CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Después de la riña en el Centro de Ejecución de Sentencias (Cedes) de Matamoros que dejó heridos y destapó tráfico de bebidas alcohólica y drogas, el gobierno de Tamaulipas revisará el sistema carcelario estatal, integrado por 7 penales.
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, vicealmirante Luis Felipe López Castro, informó que el personal directivo y operativo de las cárceles será evaluado. A la par, los procedimientos internos serán analizados para evitar que productos y sustancias prohibidas ingresen a las instalaciones.
El martes sucedió el primer hecho violento dentro de las cárceles en la nueva administración estatal. Aproximadamente a las 21 horas, elementos de Fuerza Tamaulipas Policía Estatal acudieron a contener una riña, aparentemente derivada por la reubicación de un reo. Los internos frenaron a los policías prendiendo fuego a una camioneta. Los grupos policiacos de Valle Hermoso y Río Bravo se sumaron a la tarea y recuperaron el control durante la
madrugada del miércoles.
Cinco presos fueron trasladados al Hospital General 5. Rolando Salvador Morales Leal, Luis Fuentes Rodríguez, Rubén Orozco Castro, Luis Gerardo Rodríguez y Daniel González Hernández resultaron heridos en la riña. Los familiares de los internos fueron informados de los hechos. Por la mañana del miércoles, policías y custodios ‘catearon’ el Cedes y encontraron decenas de ‘planchas’ de cerveza y droga.
A raíz del caso, la Secretaría de Seguridad Pública evaluará el estado en que el gobierno priista entregó los Cedes de Victoria, Altamira, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Jaumave y Tula. Con base en el Cuaderno mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, no hay sobrepoblación en la capacidad total estatal. Al 31 de julio de 2016 había 6 mil 205 internos, por lo que quedaban libres 845 espacios.
Empero, aunque la capacidad no ha sido rebasada, las condiciones no son las óptimas. El sistema penitenciario tamaulipeco es el séptimo peor del país, de acuerdo al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Dicho estudio evaluó los centros más conflictivos ubicados en Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo. La calificación general es reprobatoria, de 5.29.
El problema principal del sistema estatal son las nulas condiciones de gobernabilidad. La vida de los internos y el respeto a las garantías básicas no se garantiza, aseguraron los visitadores de la CNDH. De los cinco indicadores del semáforo carcelario, tres se ubican en color rojo y dos en amarillo.
Al comparar los resultados de 2014 a 2015, no hay ninguna mejoría.
El buen desempeño de las cárceles estatales cayó a partir de 2011. En 2010, la CNDH ubicó al estado entre los cinco mejores de México, con una calificación de 8.04. Sin embargo en 2014 obtuvo un resultado de 5.14, por lo que descendió al puesto 27 de 32 lugares. Para 2015 la calificación aumentó levemente a 15 centésimas. La baja fue progresiva y las condiciones actuales son peores a las registradas hace una década, cuando se calificó con 5.6 puntos. La existencia de áreas de privilegios, de objetos y sustancias prohibidas y de internos que ejercen violencia o control sobre el resto
de la población y el cobro de cuotas por parte de reos a sus compañeros son los aspectos más preocupantes en el Cedes de Matamoros, informó la Comisión.
En su conjunto el sistema adolece de hacinamiento derivado del mal uso de las áreas, inexistente separación entre hombres y mujeres en el área escolar, médica e íntima e inexistente prevención y acciones para prevenir incidentes violentos. Los visitadores de la CNDH apuntaron que ningún director de los centros penitenciarios desarrollaba la supervisión de las áreas, lo que abonaba a la falta de gobernabilidad general.
Durante el gobierno de Egidio Torre Cantú la titular de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reintegración Social fue Nora Angélica Balderrama Cano, y la Directora de Readaptación Social fue Martha Corina Salazar Conde. Ambas funcionarias dependieron del secretario de Seguridad Pública estatal en turno.
A partir de enero, el gobierno de Tamaulipas informó que soldados, marinos, policías federales y policías estatales catearon los 7 penales. En las revisiones decomisaron armas, droga, juegos de video, consolas, bebidas, cuchillos, libretas con cuentas presuntamente de bandas criminales, reproductores de DVD, animales exóticos y celulares, refirió el Grupo de Coordinación Tamaulipas (GCT).