Cada día se acumulan más firmas en Nuevo León que piden al presidente Enrique Peña Nieto que abra una investigación penal en contra del gobernador Rodrigo Medina y su familia por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. El Congreso Nacional Ciudadano, la organización no gubernamental que encabeza la protesta, lleva casi 20 mil acumuladas al calce de una denuncia penal que van a presentar en la PGR. El abuso del gobernador al permitir a su padre, Humberto Medina Ainslie, inmiscuirse en los dineros del erario y en la adjudicación de contratos, fue castigado en las urnas el 7 de junio, pero no va a parar ahí. El presidente tendrá que evaluar si procede penalmente contra los Medina, o permite que el gobernador independiente, Jaime Rodríguez, “El Bronco”, lo haga y capitalice ese acto contra la corrupción.
El gobernador Medina está pagando el solapamiento de abusos y tráfico de influencia que le permitió a su padre, que fue insaciable. Medina Ainslie tiene una notaría en la pudiente colonia del Valle, en el municipio de mayor ingreso per cápita en el país, San Pedro Garza García, que se la dio el gobernador Natividad González Parás, de quien fue consejero jurídico, semanas antes de entregar el poder a Rodrigo Medina. Ese fue su centro de operaciones para desatar, desde los primeros días del gobierno de su hijo, las arbitrariedades que hoy le pueden costar la libertad a él y al gobernador.
Los ejemplos abundan. Los empresarios neoleoneses cuentan que los problemas fueron desde el principio. En los primeros meses del gobierno de Medina, cuando a una de las empresas más importantes del país que cada año, desde hace 30 era proveedor del gobierno, le suspendieron el contrato. Para renovarlo, Medina Ainslie pedía una comisión de 20% a la empresa. Representantes del Grupo de los 10, la cúpula empresarial regiomontana, lo acusaron con su padre el gobernador. El contrato se restableció en los términos de la ley, sin que se le diera a su padre la suculenta comisión.
Otra historia, en plena campaña electoral –lo que refleja la impunidad y el cinismo con la que se hacen las cosas en la familia de Medina-, tiene que ver con el acueducto Monterrey IV, una obra por la cual la dependencia estatal Servicios de Agua y Drenaje pagará mensualmente 125 millones de pesos durante 27 años, cuya licitación ganó el Grupo Higa, de alto renombre hoy en día por ser la que realizó las operaciones inmobiliarias para la compra de las casas de la esposa del presidente en la ciudad de México, y del secretario de Hacienda, en Malinalco.
En paralelo, el gobernador Medina dijo en las más altas esferas de poder en la ciudad de México que si no cancelaba la obra, o se retiraba a Grupo Higa de la construcción, perdería la elección para la gubernatura. Lo que no había dicho es lo que había hecho su padre. Medina Ainslie, de acuerdo con los empresarios neoleoneses, se acercó a una de las grandes constructoras regiomontanas y le propuso quitarle a Higa su parte del contrato –alrededor de un 60% del total-, para quedarse con él. No se sabe cuánto sería la comisión para el padre del gobernador, pero no dejaba licitación en la cual se involucrara, por menos de 18%. Grupo Higa es de un muy viejo amigo del presidente, Juan Armando Hinojosa, lo que no detuvo al gobernador para timar a todos en Los Pinos, en beneficio de su padre.
La ambición de Medina Ainslie fue tierra fértil en el solapamiento de su hijo, que como gobernador se le subordinó. Sólo en el primer tercio de su administración, cuando estaba enfrentado a los empresarios, lo sacó del país, pero a los seis meses regresó. Funcionarios federales afirman que existe una investigación en la PGR en contra de Medina Ainslie por enriquecimiento inexplicable, por lo que el camino para iniciar un proceso en su contra ya empezó. Sin embargo, no va a ser suficiente. El padre no pudo haber hecho lo que hizo de no contar con la complicidad de su hijo el gobernador. No se puede hablar de omisión –que de sí sería grave-, sino de comisión, al existir informaciones de cómo el mismo gobernador pedía citas para él a fin de que escucharan sus propuestas.
Las circunstancias en las cuales terminó la contienda para gobernador en Nuevo León cambian por completo los escenarios hacia delante. La derrota alejaba a Medina del gabinete y rompía con sus aspiraciones presidenciales. Pero la forma como los neoleoneses votaron de castigo en su contra, debe llevar al presidente a considerar cuál debe ser el futuro legal del gobernador. Si el gobierno no actúa en contra de Medina, o cuando menos inicia el proceso contra el gobernador y se busca su desafuero, dejará la iniciativa a “El Bronco”. Si es así, el mensaje será que sólo los candidatos independientes luchan contra la corrupción y la impunidad y sentará un precedente importante para 2018.
¿Dejará el presidente que sea el nuevo gobernador el que empiece la limpia en Nuevo León? En octubre será el relevo del mando estatal. La decisión de Peña Nieto, cualquiera que ésta sea, no puede esperar. Un candidato independiente que comience con acciones decisivas para restaurar la integridad al gobierno, puede ser una bandera muy persuasiva para todos en tres años. Esto es algo que no podrá soslayar.
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