El gobierno de ENRIQUE PEÑA NIETO canceló por tiempo indefinido la evaluación magisterial, en lo que constituye la autodemolición de uno de sus más importantes proyectos enarbolados desde los tiempos de su campaña.
El anuncio fue hecho a través de la Secretaría de Educación Pública, cuyo titular, EMILIO CHUAYFFET, sólo ha servido para pronunciar discursos floridos, porque en los hechos es un cero a la izquierda dentro del gabinete presidencial. Hasta ahora, todo lo relacionado con los problemas del magisterio se
ha manejado desde la superpoderosa Secretaría de Gobernación.
El argumento para suspender la evaluación fue que han surgido “nuevos elementos a considerar”, una explicación tan abstracta como ininteligible, que choca frontalmente con las reformas constitucionales aprobadas al inicio del sexenio, tanto por el Congreso de la Unión como las legislaturas de los estados.
Fue en diciembre de 2012 cuando PEÑA NIETO propuso la evaluación magisterial como un medio para evitar que el ingreso, la permanencia y el ascenso de personal dentro del sistema educativo quedara a merced de criterios discrecionales, en clara referencia a que entonces la disposición de plazas y el escalafón era manejado por los líderes sindicales.
La ciudadanía saludó con entusiasmo la medida, pues de todos es conocida la mediocridad de la educación en México, a la que organismos internacionales conceden un pobre desempeño. Como complemento, este de tipo político, se hizo encarcelar a la entonces poderosa líder ELBA ESTHER GORDILLO.
Pero hete aquí que a pesar de las reiteradas afirmaciones de que “no habría marcha atrás”, en días recientes se dio a conocer la cancelación del programa de evaluación a los maestros.
Y todo parece indicar que el gobierno peñista dio marcha atrás bajo la intimidación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que se ha convertido en la agrupación sindical más violenta e intransigente y que amenazó con boicotear los comicios del próximo domingo si no se cumplen sus demandas.
Y como seña de su amenaza, ha realizado actos vandálicos en estados como Guerrero, Chiapas, Michoacán, Veracruz y Puebla e incluso sus huestes han destruido material electoral y hasta obligaron, imagínese usted, a fuerzas militares a abandonar una representación del INE.
A todo esto, ¿cuál ha sido la reacción oficial? Pues simplemente la pasividad.
No hace mucho, hubo en un estadio de futbol de Guadalajara un hecho de violencia que puso en peligro a muchos aficionados. De inmediato se identificó a los promotores de los altercados y fueron enviados a prisión condicionando su libertad a fianzas de un ¡millón de pesos¡ Ah pero ahí se trataba de proteger un jugoso negocio, cuyos usufructuarios quieren precedentes que les impidan perder dinero.
¿Y entonces por qué a los vándalos de la CNTE que atentan contra la tranquilidad nacional, socavan las instituciones y se burlan de sus conciudadanos no sólo no se les combate con la ley en la mano sino que hasta les pagan sus salarios puntualmente?
¿Se sentirá el gobierno tan débil que con una simple torcedura de brazo no titubea en dar marcha atrás a una reforma vital para las nuevas generaciones?
Que alguien lo explique.