La incansable movilización ciudadana y la tenacidad de las asociaciones civiles han sido claves para que la causa de los desaparecidos en Tamaulipas llegue por fin a la agenda gobernante y se convierta en propósito de trabajo conjunto.
Desafío de la justicia donde sobresale, entre sus tareas iniciales, el impostergable censo de víctimas que, por supuesto, no se agota en la
población oriunda de la entidad.
Ocupando el estado un lugar principalísimo en la ruta migratoria hacia la Unión Americana, la violencia ha castigado a familias provenientes de toda la geografía nacional, así como de Centro y Sudamérica.
Destacan los dos casos acaecidos en San Fernando (2010, 2011) por la saña observada contra un número amplio de inocentes.
Aunque están también los desaparecidos solitarios, donde abundan las mujeres jóvenes arrancadas de sus terruños mientras se dirigían al trabajo, la escuela, sus actividades cotidianas.
El acopio de datos, nombre, fotografía, fecha de su privación, permitirá armar un mapa del dolor colectivo. Hay trabajo hecho en redes sociales.
Habrá que dar seguimiento a la información que proporcionen al paso de los días las agrupaciones que ya despuntan en esta causa: “Ciencia Forense Ciudadana”; “Justicia Tamaulipas A.C.”, “Red de Desaparecidos en Tamaulipas, A.C.”, “Buscando a Nuestros Hijos Ausentes de Tamaulipas” y “Colectivo de Familiares y Amigos de Desaparecidos”, entre otras.
Fosas de guerrero
El tema nos lleva de nueva cuenta al caso Ayotzinapa, cuya gravedad supera con creces la conocida búsqueda de sus 43 estudiantes.
Desde que la averiguación empezó han sido detectados en la zona de Iguala y Cocula incontables entierros clandestinos con restos humanos anteriores al caso.
Depósitos con cadáveres que fácilmente rebasan el medio millar y donde podrían estar compartiendo espacio los miembros de una pandilla rival, con lugareños secuestrados cuya familia no tuvo para pagar el rescate, campesinos que se resistieron a una extorsión, paseantes asaltados y más.
Esta es quizás la parte más tétrica que aún no aflora del caso Ayotzinapa y lleva a los medios a preguntas apremiantes que apuntan hacia horizontes de crueldad aún peores.
Si los entierros descubiertos en una amplia zona de Guerrero todavía no reportan huella de los normalistas perdidos, ¿De quiénes son esos restos entonces?
¿Por qué han estado ahí, desde cuándo, quién ha gozado de la impunidad suficiente para disponer de vidas sin impedimento de autoridad alguna?
Subsuelo veracruzano
Por mencionar otro caso, hoy día es asunto de ocho columnas la renuncia del gobernador veracruzano JAVIER DUARTE, a quien ya no soportaron en palacio, a escasos 48 días de que entregara el mando.
Sin embargo, aunque los señalamientos principales contra este señor tienen que ver con corrupción y asesinatos de periodistas, resulta de interés señalar otro problema común con Tamaulipas: los desaparecidos.
Ambas entidades comparten rutas de narcotráfico y trata de indocumentados. Al respecto cabe recordar la advertencia que con lujo de ironía formuló hace tiempo el sacerdote texcocano ALEJANDRO SOLALINDE, director de un albergue que brinda ayuda y orientación a migrantes de Centro y Sudamérica, denominado “Hermanos en el Camino”.
En Veracruz, dijo, donde le escarben van a encontrar cadáveres. Desde luego, se trata de una exageración deliberada, expuesta solo para subrayar la gravedad del problema.
Vaya, pues, la referencia de Veracruz y Guerrero para señalar la tarea monumental que les espera a las dependencias de Tamaulipas que ahora están asumiendo la delicada responsabilidad de otorgar respuesta institucional a la tragedia.
Empresa de largo aliento, sin el menor asomo de duda.
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