CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Para llegar al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia no parece requisito tener una irreprochable carrera judicial pues es de mayor ayuda ser hermano, primo, nuera, compadre o parte de alguno de los grupos de poder en la entidad o de altos funcionarios y, ya palomeado, ni siquiera habrá que exhibir la cédula profesional en el proceso de ratificación ante el Congreso.
El Artículo 111 de la Constitución de Tamaulipas, que detalla los requisitos para ser Magistrado del STJT, no exige tener una carrera jurídica previa, tampoco manifestar los posibles conflictos de interés, y se limita a formalismos que son similares a cualquier otro encargo para abogados, pese a que una vez electos serán la máxima instancia de justicia en la entidad.
El Poder Judicial de Tamaulipas está dotado jurídica y presupuestalmente con la mayor independencia de prácticamente los 32 supremos tribunales de los estados, pues tiene garantizada su independencia económica en el artículo 107 de la Constitución estatal.
“El presupuesto de egresos del Poder Judicial no podrá ser inferior del 1.3 % del total del presupuesto general del Estado previsto para el año fiscal a ejercer, mismo que administrará, ejercerá y justificará en los términos que fijen las leyes respectivas, y cuya asignación por concepto de gasto corriente no podrá ser menor al aprobado por el Congreso para el ejercicio anual inmediato anterior”, dice el 107.
Para ratificar a los Magistrados en 2013 y 2015, la LXI y la LXII Legislatura ni siquiera necesitaron investigar si los datos anotados en el currículo de los candidatos eran reales, si cumplía o no con lo estipulado en la Constitución o si traían algún “cadáver en el closet”.
El proceso de aprobación del Congreso no se realiza con ternas, sino con propuestos únicos y se ha limitado a cumplir en forma burocrática un procedimiento de dos días, que incluye entrevistas en las que los cuestionamientos no causan efecto, y sólo son trámite para sustanciar un dictamen aprobatorio que se emite de inmediato.
Si se juzga al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas por el cargo precedente a su nombramiento, se evidencia que quienes representan la última instancia judicial del fuero común en Tamaulipas, tienen muy poca experiencia como juzgadores.
El presidente del Poder Judicial, Hernán de la Garza Tamez, cuya cédula profesional no fue localizada ni apareció en la lista de graduados de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de 1987, año en que asegura haber egresado de la carrera de Derecho, nunca ha ocupado cargos jurisdiccionales.
Antes de ser designado como Magistrado en 2013, Garza Tamez se desempeñaba como Subsecretario de Servicios y Gestión Gubernamental de la estatal Secretaría del Trabajo y ha sido Notario y Primer Subprocurador General de Justicia del Estado.
Los últimos tres, Jesús Miguel Gracia Riestra, Adán Alberto Sánchez Salazar y Mariana Rodríguez Mier y Terán, fueron entrevistados el 22 de junio de 2015 y ratificados al día siguiente, junto con el aspirante a Magistrado Regional del STJE, Javier Valdez Perales, de quienes concluyó la Comisión de Justicia: «Cumplen
con los requisitos constitucionales y legales, así como con la idoneidad para ocupar el cargo».
En la siguiente sesión, 23 de junio de 2015, el pleno del Congreso aprobó por mayoría el nombramiento de Sánchez Salazar, Rodríguez Mier y Terán y Gracia Riestra, quienes de inmediato rindieron la protesta ante el Pleno del Congreso.
La presidenta del Comisión de Justicia en la LXII Legislatura estatal, Aída Zulema Flores aseguró que «cuentan con los rasgos de honorabilidad, excelencia, idoneidad, profesionalismo, honestidad y diligencia.
La idoneidad resulta cuestionable a veces: Gracia Riestra, ahora Magistrado de la Séptima Sala Civil, fue impugnado por el Partido Acción Nacional, debido a que como Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Tamaulipas debía permanecer en el cargo hasta que sea nombrado el reemplazo, pues se trata de una institución de tiempo completo y además la renuncia fue posterior al dictamen de la Comisión de Justicia que ratificó su nombramiento.
Rodríguez Mier y Terán quien pese a tener una curricula de estudios de derecho de licenciatura, maestría y varios diplomados, no se le conoce la experiencia como juzgadora ni tampoco ninguno de sus estudios se enfocan al área penal, materia de la Sala (Cuarta) que ocupa en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado
Tamaulipas.
Lo que sí tiene es una relación con el poder, pues es hija del Secretario de Obras Públicas de Tamaulipas, Manuel Rodríguez Morales, nuera de Susana Hernández Flores y hermana de uno de los funcionarios en la oficina del Gobernador, Manuel Evelio Rodríguez Mier y Terán.
Sánchez Salazar es el único de los tres nuevos Magistrados de número, ahora en la Tercera Sala Civil-Familiar con experiencia dentro del poder judicial, en donde se ha desempeñado como juez civil y su nombramiento surgió del Poder Judicial, no de Gobierno del Estado.
En la Primera Sala Penal, se encuentra a José Guadalupe Herrera Bustamante, quien es de los últimos nombrados y uno de los más calificados, no así, de los menos cuestionados.
Herrera Bustamante hizo su carrera judicial en el área policiaca y se desempeñó como Agente del Ministerio Público local, Subprocurador y Procurador de Justicia de Tamaulipas, sin embargo, en el Poder Judicial federal ocupó cargos como Juez de Distrito y Secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En la Segunda Sala Penal, Manuel Ceballos Jiménez, quien tiene una de las carreras judiciales más completas entre los actuales Magistrados, ha sido juez de lo familiar, juez penal, juez civil, visitador y consejero de la Judicatura del Poder Judicial local.
En la Sala Auxiliar, el magistrado Supernumerario, Pedro Lara Mendiola, a quien antes de ser nombrado Magistrado supernumerario en marzo de 2006, nunca había estado conectado ni con la procuración de justicia ni con instancias jurisdiccionales, sin embargo, fue ratificado en 2010, durante un breve periodo en que la
Constitución señaló que el encargo de Magistrado era por ocho años, por lo que estará en marzo de 2010.
