Cuando aparentaba que todos los intentos por frenar la inseguridad y la violencia parecían que ya estaban hechos y no llevaban a lograr el objetivo, una nueva propuesta se planteó en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad, donde algunos gobernadores, no todos, levantaron la mano reclamando mayor participación directa mediante la creación de una ley que les permita actuar contra el crimen organizado.
Esa postura contrasta con la que han mantenido hasta ahora todos los gobiernos estatales, emanados de distintos partidos políticos que durante estos años de crisis se mantuvieron al margen, recibiendo el dinero que enviaba la federación, pero sin responsabilizarse de lo que ha sucedido en el país.
Los gobernadores y gobernadoras dieron un paso hacia atrás, especialmente en el gobierno de Felipe Calderón y le atribuyeron a él la responsabilidad de las acciones contra los grupos delictivos que iban manchando de sangre cada rincón de determinados estados, entre ellos Tamaulipas.
El argumento de los anteriores gobernadores a la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia y de los actuales siempre fue mantenerse como observadores del panorama que cada vez dejaba más desolados los pueblos.
Hoy pareciera que esa actitud empieza a modificarse y piden mayor participación legal en las acciones contra la delincuencia organizada que continúa sin someterse, las muestras de ello abundan en los crímenes y los secuestros.
Quien levantó la mano pidiendo un marco legal para actuar fue César Duarte, el gobernador de Chihuahua, estado que, junto a Sinaloa, Coahuila, Tamaulipas, Guerrero y Michoacán han enfrentado una década de sufrimiento y pérdidas en el aspecto social y económico.
“Mi propuesta es que se inicie un debate para que los gobiernos estatales contemos con más herramientas para combatir al crimen organizado”, dijo Duarte al señalar que es la federación la que administra y dota de recursos a las corporaciones estatales para combatir a la delincuencia.
Uno de los puntos aprobados es la creación de un mecanismo de evaluación y transparencia de los recursos federales destinados a seguridad pública otorgados a los estados y municipios, aspecto que ha sido descuidado por obvias razones, como lo ha planteado a la Auditoría Superior de la Federación Gustavo Cárdenas, diputado de Movimiento Ciudadano, quien plantea que se desconoce el monto de los recursos entregados a gobernadores y alcaldes y el seguimiento en la aplicación de los mismos, ya que no se ha logrado recuperar la tranquilidad y la paz pese a los montos millonarios entregados, que provienen en muchos casos de préstamos.
El debate que pide Duarte para que haya un marco legal que posibilite a los gobiernos estatales actuar contra la delincuencia sería un primer paso para que otra vez los estados y municipios recuperen la dignidad perdida ante el contubernio de policías estatales y municipales con los grupos delictivos.
Habrá que ver si las corporaciones sometidas a controles de confianza la han recuperado porque todavía hay ciudades enteras donde las policías locales fueron desaparecidas y su lugar ha sido tomado por el Ejército y la Marina.
Es penoso que diez años después sigan dándose ideas que no terminan por dar la certeza de que la paz perdida será, al fin, recuperada para los habitantes de las zonas en conflicto.
RECIBE BENDICIÓN USO DE LA MARIHUANA
“La Iglesia nunca ha tenido ningún problema en recomendar que todos los elementos de la naturaleza que sirvan para la salud, para una vida mejor de los ciudadanos sea aprovechada.
Yo les puedo decir que desde chico yo conocí esta situación, sobre todo cuando uno trabajaba mucho, caminaba mucho, que llegaba bien cansado, le daban sus friegas de marihuana con alcohol, nunca nadie lo vio como algo fuera de orden”, palabras del cardenal Norberto Rivera Carrera, al hablar en una rueda de prensa sobre el uso medicinal de esta planta.
En una nota del periódico El Universal, el clérigo plantea que son los especialistas quienes deben tomar la palabra y determinar la conveniencia del uso de la marihuana con fines recreativos para conocer el impacto social de esta medida.
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