RÍO DE JANEIRO, Brasil.- A menos de dos décadas de instaurarla, Brasil está dando marcha atrás a la reelección.
Parte de la reforma política impulsada por Dilma Rousseff tras obtener un segundo mandato a finales del año pasado, la medida para que Presidentes, Gobernadores y Alcaldes no puedan ser reelectos comenzó ayer a avanzar con rapidez en el Congreso.
Tras una tensa y larga sesión que se prolongó hasta la madrugada de ayer, la Cámara de Diputados también aprobó en primera instancia limitar el financiamiento privado de las campañas electorales.
Esto, luego de revelaciones de que partidos gobernantes se habrían beneficiado de un multimillonario esquema de sobornos en la empresa Petrobras.
Aunque el voto de la Cámara baja es sólo el primer paso de un largo camino para que se concreten las enmiendas constitucionales, la propuesta antireeleccionista -presentada por el pequeño partido opositor Demócratas (DEM)- ya fue respaldada por las tres principales fuerzas políticas del país.
Éstas son el oficialista Partido de los Trabajadores (PT), su aliado Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y el grupo opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
Instaurada en 1997 por el socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso, la reelección de los cargos ejecutivos había sido durante mucho tiempo resistida por el PT y por uno de sus fundadores, el ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien luego hizo uso de ella.
De convertirse en realidad, la medida no afectaría a los Alcaldes elegidos en 2012 ni a los Gobernadores que ganaron su primer mandato en 2014, una concesión que se ofreció para contar con mayor respaldo político.
La enmienda tampoco aplicaría para Rousseff, por encontrarse en su segundo mandato, que termina en diciembre de 2018.
Empero, analistas señalan que los cambios constitucionales no son más que maquillaje.
“Se trata de puras modificaciones cosméticas con objetivos electorales”, advirtió a REFORMA Ricardo Caldas, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Brasilia.
“En la Oposición se teme que vuelva Lula en 2018 y pueda aspirar a otros dos mandatos. Y en el gobierno, ahora debilitado, se teme que en los próximos comicios gane la Oposición y permanezca en el poder por ocho años”, agregó.
El debate sobre la reforma política continuará en estos días con propuestas para ampliar de cuatro a cinco años el mandato de puestos ejecutivos, terminar con el voto obligatorio para personas de entre 18 y 70 años y unificar en el mismo año las elecciones municipales con las regionales y las nacionales.