CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Un informe del Colegio de México sobre la matanza de San Fernando de 2010, señala que para que ocurriera dicha tragedia fueron factores importantes la complicidad de la autoridad con la delincuencia, y la debilidad de los tres niveles de gobierno. Pero además, señala que diversas dependencias han mostrado indolencia y fueron omisas en la investigación y la atención a las víctimas.
El documento titulado “En el desamparo”, se detalla que la Procuraduría tamaulipeca fue irresponsable en la identificación, manejo y conservación de cadáveres, así como también incumplió procedimientos de indicios, cadena de custodia, preservación y conservación del lugar de los hechos.
Ayer por la mañana, el coordinador del Seminario Violencia y Paz del Colmex, Sergio Aguayo, acompañado del escritor Juan Villoro, el activista Javier Sicilia y el comisionado presidente de la CEAV, Jaime Rochín del Rincón, presentaron el informe sobre los asesinatos múltiples en Tamaulipas y Allende, Coahuila, en el Museo Memoria y Tolerancia, de la Ciudad de México.
“El personal de la PGJ fue omiso, desde el levantamiento de los cuerpos de las 72 personas, ‘en preservar adecuadamente el lugar de los hechos, en reunir los elementos e indicios que deban ser investigados o recabados, en efectuar las acciones de investigación para la acreditación del cuerpo del delito y en realizar las diligencias adecuadas, a fin de brindar un trato digno y de respeto a los cadáveres hallados’”, menciona el informe.
Debido a las fallas judiciales que impidieron, por ejemplo, conocer la cantidad de mujeres y hombres muertos, la CNDH emitió la recomendación 80/2013. Al respecto, las autoridades fueron omisas en el cumplimiento y siguieron cometiendo violaciones a los derechos humanos, a la legalidad, a la seguridad jurídica, al acceso a la procuración de justicia, a la verdad, al trato digno y al honor.
Sin embargo, los investigadores consideran que el órgano defensor tampoco actuó idóneamente, al no clasificar el hecho como un caso de violación grave de derechos humanos. Además, “no existieron esfuerzos para investigar si el Estado fue o no responsable por acción o por omisión en la privación de la libertad y de la vida de las 72 personas migrantes”. El informe destaca que la CNDH no tomó en cuenta a los familiares víctimas.
“En el Desamparo” confirma que, en el momento de la masacre, la policía municipal de San Fernando estaba bajo el mando del crimen organizado. Dicha condición, señalan, también se reflejaba en el nulo poder del alcalde tamaulipeco, Tomás Gloria Requena.
El documento también aseguran que la Procuraduría General de la República (PGR) y la anterior administración del Gobierno de Tamaulipas negaron la información de la masacre de San Fernando, de agosto de 2010, al Colegio de México (Colmex) y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de la Secretaría de Gobernación (Segob).
El titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) tamaulipeca, Ismael Quintanilla Acosta, ocultó datos y expedientes judiciales. El Instituto de Atención a Víctimas del Delito (IACV) tampoco respondió a las solicitudes de colaboración. Inclusive, la comisión estatal de derechos humanos aceptó que no abrió una investigación local, refiere la investigación.
Las autoridades tamaulipecas, sin dar algún argumento legal, evitaron responder a los oficios que envió la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. En cambio, la PGR justificó la negativa al acceso del expediente completo señalando que es información reservada y confidencial, de acuerdo a las leyes General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Federal deTransparencia y Acceso a la Información Pública.
El gobierno de Tamaulipas “se distinguió por las negaciones y la ineficiencia”, apunta el documento elaborado por los investigadores Delia Sánchez del Ángel, Manuel Pérez Aguirre y Jacobo Dayán Askenazi. Ahonda: “El cónsul de Estados Unidos en Matamoros categorizó en unas frases la reacción del gobierno tamaulipeco: ‘Funcionarios del gobierno de Tamaulipas intentan minimizar los descubrimientos y la responsabilidad del estado’.
Luego añadió que se disculpan diciendo que ‘el crimen organizado es un problema federal y que el estado carece de los recursos para enfrentarlos’”.
Agendan reunión
A partir de la investigación de la masacre en San Fernando que realiza el Seminario Violencia y Paz del Colegio de México (Colmex), el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, inició pláticas formales con los investigadores y académicos.
El coordinador del proyecto “En el Desamparo”, Sergio Aguayo, comentó brevemente que ya hay pláticas preliminares con el gobierno panista, para construir un modelo de atención integral a víctimas. “Por ahora es una negociación privada”, puntualizó.