Para infortunio de los que reprueban el proceder de la CNTE, tras varios meses de marchas, protestas, bloqueos y cruentos enfrentamientos con los efectivos de las fuerzas del orden, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación parece haber ganado una de las primeras batallas de la lucha.
Como resultado de las negociaciones que los representantes de la organización magisterial sostienen en la Secretaría de Gobernación para desactivar el conflicto, el cambio aplicado al régimen de evaluación por el INEE significaría que la valoración docente, punto central de la reforma educativa, no sería obligatoria y tampoco implicaría sanciones.
Si la apreciación fuese correcta, tanto los profesores que no se sometan a las pruebas como los que decidan voluntariamente presentar los exámenes evaluatorios dispuestos por el precepto constitucional que resulten reprobados o no acreditados, no serían objeto de penalización alguna.
Aparentemente, las pruebas de evaluación únicamente serán obligatorias para los profesores y trabajadores de la educación que quieran obtener reconocimientos,
promociones e incentivos, lo mismo que aquellos que obtuvieron calificaciones insuficientes en los exámenes del 2015.
Desde la óptica del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, la modificación logró cambiar el temor que tenían muchos de los disidentes de resultar reprobados, que eran uno de los principales motivos del rechazo y oposición a la controversial reforma, por el fortalecimiento de la responsabilidad profesional.
Hay quienes coinciden en que el cambio representa un avance que satisface una de las demandas centrales de la agrupación
y que, como consecuencia, ayudará a
distender los ánimos así como a crear un clima más propicio para que las conversaciones que las autoridades y los mentores llevan a cabo, encuentren mayores
coincidencias y una pronta solución al problema. Habrá que esperar.
Hablando de otras cosas, con excepción de Tampico, en donde la impugnación planteada por el PAN contra el resultado de las votaciones del 5 de junio ha impedido los actos preliminares del proceso de entrega-recepción, el resto de los municipios tamaulipecos se encuentran listos para el arranque del relevo de la estafeta de los ayuntamientos que llegan y los que se van.
Una tarea no sólo sensible por las implicaciones políticas, al menos en el los municipios en los que los alcaldes salientes no pertenecen al mismo partido que los entrantes, como sucede en los de Madero y Altamira, sino que también resulta engorrosa y tediosa, aunque necesaria.
Y es que, de acuerdo con lo establecido por la Ley para la Entrega-Recepción de los Recursos Asignados a los Poderes, Órganos y Ayuntamiento del Estado de Tamaulipas el cambio de una administración a otra deberá de contar con información detallada y documentada relativa a los recursos humanos, materiales y
financieros, plantillas de personal con adscripciones, nombres y categorías de los trabajadores, si son sindicalizados, eventuales o sujetos a contrato por tiempo fijo o por obra determinada, percepciones mensuales y sueldos de base.
También una relación del personal con licencia, permiso o comisión, igual que inventarios de mobiliario, equipo de oficina, transporte y cuentas bancarias, etc., un verdadero laberinto burocrático, todo para aparentar que no hay nada que ocultar o que si lo hubiere se hizo tan bien que no existe manera de comprobarlo.
Desafortunadamente, los desvíos de recursos, los casos de enriquecimiento ilegal y otros delitos cometidos a menudo por los funcionarios del gobierno en agravio del erario público demuestran que de poco o nada sirven toda la papelería y las medidas de control creadas para impedir y poner un alto al despiadado saqueo de las arcas del gobierno que cometen, la mayoría de los casos impunemente, los servidores públicos deshonestos y corruptos.
¿El recientemente aprobado Sistema Nacional Anticorrupción frenara las raterías? Ojalá me equivoque, pero yo pienso, como la inmensa mayoría de los mexicanos, que las leyes que conforman el nuevo ordenamiento jurídico, igual que aquellas que integran el llamado estado de derecho del país, serán letra muerta y pasarán a la historia, en el mejor de los casos, como un catálogo más de buenas intenciones.
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