El informe de una comisión investigadora internacional sobre los hechos ocurridos en Iguala, en el estado de Guerrero, que derivó en la muerte de varios estudiantes normalistas y la desaparición de otros 43, echó por tierra la versión oficial de que estos últimos fueron incinerados en un basurero y abre serias interrogantes sobre lo que realmente aconteció, el destino que tuvieron los jóvenes y qué papel jugaron las fuerzas de seguridad municipales, estatales y federales en los trágicos sucesos.
Aquella “verdad histórica” presentada ante la opinión pública por el entonces procurador general de la república, JESÚS MURILLO KARAM, que supuestamente describía lo que aconteció ese día aciago, fue virtualmente pisoteada por dictámenes de peritos de varias nacionalidades que aseguran que científicamente es imposible considerar que los cuerpos de los estudiantes hayan sido incinerados en un basurero y que se encontraron nuevas líneas de investigación de que hubo intervención del narcotráfico en los hechos, algo que la fiscalía federal habría tratado de ocultar por razones desconocidas.
Esto es para pasmarse. ¿Cómo es posible que una autoridad que se supone cuenta con todos los elementos técnicos y financieros para aclarar delitos de alta magnitud que atentan contra la vida social del país, resulte finalmente incompetente para cumplir una misión en la cual estaba comprometida la mismísima palabra presidencial en el sentido de que se actuaría hasta las últimas consecuencias?
En el reporte de los investigadores independientes se menciona que posiblemente los autobuses que circunstancialmente secuestraron los estudiantes para movilizarse estaban cargados de droga y ello dio pie a una acción severamente violenta para impedir que las unidades con la mercancía salieran de la ciudad donde se generaron los acontecimientos, misma en la que habrían participados fuerzas policiales coludidas con la delincuencia.
¿Por qué en las indagatorias se trató de minimizar la existencia de un autobús cuyo movimiento habría detonado el ataque armado contra los jóvenes?
De las conclusiones del grupo de derechos humanos se desprende que hubo serias omisiones en la investigación de la PGR, lo que ha impedido establecer con claridad que ocurrió con los normalistas supuestamente incinerados y cuyos familiares llevan meses pidiendo justicia.
Todo esto, a querer o no, es un nuevo problema que le rebota al presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, pues la Procuraduría General de la República es una dependencia del ejecutivo cuyo titular es designado precisamente por él, como fue el caso de MURILLO KARAM. Además, su conformidad tácita sobre el informe oficial, que en ningún momento contradijo ni expresó la mínima duda sobre su confección, le adjudica responsabilidad solidaria respecto de las irregularidades detectadas.
Tras las nuevas revelaciones, el primer mandatario aceptó reunirse con los padres de los desaparecidos. ¿Para qué, para decirles nuevamente que se actuará hasta las últimas consecuencias en una dramática masacre que conmovió al país y al escenario internacional y que es una grave herida en el acontecer nacional cuyo tranquilo desenvolvimiento es de su entera responsabilidad?
Estos yerros legales se suman a las sospechas que rodean a la también escandalosa fuga del “Chapo” Guzmán donde evidentemente hubo otra grave falla de uno de sus colaboradores cercanos de nombramiento presidencial directo, el secretario de Gobernación, MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, bajo cuya responsabilidad están el control y administración de las cárceles federales. Allí también PEÑA NIETO se había comprometido a que el “capo” no volvería a escapar, cosa de la cuál este no se dio por enterado.
No estamos ante temas superficiales. Se trata de serias fallas gubernamentales que involucran a altos funcionarios y que ponen en tela de juicio la eficiencia para cumplir las tareas que legalmente tienen asignadas. MURILLO KARAM ya está fuera de la PGR, pero ha quedado manchado política y profesionalmente por la duda sobre su actuación. Pero no creemos que se le llame a cuentas.
Pero aguas, que al actual gobierno federal se le viene encima otra tormenta con motivo de los severos recortes presupuestales que incidirán en las participaciones a los estados y municipios, limitando con ello sus acciones en beneficio de la sociedad. PEÑA NIETO ya no siente lo duro, sino lo tupido.
Por otro lado, las cuestiones políticas en Tamaulipas como que ya se están volviendo aburridas y la imagen de los principales aspirantes a los puestos de elección popular que estarán en juego el año próximo, entre ellos la gubernatura, se están deslavando en su mayoría. Veamos.
MARCO ANTONIO BERNAL GUTIÉRREZ, que aspira a despachar en el palacio de gobierno, ha sido uno de los más protagónicos en la búsqueda de la estafeta tricolor. En víspera de concluir su gestión como diputado federal, anduvo rindiendo miniinformes en varias ciudades de la entidad sin despertar mayor entusiasmo. Va a cuanto acto público puede pero se pierde entre la concurrencia.
Otro acelerado es ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO que sueña con ser gobernador pero que en opinión de no pocos tamaulipecos su único activo político es el nombre y el apellido además de su sobada frase “el que pregunta no se equivoca”.
Lo más rescatable en la lista de los aspirantes a suceder a EGIDIO TORRE CANTÚ, es el alcalde de Ciudad Victoria, ALEJANDRO ETIENNE LLANO, un prestigiado jurisconsulto con una clara visión del estado de derecho y que al frente del ayuntamiento de la cueruda población ha demostrado también una notable eficiencia.
Este domingo rendirá su segundo informe de trabajo el alcalde de Altamira, ARMANDO LÓPEZ FLORES, tras de que sus homólogos de Tampico y Ciudad Madero, GUSTAVO TORRES SALINAS y MARIO NERI CASTILLA lo hicieron existosamente.
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