MÉXICO, D.F.- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, aseguró que la violencia de los últimos 10 años ha ocasionado, entre otros problemas, la desaparición de personas que no han sido identificadas, ni cuantificadas y a las que, en consecuencia, no se ha buscado debidamente.
“No podemos establecer acciones integrales y coordinadas de búsqueda ni estamos en la posibilidad de que se deslinden las responsabilidades correspondientes en cada caso si no contamos con información real y objetiva –-integrada conforme a estándares internacionales— que nos permita distinguir los casos que, efectivamente, impliquen una desaparición forzada de aquellos que están vinculados a la delincuencia organizada o que responden a otras causas”, abundó.
De ahí urgió a concretar de manera efectiva la emisión de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, así como la creación de dos sistemas nacionales de Búsqueda de Personas no Localizadas y de Información Genética.
Al dictar la conferencia Retos y Perspectivas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el marco de “Tercer Ciclo de Conferencias Los Derechos Humanos Hoy”, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México, González Pérez subrayó que entre las principales violaciones a derechos humanos están la tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, tratos crueles, inhumanos y degradantes, libertad de expresión, salud y educación.
Asimismo, precisó que las mujeres y niñas, personas privadas de su libertad, pueblos indígenas, población afrodescendiente, diversidad sexual, migrantes, personas con discapacidad y desplazados por la violencia son sectores que requieren mención específica por su particular estado de vulnerabilidad frente a las violaciones a los derechos humanos.
En el Palacio de la Antigua Escuela de Medicina, el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aseguró que la vigencia plena de los derechos humanos es una ruta compleja, cuya dificultad se ha agravado por el contexto social que vive nuestro país al enfrentar problemas como la inseguridad, pobreza, exclusión, desigualdad e insuficiente crecimiento económico.
En materia de seguridad, dijo que los hechos acontecidos en Iguala. Guerrero, han puesto a prueba la viabilidad de la reforma en derechos humanos.
“La gravedad y trascendencia de las imputaciones que se formulan como consecuencia de estos hechos –afirmó-, demanda que las investigaciones se hagan con la mayor celeridad posible, sin que ello afecte la seriedad y responsabilidad que el caso amerite”.
Añadió que tan grave es que la omisión o la indolencia en las investigaciones propicien que estos hechos queden impunes, como que la premura e improvisación en la realización de las mismas llegue a conclusiones que no estén sólidamente sustentadas en las evidencias y elementos que obran en los expedientes respectivos, lo cual también genera impunidad.
