CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- A fin de combatir la corrupción y el enriquecimiento ligados a la función pública, los particulares que sirvan como contratistas, constructores o empresas de servicios también estarán sujetos a rendir su declaración fiscal, patrimonial y de intereses de la nueva Ley Anticorrupción, llamada Ley 3de3.
En entrevista telefónica, los diputados federales del PRI, Guillén Vicente, Édgar Melhem Salinas, Alejandro Guevara Cobos y Miguel González Salum, consideraron que la nueva legislación son pasos en el sentido correcto.
“Lo importante es decirle a la sociedad que está descontenta, en este caso la de Tamaulipas, que estamos enfrentando los principales factores que hoy le causan irritación, que son corrupción e impunidad”, dijo el diputado al Congreso de la Unión por Tamaulipas, Alejandro Guevara Cobos.
La declaración 3de3 obligará a los funcionarios públicos a que manifiesten su declaración de impuestos; detallen los bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias y fuentes de ingreso, además de los intereses que puedan tener con posibles contratistas o proveedores en el momento de asumir el cargo y posteriormente cada año.
“Esto es para todos los funcionarios públicos señalados por el Artículo 108 de la Constitución”, dijo Melhem Salinas.
Este grupo de declaraciones también debe ser presentado por los dueños y empleados de las empresas que venden, proporcionan servicios o tienen contratos con el sector público en cualquiera de los tres niveles.
El Sistema Nacional Anticorrupción está conformado por el fortalecimiento del control externo, de la Auditoría Superior de la Federación, el reforzamiento del control interno mediante las contralorías estatales y de los municipios y la creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, encargada de la investigación en el ámbito penal.
“La declaración 3de3 es para todos los funcionarios públicos, porque la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas son leyes generales”, dijo la diputada federal por el Distrito con cabecera en Tampico, Mercedes del Carmen Guillén Vicente.
El Congreso local deberá expedir leyes para el funcionamiento del Sistema Nacional Anti Corrupción, eliminar rezagos de la Plataforma Nacional de Transparencia, crear una Fiscalía Estatal Anticorrupción, un Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción, un Comité de Participación Ciudadana y coordinarse con los sistemas nacionales de transparencia y fiscalización.
Al respecto, Miguel Gónzalez Salum expresó que el Sistema Nacional Anticorrupción requerirá en el ámbito estatal la creación de nuevos órganos administrativos y ciudadanos, para el funcionamiento local del Sistema Nacional Anticorrupción.
“El Sistema establece las reglas y procedimientos especiales para la investigación, procesamiento, sanción y ejecución de penas a todos los servidores públicos señalados en el Artículo 108 de la Constitución, quienes en el desempeño de sus funciones se involucren, beneficien o toleren hechos de corrupción, desvío de recursos públicos, conflictos de interés, lavado de dinero y nexos con la delincuencia”, dijo González Salum.
La cuarta parte será el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que impondrá multas y penas de prisión según la magnitud de las faltas tanto para funcionarios como para particulares que tengan parte en los delitos.
El Sistema Nacional Anticorrupción será integrado por el Comité Coordinador del Sistema, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema, y los sistemas anticorrupción de las Entidades Federativas; y se coordinará con los sistemas nacionales de transparencia y fiscalización.
