Sorpresivamente el gobierno federal decidió retirar la concesión del ferrocarril que circula en el sur del país y que mediáticamente se le ha nombrado “La Bestia”, ignoro quién bautizó a esa máquina de tal manera, pero podría estar relacionado con lo que sucede en sus vagones: miles de personas sin documentos usan este transporte en su afán por llegar al norte de México y de ahí cruzar a Estados Unidos.
Hemos visto los videos y fotografías donde cientos, tal vez miles, de personas, la mayoría hombres jóvenes provenientes de sur y centroamérica, se embarcan en una aventura muy peligrosa al montarse literalmente en el ferrocarril para cruzar el país.
“La Bestia” no siempre es del todo segura y más de un indocumentado ha sufrido graves accidentes, con caídas que les producen la muerte o mutilaciones.
“La Bestia”, así también le llaman a la limousina que traslada al presidente en turno de Estados Unidos, hay varias, las hemos visto en sus visitas a México y a otros países, se forman en fila para destantear al enemigo y que no sepan en cuál exactamente viaja el hombre, y próximamente, tal vez, la mujer, más poderosa del planeta, bueno eso dicen los estadounidenses, algo con lo que discrepa Corea del Norte y Rusia, por mencionar sólo a dos naciones que desde hace años están jugando a las vencidas con nuestro vecino del norte.
Pues bien, el gobierno mexicano calladito, sin aspavientos, de manera silenciosa, decide de buenas a primeras cancelar el contrato a la empresa Ferrocarriles Chiapas-Mayab “por causas de interés, utilidad pública y seguridad nacional”.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció lo anterior el martes 23 y se aseguró que la empresa concesionaria será indemnizada conforme a la licitación donde se le concedió el contrato el 26 de agosto de 1999.
Los dueños dicen que es una “persecución política”, según lo detallan varios medios y atribuyen al secretario de SCT tener preferencias por la empresa OHL, que pertenece a un grupo constructor Obrascón Huarte Laín, que le habría pagado sus vacaciones a Gerardo Ruiz Esparza.
Bueno eso es a nivel federal, pero a nivel Tamaulipas este hecho resulta especialmente importante porque el retiro de la concesión ocurre precisamente en el aniversario del asesinato de 72 personas indocumentadas (58 hombres y 14 mujeres) provenientes de sur y centroamérica sucedido el 22 de agosto de 2010 y dado a
conocer dos días después.
La fecha elegida por el gobierno federal es emblemática y va a acompañada de declaraciones en el sentido de que se requiere investigar más este hecho ocurrido en San Fernando, Tamaulipas.
¿Qué tiene preparado el gobierno federal respecto a las investigaciones?, no lo sabemos, pareciera que se está armando un proceso nuevo para este caso que conmocionó a la opinión pública internacional y que dejó marcado a Tamaulipas por siempre como un lugar peligroso.
“Durante el proceso de investigación, las autoridades incurrieron en múltiples irregularidades como son: la falta de preservación de las evidencias, mala actuación en torno al trato que se le dio a los cadáveres, realización de necropsias tardías, así como la falta de identificación de cuerpos. Es por ello que a seis años de esta masacre, aún no se han esclarecido los hechos ni se ha determinado quiénes perpetraron el crimen”, acusa la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH.
Y añade: “Por otro lado, se hace necesario atender con mayor diligencia la prerrogativa de los familiares de las víctimas a conocer la verdad, obtener una reparación del daño de manera integral, acceder a la información sin dilaciones y, finalmente, a la justicia para las víctimas directas e indirectas. Todo ello sin perder de vista que la sociedad también tiene el derecho a conocer la verdad sobre estos crímenes, así como las razones y circunstancias en las que se cometieron, a fin de evitar por todos los medios que algo similar vuelva a ocurrir”.
A seis años de distancia, la CNDH reitera que no se ha hecho justicia en este caso y se insiste en que las autoridades de Tamaulipas han incumplido con su deber.
Por lo anterior, y la decisión de suspender la concesión del ferrocarril, precisamente en el aniversario de la masacre, lleva a pensar que este caso no está concluido y puede ser reabierto en cualquier momento.
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