Distintos grupos negociarían la candidatura gubernamental del PRI
El descarte podría empezar esta misma semana, hasta quedar tres
La ‘apertura democrática’ de hoy, les pone trabas a independientes
La inseguridad pública es un problema no resuelto por la Federación
Definir la candidatura gubernamental en Tamaulipas, al tricolor podría complicársele, ya que en el hándicap interpartidista participan corceles plenamente identificados con grupos políticos antagónicos, pero harto cercanos al señor de Los Pinos.
De ahí que el alto mando priista obligado esté a reconsiderar con quiénes debe negociar el tan esperado destape oficial, a fin de iniciar el descarte paulatino de los diez aspirantes (aún con vida) que son:
1) Alejandro Etienne Llano (alcalde de Victoria), cuya pertenencia de grupo está ligada al gobernador Egidio Torre Cantú;
2) Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa (diputado federal), con innegables relaciones en la Ciudad de México –léanse Enrique Peña Nieto, Enrique Martínez y Martínez, Luis Videgaray Caso y César Octavio Camacho Quiroz–, quien aparece en las encuestas como uno de los favoritos;
3) Edgardo Melhem Salinas (diputado federal y coordinador de la fracción parlamentaria tamaulipeca), quien goza de la estima de Rosario Robles Berlanga (la secretaria federal de Desarrollo Social) y logró una de las cinco victorias más contundentes en el país, en el proceso comicial que nos antecede;
4) Enrique Cárdenas del Avellano, quien fue de los primeros en haberse quitado la capucha, en su calidad de heredero del grupo que siempre se la ha jugado con su padre, el ex gobernador;
5) José Elías Leal (presidente municipal de Reynosa), también surge como aliado del mandatario. Ha hecho un buen papel en el ayuntamiento y tiene experiencia en las lides electorales, así como en la batalla contra falsos mesías como el senador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
6) Luis Alejandro Guevara Cobos (diputado federal), conserva cercanía con el jefe del Ejecutivo federal –fue su jefe de giras–, y es bien visto por el Ejército, lo que me lleva a suponer que tiene experiencia, o al menos asesoría privilegiada, para combatir uno de los cánceres que más dañan a la sociedad: la inseguridad pública;
7) Marco Antonio Bernal Gutiérrez, al que mucho anima el sonorense Manlio Fabio Beltrones Rivera –el pastor tricolor–, se mueve con cautela pero sin quitar el dedo del renglón en su proyecto;
8) Mercedes del Carmen Guillén Vicente (diputada federal), acata la línea del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, siendo ahí, precisamente, donde finca su proyecto de ser gobernadora; además es la única mujer que pelearía el derecho;
9) Miguel Ángel González Salum –diputado federal por segunda ocasión–, está ligado estrechamente con el ex gobernador Eugenio Hernández Flores; y
10) Ramiro Ramos Salinas –presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal–, quien a la vista sólo obedece a un patrón, al que debe lealtad, su posición y promoción política inmediata, que es el Gobernador.
Factores de decisión
A diferencia de otros procesos selectivos en esta ocasión el candidato tricolor surgiría de un proceso atípico, aun cuando los aspirantes reclamaren derechos amparados en su trayectoria política.
Esto mismo me lleva suponer que los factores de decisión serían:
a) El voto del señor de Los Pinos;
b) El voto y el veto del Gobernador;
c) Los resultados que arrojen las encuestas levantadas ex profeso;
d) El comportamiento de los aspirantes durante su carrera político-partidista;
e) Una investigación para determinar si mantienen o no vínculos con grupos delincuenciales; y
f) El resultado de una compulsa para acreditar el origen de su dinero y/o patrimonio.
Nulidad de control
Pretender (a estas alturas) detener el rejuego interpartidista de la sucesión, es harto difícil. Sobre todo porque hay actores involucrados que no están dispuestos a acatar las directrices de sus dirigencia –entiéndase, la línea marcada–, en virtud de que saben que la decisión no les favorecería.
Y bajo esa tesitura, precisamente, de la calentura ya se pasa a una actitud febril.
Así que, ¡cuidado con el desbordamiento de pasiones!
Aspirantes obtusos
La retahíla de nombres que hacia el interior y fuera del PRI se maneja para de ahí seleccionar candidatos a los 43 ayuntamientos y diputados, con relación al proceso estatal, evidencia la amenaza de un sainete interpartidista de pronóstico reservado.
Sin embargo, quienes aspiran ser considerados los prospectos más viables para la nominación obligados están (por convicción propia o falsa disciplina) a bailar al son que les toque su líder político.
Es decir, el Gobernador.
De otra forma tendrían que buscar alternativas fuera de la entidad –si acaso lograran comprobar su residencia y ser aceptados por quienes los considerarían extraterrestres–; y, en lo que toca a los más rebeldes e indisciplinados, en membretes opositores al Revolucionario Institucional, pues sólo en mentes obtusas cabe la presunción de que con, sin y a pesar del mandatario estatal podrían acceder a las posiciones en disputa.
No obstante hay priistas domésticos que insisten en moverse allá en la Ciudad de México buscando la tutela de Manlio Fabio Beltrones Rivera, al creer que éste por el simple hecho de presidir el Comité Ejecutivo Nacional del tricolor, es quien determinaría las candidaturas, pues su insensibilidad no les permite entender que lo que el sonorense requiere, hoy por hoy, es la coincidencia con el jefe político tamaulipeco, ya que él no está en condiciones de imponer ni exigir nada.
Las desavenencias
Sobre el mismo tema, es evidente que la situación se ha tornado más ríspida conforme transcurren los días, merced al nivel que (ya) alcanzan las desavenencias entre los aspirantes que se mueven en la geografía tamaulipeca.
Rafael González Benavides mantiene su postura de no adelantar vísperas y esperar los tiempos para entrar de lleno al tema.
Pero mientras en el alto mando tricolor busca meter orden en este hándicap, los aspirantes se conducen como mejor les viene en gana y nada parece importunar sus ansias de hacer proselitismo.
Menos sus dichos y actuares.
No obstante que habitualmente lo declarado y sus desplantes causen malestar entre ellos mismos, hasta el grado de que muchos de los oportunistas que los acompañan en su aventura alienten el encono, le apuesten a un ‘choque de trenes’ y magnifiquen la disputa.
Democracia a medias
Cuando falta poco más de un mes para iniciar las precampañas, ya de manera oficial, el Instituto Nacional Electoral (INE), tanto como los 13 organismos locales involucrados en las contiendas de corte
estatal, se han dado a la tarea de divulgar que el nuevo Código en la materia hoy si permitirá privilegiar la democracia en la elección de gobernadores, ayuntamientos y congresos.
¿Acaso no se supone que siempre fue así?
Por eso considero pertinente aclarar que la apertura democrática en México (para legitimar toda manifestación de ideas y doctrinas a través de organismos políticos registrados), no se dio en agosto de 1990 –al ser expedido el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe)–, como erróneamente lo advierten consejeros del (INE), sino durante el régimen presidencial de José López Portillo, al ser creada la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (Loppe) –cuya autoría se atribuye a Jesús Reyes Heroles–, que otorgó legalidad a las fuerzas políticas antes proscritas.
Hacia la segunda mitad de la década de los setentas, el mosaico político sólo contemplaba con registro oficial a los partidos Acción Nacional (PAN), Popular Socialista (PPS), Comunista Mexicano (PCM), Socialista de los Trabajadores (PST) y Revolucionario Institucional (PRI).
Pero con la Loppe otras expresiones alcanzaron el grado de partidos nacionales como el Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Mexicano de los Trabajadores (PMT), al igual que en su oportunidad lo hiciera el Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM).
El reconocimiento oficial a esos membretes, por cierto, mereció la anuencia gubernamental sin ningún problema.
Y es que desde mucho antes de ser creada la Comisión Federal Electoral (1973) –que en poco o nada participó en la redacción de la ley en la materia–, áreas específicas de la Secretaría de Gobernación y la Presidencia de la República se manejaban a su libre arbitrio –por ser las responsables de los procesos comiciales–, otorgándoles registros a las organizaciones afines a ellas pese a que éstas, regularmente, no cubrían los requisitos mínimos exigidos por la misma autoridad gubernamental; y al mismo tiempo ponían trabas a los grupos que consideraban peligrosos.
Es decir, se daba una auténtica simulación democrática, pues en realidad los partidos tenían que mantenerse sujetos a la supervisión gubernamental, que concedía y cancelaba proyectos basado en la conveniencia del sistema.
Ese rosario de membretes sirvió de válvula de escape a miles de mexicanos que empezaban a sufrir el hartazgo y la imposición de un solo partido, ‘el oficial’ –ostentaba el orgullo de ser heredero de la Revolución Mexicana–, aún con toda la manipulación y el control ejercido desde los altos mandos de la estructura gubernamental.
¿Todo sigue igual?
La también llamada ‘primavera política’ –hay teóricos y analistas que insten aún en llamarla así–, que trajo la Loppe, propició que muchos rebeldes que optaron por la vía armada a fin de modificar su ‘status Quo’, una vez aminorada la represión, pidieran su incorporación a los partidos afines a la ideología que profesaban.
Ello acabó con la distensión del ambiente que privó a lo largo de casi dos décadas en el país, abriendo la posibilidad de que todos los partidos tomaran parte en los procesos electorales y se disputaran el poder en las urnas, aun cuando existieran condiciones limitadas para ello merced al minucioso control político gubernamental, que aún persiste sin que nada lo haya cambiado la alternancia en el poder.
Algunos dirigentes de izquierda y derecha coinciden en señalar que con esa apertura las autoridades pretendían redimir pecados, pero de ninguna manera buscaban compartir en condiciones de equidad y menos abandonar el poder vía las urnas.
De esta forma, los más difíciles conflictos electorales en la época de López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado y Carlos Salinas de Gortari se resolvieron en las oficinas de Gobernación y no en las urnas, como se supone debería ser; y los problemas registrados en los procesos del 2000 y 2006 tocó sancionarlos al Instituto Federal Electoral (IFE), hoy IFE, que tampoco canta mal las rancheras en eso del autoritarismo y la parcialidad para inclinar la balanza.
No obstante la aceptación de los partidos bajo el amparo de la ley, el establecimiento de nuevas reglas de participación política y la (cuestionable) autonomía que hoy distingue a los órganos electorales, hay avance democrático.
Pero quizá sólo en la letra, pues en la práctica la legislación vigente mantiene prácticamente amordazada toda expresión político-partidista que no comulgue con el actual señor de Los Pinos.
Ya ve Usted cuántas trabas se le han puesto a quienes aspiran ser candidatos ciudadanos.
Elección de Estado
Un comentario harto socorrido en las contiendas políticas más recientes, sobre todo en las de nivel local, subraya la existencia de una elección de Estado.
Pero más que eso, lo que se quiere denunciar es una serie de problemas que impiden a las instituciones electorales cumplir a cabalidad su encomienda.
Leamos algunos motivos que alientan la hipótesis:
1) Existe la presunción de que los organismos electorales no actúan de manera imparcial y que inclinan su preferencia hacia un segmento de los contendientes, generalmente hacia el membrete tricolor;
2) Subyace la idea de que los órganos electorales que se dicen imparciales son una prolongación del gobierno, y que por lo tanto defienden a ultranza los intereses que representan; y
3) Se presume que la nueva ley y las modificaciones que se llevan a cabo en materia electoral, tienen por finalidad mejorar y transparentar los procesos electorales, pero los opositores al régimen cuestionan en forma permanente esta circunstancia, ya que afirman que ello se realiza en aras de favorecer al partido que detenta el poder.
Lo señalado, repito, es parte de los que algunos políticos manejan como una elección de Estado, misma que aparte de lo anterior consiste en utilizar la fuerza del Gobierno Federal y sus recursos a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Con respecto a Tamaulipas, todas las corrientes antagónicas al tricolor elevan su voz con el propósito de ser escuchadas en sus demandas de imparcialidad electoral; piden que el Gobierno Federal no incida en la contienda actual, a través de sus delegados; y que las visitas que los colaboradores del señor de Los Pinos hagan a esta entidad no estén orientadas a la manipulación ciudadana.
Esto lo han dicho hasta distinguidos militantes priistas, quienes sostienen que en Tamaulipas ya empezó a funcionar la elección de Estado que pretende sacarle el mayor provecho al proceso que vivimos, pero en las instancias electorales, porque en las urnas, a como se ven las cosas, resultaría más difícil.
Reforma necesaria
En este período ordinario de sesiones, de su segundo año de ejercicio constitucional, la LXI Legislatura del Congreso local podría reformar el Código Penal.
De esta forma se atendería uno de los reclamos más urgentes de la sociedad en su conjunto, pues el castigo a la delincuencia ya se ha convertido en una prioridad ante la creciente inseguridad pública.
Con las modificaciones jurídicas, la nueva reglamentación podría facultar a los jueces a utilizar criterios propios para evaluar las circunstancias en que fueron cometidos los delitos y, al mismo tiempo, determinar la peligrosidad de los responsables para que éstos no muy fácilmente ganaran nuevamente la calle para volver delinquir.
La esperada reforma es urgente, también, porque hay que detener la ola criminal que se extiende por los 43 municipios del estado; y porque no hay rincón donde todo tipo de hampones no haya sentado sus reales.
Otrora en Tamaulipas se generaba un delito cada hora. Pero hoy ese índice se ha incrementado tanto que hasta la cuenta ya se perdió.
¿Y cómo estarán las cosas que algunos gobiernos municipales ya buscan implementar, junto con la ciudadanía, modelos de defensa para hacerle frente a la criminalidad generalizada?
Incluso existe, como usted bien lo sabe, una ley (federal) de uso de armas de fuego para la autodefensa, ante la impotencia de los cuerpos policiacos que han perdido el control sobre el hampa.
Aunado a ello, en una malentendida defensa de los derechos humanos, diversas organizaciones no gubernamentales han logrado que consumados delincuentes, poco después de ser encarcelados, alcancen nuevamente su liberación para seguir trasgrediendo la ley, agredir y causar daño y dolor a sus semejantes.
De ahí la importancia de reformar el Código Penal.
Y de ahí, también, la razón para que haya mayor rigidez en el otorgamiento de beneficios penales, pues estos sólo deben brindársele a quienes muestren ausencia o nula criminalidad.
Esperemos.
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