CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- En Tamaulipas se gasta 138 pesos en justicia por cada habitante, en tanto que el costo económico medio por sentencia alcanza casi los 16 mil pesos y sólo se cuenta con de 3.5 juzgados por cada 100 mil habitantes.
Así aparece en los resultados del estudio de los Indicadores que realiza el Poder Judicial en torno al Derecho a Juicio Justo, realizado por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en evento realizado en las instalaciones del Consejo de la Judicatura del estado.
El acto fue encabezado por el magistrado presidente del PJE, Armando Villanueva Mendoza, así como Jesús Peña Palacios, representante Adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La evaluación se realiza conforme a la metodología del organismo internacional y a través de 103 indicadores identificados dentro de la labor que le compete a la judicatura estatal, la cual de forma general registra avances significativos que confirman la vigilancia y protección de los derechos de los justiciables en el estado.
En dicho estudio se detalló que de los casos 487 millones de pesos ejercidos en el 2014, el Poder Judicial destina casi el 86 por ciento a gasto corriente (Sueldos, indemnizaciones, entre otros).
Ese año fueron capacitados 474 servidores públicos y funcionarios del STJE, lo que destaca la importancia en respeto a las garantías de los justiciables.
De igual forma se informó que por cada 100 mil habitantes se radicaron 388 expedientes y solo en materia civil hubo una variación decreciente, justificado por el incremento en la densidad poblacional.
El Poder Judicial en la entidad tiene un promedio de 119 días de duración en los juicios en materias civil, penal y familiar. Asegura el estudio que el 99.5 por ciento de los asuntos se atendieron dentro de los periodos procesales.
No obstante, que el Poder Judicial de Tamaulipas se ubica en el lugar 17 de los estados del país con un presupuesto por debajo de la media nacional, aseguró el Representante de la ONU en Derechos Humanos, que la carencia de recursos suficientes no es impedimento para otorgar el servicio adecuado a la sociedad.
«Indudablemente al contar con recursos económicos humanos de conocimientos son factores que inciden a través de los indicadores, uno puede ver cuál es la relevancia de ese factor no necesariamente más dinero puede llevar a un mejor nivel de eficacia», enfatizó.
Destacó que existen importantes áreas de oportunidad para que el PJE mejore los indicadores sobre todo en los llamados errores judiciales, donde la falta de una justa valoración de pruebas puede provocar injusticia, por citar un caso.
En conferencia de prensa, Peña Palacios rechazó que la protección de derechos humanos sea proteccionista de delincuentes, como lo percibe parte de la población.
«Los derechos humanos son para todos y para todas, no es que sean sólo para un sector de la sociedad, por lo tanto aquellas personas que se les señale un delito, por muy grave que pueda ser ese delito, toda persona debe de gozar de unas garantías en la sustentación de un proceso judicial», explicó.
Por su parte, Villanueva Mendoza destacó la importancia de la evaluación, “nos ha permitido establecer parámetros destinados a medir cuantitativa y cualitativamente las condiciones que prioricen el respeto a los derechos del justiciable en el entorno de todas las áreas jurisdiccionales de esta Judicatura, para el desarrollo de un juicio que se caracterice por ser justo en su total dimensión”.
