MATAMOROS, Tamaulipas.- A unas horas de que el Congreso de la Unión comience un periodo extraordinario de sesiones, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) envió ayer a los legisladores una carta en la que les exige cumplir con su compromiso, dejar de violar la Constitución y aprobar las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, que frene la corrupción y ponga fin a la impunidad.
Nicolás Camorlinga Cadena, presidente de la Coparmex en Matamoros, dijo que en la carta se exige a los legisladores que en los dictámenes se conserve el espíritu original
de la propuesta para dar vida al Sistema Nacional Anticorrupción, con facultades de investigación, para fundar un verdadero sistema interinstitucional del Estado mexicano con la participación de la sociedad civil.
En la misiva la Coparmex exige: discutir y aprobar las siete leyes que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción de manera integral.
Se requieren leyes que con una base legislativa sólida permitan al Sistema Nacional Anticorrupción, prevenir, investigar, perseguir y castigar los delitos.
Respetar el sentido de la iniciativa ciudadana Ley 3de3 o Ley de Responsabilidades Administrativas, que tiene un amplio respaldo social con más de 634 mil firmas –incluyendo las de empresarios–para tener declaraciones públicas que aseguren el desempeño honesto de servidores públicos y cargos de elección popular.
Las personas que deciden participar en el servicio público, y que administran el erario deben tener la obligación de transparentar sus bienes, impuestos e intereses.
Crear una fiscalía anticorrupción autónoma y con capacidad técnica y de gestión, con investigadores y ministerios públicos para la debida y efectiva procuración de
justicia. El fiscal anticorrupción debe ser nombrado por el Senado de la República.
Que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción sea presidido por el Consejo de Participación Ciudadana (“la séptima silla”), para fortalecer la ciudadanización del sistema; y que este consejo sea honorario, sin remuneración y representante de un amplio sector de la sociedad civil.
Adecuar las leyes, como el código penal; y las instituciones como la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y el Tribunal Anticorrupción, para que cuenten con todas las atribuciones y recursos legales para actuar de manera coordinada dentro del Sistema Nacional Anticorrupción.
