacionamiento.
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