TAMPICO, Tamaulipas.- La reforma energética devorará “crudo” a casi todo el campo tamaulipeco.
No es una especulación: De acuerdo al plan rector que se aplicará en la entidad, las actividades de exploración y extracción de petróleo en las Rondas Cero y Uno impactarán en el Estado a no menos de seis y media de cada diez hectáreas de cultivos y áreas naturales –223 mil 665 hectáreas sólo en la fase cero– y alterarán drásticamente la producción y ecología de 13 municipios.
Y aún cuando estas acciones invasoras se definan legalmente como “ocupación temporal”, durante el tiempo que las empresas del ramo tengan presencia en esas zonas, causarán en forma inevitable un desorden ambiental en los núcleos agrícolas de ejidos, comunidades y pueblos indígenas e inclusive afectarán a reservas protegidas, porque la autorización concede prioridad, “por sobre cualquier otra actividad”, a los trabajos petroleros, ya que se les considera de interés social y de orden público.
Las cifras son reveladoras. Por la extracción de hidrocarburos de forma social y ambiental, se afectará a el 42.57% del núcleo agrario en la Ronda Cero y el 64.20% en la Ronda Uno.
Como se mencionó, la superficie total del sector agrario incluido, sólo en la Ronda Cero, es de 223,665,34 hectáreas que comprenden a los municipios de Abasolo, Altamira, Aldama, Camargo, Cruillas, González, Gustavo Díaz Ordaz, Mante, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, San Fernando y Soto La Marina.
El caso extremo y más grave para la producción agrícola se da en Río Bravo, porque se tiene programado al 100% de su núcleo agrario para ser usado en la Ronda Cero. Es decir, que en la práctica todo su territorio rural productivo podrá ser afectado por la “ocupación temporal” de tierras para la extracción de hidrocarburos.
No lejos de esta frontera en términos de afectación, se encuentran los productores de Altamira en un 76%; en Soto La Marina en 78%; Abasolo en un 80% y San Fernando en un 78%. Son los municipios con más alto índice de impacto.
Sin embargo, aún no se definen los predios, ejidos y comunidades que podrían ser sujetos a estas medidas, los cuales serán elegidos con base en las áreas que determinen en forma conjunta la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
LA RONDA UNO
En el caso de la Ronda Uno, en Tamaulipas se verán impactados 2 municipios: Altamira con 62% de los núcleos agrarios y Tampico con el 72%, aunque éste sea en áreas urbanas. En Altamira son 1,073.10 hectáreas consideradas dentro de la Ronda Uno y en Tampico una 210.77 has.
En el caso de Veracruz, están considerados los municipios de Álamo, Cerro Azul, Benito Juárez y Castilllo de Teayo.
Eduardo Bello, gerente de Enlace y Comunicaciones de DS Servicios Petroleros, destacó en una conferencia recién impartida, que la Ronda Cero abarca en el plano nacional una superficie de 4 millones 800 mil hectáreas distribuidas en 142 municipios de 11 estados que son: Campeche, Chiapas, Coahuila, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí,
Puebla, Tamaulipas, Tabasco y Veracruz.
“Dentro de esta extensión se encuentra un total de 1,899 núcleos agrícolas. Y esto tiene que ver con todo, porque el respeto al medio ambiente ahora es prioridad, y eso se toma mucho en consideración, es decir, la coexistencia entre las diferentes actividades”.
Explicó que las áreas dentro de la Ronda Uno ocupan poco más de un millón 600 mil hectáreas de superficie ejidal o comunal, y que los principales ejidatarios o comuneros se encuentran en Veracruz con 900 mil hectáreas, y Tabasco con 500 mil hectáreas. Pero además esta Ronda abarca 68 municipios en 8 estados que son: Campeche, Chiapas, Coahuila, Hidalgo Puebla, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.
“Hay 13 pueblos indígenas que tendrían comprometida una parte de su territorio en primer lugar es el pueblo Chontal de Tabasco con 85% (27,770 has) de su territorio ocupado, el segundo pueblo es Totonaca (38%) y Popoluca (31%)”.
En la Ronda Uno se busca explotar 26 campos maduros terrestres, con una inversión estimada de 620 millones de dólares que generarán 6 mil empleos en 5 años. De estos 5 campos están en el sur y norte de Veracruz y son: Barcodon, Ponton, La Laja, Tecolutla y paso de Oro.
En Nuevo León y norte de Tamaulipas son 9 campos: Anáhuac, Mareográfo, Peña Blanca, Carreteras, San Bernardo, Dunas, Ricos, Calibrador, y Benavides.
En el sur de Veracruz, Tabasco y norte de Chiapas son 12 campos, Mayacaste, Tajon, Moloacán, Calicanto, Mundo Nuevo, Paraíso, Topén, Cuichapa Poniente, Cateral, Fortuna Nacional, Malva y Ricos.
“En contratos integrales de exploración y producción, como grupo ya tenemos dos de estos y los vamos a explorar, uno está por 60 años en Miquetla en Poza Rica y el otro el de Ébano, ese ya hace casi 10 años llevamos explotando, con Pemex y luego se migrara al nuevo esquema”, apunta.
NO QUIEREN UN “TABASQUITO”
El impacto, sin embargo, tiene un rostro amable para el entorno ambiental y humanista. Por lo menos esa visión es la que se ha difundido, como lo asienta el propio Bello:
“Lo que no queremos es tener un “tabasquito” en ninguna parte de la República Mexicana.
“No porque sea feo, sino por los conflictos que hubo, ya que no se dio una buena negociación y no se volteó a ver a la gente. Ahora no es de que yo vengo y voy a sacar el petróleo porque yo quiero, eso se acabó, ya no existe, ahorita tenemos que ir con todos los reglamentos y las leyes ambientales y cuidar a la sociedad, todo ha tomado una fuerza
muy grande y sobre todo en lo referente a proteger mucho al personal, que es lo más importante”.
Añadió, “Sí habláramos de 1950 cuando se decía que era más importante el petróleo que las vidas humanas, hoy por hoy ya no, primero se hacen estudios se habla con la población y después de eso ya perforamos”.
La sustentabilidad y las empresas socialmente responsables es la óptica que gana cada vez más fuerza no solo en México, sino que es una tendencia a nivel mundial, dijo.
Abunda: “Estos principios van de la mano el respeto al medio ambiente, en el concepto de las nuevas leyes, la sustentabilidad es no comprometer los recursos naturales para generaciones posteriores, dentro de la nueva ley, como adjetivo calificativo viene, y el plan de gestión social nos marca 6 puntos donde se debe respetar al medio ambiente y mantener un equilibrio sano en los ejes de agricultura, y el aspecto social”.
Por lo que las instituciones académicas deben incluir estos aspectos en sus materias, dijo.
“La sustentabilidad va de la mano de la responsabilidad del profesionista en la actividad que desarrollen en cualquier empresa. Cuando vamos a trabajar al campo vamos a trabajar a la casa de las personas que viven en el campo, hay que pedir permiso y respeto para no contaminar”.
Destacó que en México falta desarrollo de tecnología y la apertura de la ley va a generar el que vengan nuevas tecnologías y un “feed back” para que se aprenda y se desarrolle.
“Las dependencias que van a intervenir solo son dos: La Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Nacional de Energía; esos dos son órganos reguladores de la SENER y son muy importantes porque son los ojos y las manos de esta Secretaría de Energía. La Comisión Nacional de Hidrocarburos sacará los contratos de las rondas y los de la Comisión de Energía se van a dedicar a los contratos de distribución de hidrocarburos y también de la cuestión eléctrica”, explica.
Indicó que en todo lo que sea transportación habrá un Centro Nacional para el Transporte de Gas, que será, el Centro Nacional en Contratos de Gas (CENEGAS) y además también está el Fondo Mexicano del Petróleo, que es un fideicomiso controlado por el Banco de México en el que Hacienda regulará todo el dinero que se va a manejar y a generar, el cual tendrá el control de la actividad petrolera; para eso fue creado.
Debido a que la Reforma Energética autorizó la ocupación temporal, donde los pozos tienen una decadencia en cierto tiempo, dicha ocupación de tierras para la extracción de hidrocarburos, no ha sido oficialmente establecida, ya que comentó que no se ha dado a conocer cuáles predios, ejidos o comunidades podrán ser sujetas a esas medidas. Tendrán
que ser al menos de las áreas determinadas por la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos como Rondas, precisó.
“Así que con el objeto de dar a conocer y caracterizar las áreas que están asignadas a la Ronda Cero y a la Ronda Uno, el posible impacto social y ambiental lo hemos tocado, se hizo un cruce geoestadístico de esas áreas con varias zonas protegidas, núcleos agrarios, ejidos y comunidades, y pueblos indígenas”.
Destacó que esto es muy importante porque cuando se va a hacer un trabajo y se encuentran con áreas naturales protegidas, ya no pueden llegar y decir que quieren perforar. Hay que llegar a una negociación, apunta, para subrayar:
“Lo primero que hay que hacer es un estudio de impacto social y después un diagnóstico de cómo vas a apoyar a la sociedad, y que vas a hacer con ellos. Ya no existen las promesas, ni los espejitos, eso se acabó, hay que estar trabajando con la gente”.
LAS REGLAS DE LA CASA
Argumentó que los habitantes de los ejidos y comunidades, saben que se está entrando a su casa, y piden que entremos con sus reglas.
“Por ejemplo, te dicen preséntate, no me llegues así nada más porque eres una empresa; olvídalo, eso se acabó, vamos hablando y negociando como estás y que es lo que vienes a hacer, porque quieren que se les diga la verdad de que es lo que vamos a hacer y conocer los beneficios que obtendrán al trabajar con ellos y ver sus necesidades”.
Comentó que cuando se va a perforar un pozo a hora y media de Pánuco puede suceder cualquier cosa que puede retrasar la operación.
“En las cabeceras municipales vemos el desarrollo, pero no en las zonas más alejadas, pero cuando empiezas a trabajar con ellos te das cuenta que es una gente preciosa; no te piden una remuneración económica sino una ayuda a la población. Si tú sabes cómo negociar, a eso se le llama una “licencia social” y no existe una fórmula, sino que se da con el
trato que tengas al hablar con ellos.
“Aparte de ser ingeniero hay que conocer la ley y hasta fungir como antropólogo, porque hay que entender usos y costumbres y hasta lenguajes para relacionarte con etnias”.
Advirtió casi para terminar que una mala comunicación puede descarrilar el proyecto y ejemplificó que se puede estar en un bloqueo con todo el equipo de perforación parado todo un día, junto con todos los servicios que existen, las compañías que te dan fluidos, etc, y parar un equipo de perforación cuesta entre 80 y 120 mil dólares diarios, dijo.
Y puntualizó:
“¿Sabes cómo te pueden parar?… te dicen por aquí pasó un camión y atropelló a mi perro; y eso pasa, eso les digo, es la licencia social, la empresa tiene que tener su área responsable de gente que se dedique a tratar con la gente, porque algunos somos malos para la socialización, porque se puede ser muy bueno como ingenieros, como contadores, pero hay otros que le sacan plática hasta a las piedras. Se necesita una gente que pueda dialogar”.
