Como en toda derrota electoral, tras la debacle del 5 de junio el panorama político de cara al futuro inmediato se vislumbra cuesta arriba para los priístas de Tamaulipas.
Como consecuencia de la reforma político electoral, los estrategas del Revolucionario Institucional dispondrán de muy poco tiempo para reagruparse, analizar a fondo las causas de los reveses y con base en ello replantear lo que tendrán que hacer para ver qué pueden rescatar dentro de dos años.
El problema es que, además de que dispondrán de sólo 21 meses para lograrlo, como perdieron prácticamente todo se verán obligados a trabajar con las uñas, corregir errores y a seleccionar como candidatos a los mejores prospectos, no a los recomendados, tampoco a dinastías, ni a parientes, mucho menos a elementos impopulares, para recuperar la confianza de la población.
Y pensar dos o tres veces, antes de recurrir otra vez a campañas de lodo y de calumnia contra los adversarios.
Una misión complicada porque tendrán que nadar río arriba. El gobernador no será del PRI sino del PAN y con el amplio respaldo que la sociedad tamaulipeca le ha otorgado al sucesor de Egidio Torre Cantú para acabar con la hegemonía política tricolor, seguramente tendrá también de su lado el sentir ciudadano para contrarrestar el resurgimiento del priísmo.
Para capitalizar la circunstancia, sin embargo, Cabeza de Vaca está obligado a responder a las expectativas generadas por el rechazo comunitario al ex partido de la Revolución y obligar a los alcaldes y diputados panistas a que respondan también a las exigencias sociales, realizando gobierno ejemplares.
Si fallan, como ha fallado el ex invencible, como el ex invencible pagarán igualmente las consecuencias.
He ahí los retos que Andrés Zorrilla Moreno y Joaquín Hernández Correa, en Madero, y de Alma Laura Amparán Cruz, Víctor Meraz Padrón y Ciro Hernández Arteaga, en Altamira, tendrán que enfrentar, si quieren demostrar a los electores que no se equivocaron a la hora de decidir por la alternancia.
El caso de la virtual alcaldesa de Tampico, Magdalena Peraza Guerra, será distinto. El domingo la maestra logró una hazaña que a muchos parecía imposible: venció a los priístas que la consideran traidora, a los panistas que la tildan de malagradecida y con el respaldo de los votantes sin partido, impidió que a los candidatos del Revolucionario Institucional de Tampico les sucediera lo que a los de otros municipios y distritos electorales del Estado.
Sean del PRI o de Acción Nacional, quienes quieren reelegirse dentro de dos años tendrán que ganarse con hechos las simpatías populares.
En ese escenario adverso, el dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, trata de salvar el pellejo. En lugar de aceptar que gran parte del desastre electoral que ha sufrido el partido al que encabeza es su responsabilidad, maniobra para reducir los daños interponiendo impugnaciones que él sabe mejor que nadie que no cambiarán las cosas.
El sonorense está consciente pero también contrariado de que, al perder el PRI las gubernaturas de 7 de los 13 Estados que renovaron los poderes políticos y quedarse solamente con 15, menos de la mitad de las entidades federativas del país, ha quedado en riesgo la permanencia del partido que comanda en el gobierno federal el sexenio que viene, aunque seguramente lo que más le duele es que él mismo ya tiene un pie fuera de la carrera por la candidatura presidencial del 2018.
A diferencia de lo que sucede en Tamaulipas, en el vecino Estado de Veracruz no soplan vientos de cambio, sino de ajustes de cuentas.
El candidato triunfador, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, advirtió ayer que meterá a la cárcel su antecesor en el cargo, Javier Duarte De Ochoa, pero no como un acto de venganza por la guerra sucia que éste emprendió en su contra en la contienda electoral, sino porque la Auditoría Superior de la Federación ha denunciado, con pruebas claras, el
desvío de miles de millones de pesos realizado por el actual mandatario. Se trataría sólo, dijo, de un acto de justicia.
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