A punto de cumplir el mes de mandato, el primer gobierno panista de Tamaulipas concretó las primeras sacudidas a la estructura gubernamental heredada del priismo. Los funcionarios y empleados de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el Instituto Tamaulipas para la Cultura y las Artes (ITCA) y la Coordinación de Comunicación Social.
El martes, el procurador Irving Barrios Mojica confirmó la reestructuración de la dependencia, en la que por 18 años varios personas se rotaron en diversos puestos. Ahora, 15 funcionarios, 73 por ciento originarios de otras entidades, tomaron los cargos.
De los perfiles destacan el director General de la Visitaduría, Víctor Miguel Guerra Enríquez, quien se le considera pieza clave en el plan de castigar a ex servidores públicos priistas; la titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Personas No Localizadas o Privadas de su Libertad, Elizabeth Almanza Ávalos, quien enfrentará los 5 mil 560 reportes de ciudadanos no localizados que se ubican en el ámbito del fuero común; y el director jurídico Maestro Craig López Olguín, brazo detector de irregularidades al interior de la PGJ.
Solo quedaron pendientes las designaciones en la Dirección de Averiguaciones Previas, la coordinación de la Policía Ministerial y el Zar Antisecuestros. En las tres áreas hay cientos de quejas de colusión con la delincuencia. Los pocos esfuerzos siempre iban contracorriente al déficit de personal. Fuentes estatales aseguran que los hombres que ocupan los puestos mencionados serán despedidos, en cuanto se encuentren a quienes los suplirán.
El mismo martes, en la Torre Bicentenario se oficializó una de las guillotinas más anunciadas. Cuarenta y dos de los 43 delegados de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) fueron despedidos. Aunque algunos defensores de lo indefendible criticaron esta decisión, era un movimiento obvio. Los 42 delegados más que empleados del gobierno eran operadores priistas. Muchas y muchos, ejemplos en Tampico sobran, se encargaron de la logística electoral en las jornadas de votación.
Aunque una decena pataleó y un puñado amenazó con demandar, la mayoría comprendió sus despidos; todos eran fieles trabajadores del régimen tricolor, algunos entrañables amigos del último secretario Antonio Martínez Torres, quien después fue jefe de campaña del derrotado candidato a gobernador Baltazar Hinojosa Ochoa. Esta fue la primera parte del recorte en vía de la integración de la nueva estructura de la súper Secretaría de Bienestar Social (SBS), Gerardo Peña Flores.
En la misma jurisdicción de la SBS, de acuerdo a la reforma a la administración estatal, está el Instituto Tamaulipas para la Cultura y las Artes (ITCA). Aunque en la primera semana del octubre renunciaron algunos, a inicio de semana, los directores de las áreas de Patrimonio, Literatura, Educación, Desarrollo Artístico y Difusión Cultural, Coordinación Técnica, Administrativo, Comunicación Social, Jurídico y los 7 espacios culturales renunciaron.
El equipo que integró la maestra Libertad García Cabriales se hizo a un lado. No hubo tiempo para que cada quien demostrara sus capacidades y actitud.
Sin embargo, varias jefaturas siguen en manos de personajes que han trabajado por décadas en el ITCA, bajo el padrinazgo de artistas estrechamente vinculados al priismo.
Dado el golpe en la mesa, el nuevo director Luis Sottil y su mano derecha, la tampiqueña Adriana Fernández, tienen los espacios libres para analizar perfiles con base en el proyecto cultural y artístico panista.
A 28 días de la toma de posesión se define el aparato gubernamental y se nombran a los funcionarios. Quedan dudas en el aire. En el primer paquete ¿se fueron parte de los 5 mil 368 militantes del tricolor que detectaron en la nómina del gobierno de Tamaulipas, en su mayoría “aviadores”? ¿Cuántos nuevos servidores públicos cuentan con ADN blanquiazul? ¿Van a echar por la borda el slogan de gobierno ciudadano?
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