Los presidentes de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Tampico y Victoria, entre otros, podrían ir a prisión debido a los adeudos de corto plazo y pagos a proveedores que no fueron liquidados antes del 30 de junio pasado. La Ley de Disciplina Financiera de los Estados y Municipios (Ldfem) considera una conducta punitiva dejar adeudos fiscales, adeudos de corto plazo, pagos vencidos a proveedores y contratistas, y todos los pasivos de corto plazo como préstamos bancarios no autorizados por el Congreso Local, adeudos fiscales o anticipos sobre las participaciones.
Los ayuntamientos 2013-2016 de Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Victoria, Tampico, Altamira, Ciudad Madero, Río Bravo, Valle Hermoso, San Fernando, González, Aldama, Miguel Alemán, Tula y Soto La Marina, culminaron 2014 con déficit en su operación, que en conjunto llegó a 792 millones de pesos.
Estos mismos municipios tuvieron en 2015 nuevo déficit, que en el caso Victoria pasó de 20 millones en 2004 a más de 280 millones en 2015, y de estos 52 millones fueron pagos no realizados a proveedores durante el ejercicio y dejará una deuda contingente de más de 150 millones de pesos.
Estos ayuntamientos tampoco no cumplieron con la Ldfem, que exige que el por lo menos el 50 por ciento de los ingresos excedentes y de libre disposición, como las multas o los permisos, sean derivados a la amortización anticipada de su deuda Pública legal.
El pasado martes en Nuevo Laredo, el Presidente de la LXII Legislatura local, Ramiro Ramos, aceptó que varios municipios dejarán deuda de corto plazo y adeudos fiscales, pero pretexto que se trataba de pasivos de anteriores administraciones. En algunos casos la deuda se genera por mala administración o por el hecho de ocultar gastos no aprobados en otras partidas, y es el caso de Victoria que superó en 2015 por más de un 49 por ciento la partida de Servicios Personales y de los 335 millones presupuestados terminaron en 501 millones de pesos.
En el caso de Matamoros se llegó al grado de quitar la información prespuestal, que es de oficio, del último trimestre del 2015 y la Cuenta Pública 2015, lo que podría convertirse en responsabilidad penal para la presidenta municipal y el titular de la Unidad de Información Pública.
Entre los municipios con más pasivos contingentes, que podrían ser incluso desvíos no legales a las campañas, los que tienen mayor problema son Reynosa y Matamoros, los que para no ser denunciados deberán llegar a acuerdos en lo oscurito con ayuntamientos de partido distinto.
Todos estos municipios han retirado de la Internet los informes de aplicación presupuestal para este año, lo que puede representar contra falta más o documentar que las conductas en contra de bienes públicos han sido sistemáticas.
El artículo 62 de la Ldfem señala que los servidores públicos y las privados que causen daño o perjuicio a la hacienda de las entidades federativas o de los municipios, beneficios obtenidos indebidamente por actos u omisiones que les sean imputables, serán responsables del pago de la indemnización correspondiente, Juicio Político y penas no
menores a tres años de prisión.
Los ayuntamientos deberán comenzar la entrega recepción a más tardar el 30 de agosto de este año, y deben rendir informes sobre toda la contabilidad, las cuentas bancarias, los estados financieros y los recursos físicos y humanos, deben comenzar a funcionar a más tardar el día último de julio.
