El domingo pasado el INE terminó el cómputo de las elecciones federales del 7 de junio. Quedaron asentados en sus actas respectivas los resultados de las elecciones en cada uno de los 300 distritos y de las 5 circunscripciones de representación proporcional. Estos aún no son los resultados definitivos. El INE ha hablado, pero falta escuchar la voz del TEPJF, que tiene la última palabra.
El TEPJF deberá resolver los recursos de inconformidad en contra de los cómputos realizados por los consejos distritales del INE y pronunciarse sobre la validez de las elecciones. Los primeros quedarán resueltos a más tardar el 3 de agosto. Los segundos podrían tardar un par de semanas más. Sólo entonces conoceremos las cifras definitivas de los resultados electorales y de la integración de la Cámara de Diputados.
Mientras tanto, ¿qué sigue para el INE? Queda por concluir el trabajo de fiscalización de las campañas. En primer lugar, el INE tendrá que pronunciarse sobre la licitud de los ingresos y gastos de las campañas. En segundo lugar, dado que el Partido Humanista (PH) y el Partido Trabajo (PT) obtuvieron menos del 3% de la votación válida, el INE debe prepararlos para su eventual liquidación, en caso de que tras las resoluciones del TEPJF se confirmara este resultado.
Por lo que respecta a la fiscalización de las campañas, el INE tiene por delante la tarea de revisar los ingresos y gastos de cerca de 13 mil campañas, incluidas las de 77 candidatos a gobernador, 2 mil 700 candidatos a diputado federal, 3 mil candidatos a diputado local y 6 mil 500 candidatos a alcaldes. El INE se encuentra ya en la última etapa de la fiscalización. Ha revisado las operaciones registradas en línea por los partidos y candidatos independientes, así como sus informes.
Durante esta semana terminará de entregarles las observaciones resultantes de la revisión. Y ya con las respuestas de los partidos y candidatos independientes, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE elaborará el dictamen consolidado y las resoluciones —el documento donde quedan asentados los resultados de sus auditorías— y lo entregará para su revisión a la Comisión de Fiscalización. El plazo para que el Consejo General se pronuncie sobre los resultados de la fiscalización de las campañas pasadas vence el 13 de julio, justo a tiempo para que los tribunales electorales valoren sus hallazgos antes de pronunciarse sobre la validez de una elección.
Por lo que concierne a los partidos que obtuvieron menos de 3% de la votación, la Comisión de Fiscalización ha seleccionado ya a los dos interventores que asumirán el control de los activos y la supervisión de los gastos tanto del PH como del PT. En tanto el TEPJF resuelve los recursos de inconformidad y el INE se pronuncia sobre la cancelación del registro, el papel de los interventores es proteger los bienes muebles e inmuebles que integren el patrimonio de estos partidos. Si como resultado de la resolución de los juicios de inconformidad, alguno de ellos llegara alcanzar el 3% de la votación válida, el partido volvería a asumir el control de sus finanzas. De lo contrario, el interventor procedería a la liquidación del partido. Al igual que una empresa en concurso mercantil, se utilizarían sus activos para liquidar sus deudas y obligaciones de carácter laboral, fiscal y mercantil. Los activos netos resultantes se restituirían a la Tesorería de la Federación.
En suma, aunque las elecciones y el cómputo de los votos han quedado atrás, la historia del proceso electoral 2014-2015 está aún por escribirse. El proceso electoral y las tareas del INE al respecto aún no han concluido. En las próximas semanas, conoceremos el desenlace de uno de los capítulos más importantes, el de la fiscalización.
