De todos los grandes males que aquejan a nuestro país, tal vez el más costoso sea el de la impunidad.
A fuerza de repetición, la estadística ya dejó de indignar y asombrar, pero no deja de ser trágica: de acuerdo con varias fuentes en México, 9 de cada 10 delitos quedan sin castigar (el Tec de Monterrey habla de 98.5% de impunidad). Esto significa que en nuestro país el que “la hace” simple y sencillamente “no la paga”.
¿Qué implicaciones tiene esto?
En primer lugar, implicaciones económicas. En efecto, la corrupción y la impunidad traen costos a la economía, pues en países con altos niveles de corrupción, la llegada de inversiones disminuye hasta 5 por ciento. Estos males generan pérdidas de 5 por ciento a las ganancias de las empresas, le restan al crecimiento económico entre 2 y 10 puntos.
En segundo lugar, implicaciones políticas. La corrupción y la impunidad erosionan la confianza de la sociedad en sus instituciones públicas y de representación. Cuando los ciudadanos consideran que deshonestidad y política son sinónimos, la democracia padece las consecuencias.
En tercer lugar, implicaciones sociales. Un caso ejemplar de impunidad son los paros de labores de la CNTE. Los maestros no trabajan, pero siguen cobrando salarios. Desde el 1 de junio, cuando suspendieron el año lectivo, hasta el día de hoy, los más de 90 mil integrantes de la sección 22 han recibido 453 mil 230 pesos por conceptos de sus salarios. Poco les importó dejar sin clases a 1 millón 300 mil alumnos. Todo un caso de recursos públicos desviados para beneficio privado, con un costo social enorme.
¿Qué se puede hacer ante un reto de esta magnitud?
Uno, la reforma al sistema de justicia penal. Es fundamental que esta reforma sea aplicada con voluntad política por todas las partes. En especial, jueces, magistrados y ministros tienen una responsabilidad clave para que la reforma construya un sistema de justicia eficaz. No basta con oír los alegatos de la defensa, sino realmente medir las repercusiones de liberar a un criminal. Se trata de hacer justicia a las víctimas, no de aprovechar resquicios o fundamentos legaloides que fomentan la impunidad, que tiene su origen, muchas veces, en malas averiguaciones previas.
Dos, la reforma que crea el Sistema Nacional Anticorrupción. Es fundamental que cuente con la ley secundaria necesaria para entrar plenamente en vigor. La sociedad espera que esta reforma no se quede en el papel.
Tres, el cambio en la sociedad. Tenemos que impulsar un cambio de paradigma que deje de considerar la riqueza sin trabajo algo deseable. Comprobado está que si un ladrón comete un leve robo y queda impune, su carrera criminal seguirá evolucionando. Ningún criminal empieza por arriba, la impunidad lo asciende a los crímenes más cruentos.
La impunidad de los grandes transas de México tiene un sólido cimiento jurídico y el Sistema Nacional Anticorrupción aún está en pañales. Por eso, tenemos que alcanzar altos niveles de investigación, control, y métricas en todos los elementos que componen los sistemas de gobierno, empresas y elementos económicos en general, para realmente castigar a los criminales, extorsionadores, corruptos y demás agentes que viven del sistema parasitario que tanto afecta al país. México necesita romper con este círculo: corrupción, impunidad, más distancia entre poderosos y pobres, más cinismo, más impunidad.
La sociedad justa no está en la ideología comunista o socialista, pero tampoco en el imperialismo capitalista. La solución está en la meritocracia que produce el trabajo honesto, la educación tanto cultural como moral y la creación de un sistema que brinde a todos las mismas oportunidades. La impunidad es, en suma, el enemigo a vencer.
