CIUDAD DE MÉXICO.- La Procuraduría General de la República (PGR) impugnó la orden judicial de reponer el procedimiento en el que Elba Esther Gordillo pretende conseguir la prisión domiciliaria.
El pasado 8 de febrero, la magistrada Isabel Porras Odriozola, titular del Tercer Tribunal Unitario Penal de esta ciudad, instruyó volver a revisar y fallar la petición de la ex lideresa sindical, porque la negativa del beneficio tenía «vicios de motivación y fundamentación».
Marco Antonio del Toro, abogado de Gordillo, denunció que la impugnación de la PGR es ilegal y de mala fe, pues no le afecta a sus intereses el fallo que ordena reponer el procedimiento y por tanto carece de legitimación para recurrirlo.
«Una vez más se advierte cómo el Ministerio Público no se conduce con buena fe, responsabilizándolo en este acto por cualquier consecuencia que estas prácticas viciadas y dilatorias puedan generar.
«Simplemente inadvierte de nuevo el Estado de Derecho, con lo que refuerza la visión de que estamos ante un asunto cuya génesis resulta evidentemente propia de intereses metajurídicos que riñen con el México al que aspiramos; un México libre de injerencias de poderes fácticos en asuntos judiciales», dijo del Toro en un comunicado.
El litigante aseguró que existen un sin número de criterios jurisprudenciales que señalan que una sentencia de amparo para efectos, como la dictada por Porras Odriozola, nada más tiene la función de purgar con exactitud los vicios de fundamentación y motivación.
Por ello cuestiona que se impugne y, al mismo tiempo, dijo que en estricto apego a derecho este recurso de revisión debe ser rechazado por el tribunal colegiado que debe pronunciarse al respecto.
«(La PGR) no está legitimada para presentar recurso de revisión. Ello, en tanto que debe ser el primer interesado en que las resoluciones se dicten sin contener vicios de ese orden.
«Entonces, no debe siquiera admitirse a trámite su recurso, al margen de que el contenido del mismo resulta jurídicamente insostenible. Y es que insiste en la extraña teoría de que el derecho a enfrentar prisión preventiva domiciliaria sólo aplica a los adultos mayores que a la fecha de emisión de la orden de aprehensión tuvieran cumplidos 70 años de edad. Un absurdo jurídico monumental», agregó.
El pasado 26 de febrero, luego de diversos amparos, Gordillo fue trasladada al hospital privado María José Roma de la Ciudad de México.
Por ahora, los jueces federales han determinado que no puede continuar internada en la Torre Médica del Penal de Tepepan, porque carece de los equipos necesarios para atender sus enfermedades.
Gordillo tiene en curso tres procesos, dos de ellos por defraudación fiscal y uno por delincuencia organizada y lavado de dinero.
