Cuando en el 2007 Felipe Calderón sacó a los militares a las calles para encargarse de la seguridad cotidiana, muchas voces alertaron sobre el peligro que eso implicaba.
Aunque pudiera alegarse que era necesario ante el nivel de infiltración del crimen en las policías de todo el país, lo cierto era que la decisión presidencial conllevaba un inevitable proceso de desgaste para las fuerzas armadas.
La razón es sencilla y no fueron pocos los militares que también la esgrimieron, aunque al final cumplieron con las órdenes: los soldados no están capacitados para las tareas que vienen desempeñando desde hace años.
Eso es algo evidente en la mayoría de las ciudades del país.
Recientemente, en una entrevista concedida a El Universal, el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, reconoció que no les gusta “hacerla de policías”.
Por mucho tiempo el Ejército se posicionó como una de las instituciones que hasta hace poco gozaban de mayor confianza por parte de la ciudadanía; muy por encima de las policías, las autoridades civiles, por no mencionar siquiera a los legisladores, ubicados en el sótano de los rankings. Y no es su culpa.
El problema es que empieza a cumplirse el vaticinio de aquel no tan lejano 2007: las fuerzas armadas mexicanas han entrado en un proceso de desgaste que –hay que decirlo- se ha acelerado en los últimos meses.
El caso de Tlatlaya o el mismo Iguala, donde todavía quedan dudas sobre su actuación la noche de la masacre, fueron el inicio de una grave crisis que, entre otras cosas, originó fuerte tensión entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno Mexicano.
Y el mes de julio parece traer una segunda temporada negra para el Ejército Mexicano.
Apenas ayer, la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que hay “indicios de una probable participación militar” en la ejecución de siete jóvenes en el municipio de Calera, Zacatecas.
El 7 de julio fueron “levantados” en una vivienda, y días después aparecieron cuatro de los cuerpos.
Testigos señalan directamente a efectivos del Ejército como los responsables.
Y el domingo, otros soldados protagonizaron un confuso episodio de violencia en Michoacán, en el que murió un niño de 12 años, y una pequeña de 6.
Según los reportes publicados por la prensa nacional, recogidos en el municipio de Aquila, elementos del Ejército Mexicano abrieron fuego contra pobladores de la comunidad de Ostula, quienes trataban de evitar la aprehensión de Cemeí Verdía, el líder de las autodefensas en ese lugar.
A esta historia, claro, le faltan muchos detalles para poder entenderla a cabalidad, pero si es cierta al menos una parte del relato, estamos ante el nacimiento de otro escándalo que golpea directamente a la credibilidad de las fuerzas armadas.
Ya son muchos.
Y por más que esta tendencia negativa haya iniciado en otra administración, el Gobierno federal tiene la obligación de detenerla.
