Diputados priistas y el Gobernador exhiben su civilidad en una reunión
Lamentablemente hay subalternos que entorpecen la inclusión política
Óscar Almaraz Smer no quita el dedo del renglón en asuntos de limpia
La barredora llegó a la Procuraduría pero debe investigarse a cesados
En la cúpula del poder, las diferencias sólo pueden zanjarse cuando hay voluntad plena de alcanzar acuerdos sustantivos mediante el diálogo. Y, por lo que he observado, el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca muestra disposición a transitar por los caminos de la civilidad, a fin de trabajar (de la mano) con los diez diputados federales priistas que, también sin rencores, departieron con él para concertar la defensa de un presupuesto decoroso para Tamaulipas.
La iniciativa presidencial, remitida a la Cámara baja por el secretario de Hacienda y Crédito Público (José Antonio Meade Kuribreña), propone que al estado le sea asignado un monto de 47 mil 200 millones de pesos –500 millones menos que en el 2016–, aun cuando afectaría rubros que son prioritarios como el desarrollo rural y la infraestructura urbana.
De eso hablaron el jefe del Ejecutivo estatal y los legisladores.
Y hasta donde me han informado ninguna de las partes tocó el tema electoral por ser un capítulo ya cerrado, como le consta a los secretarios de Finanzas (María Gabriela García Velázquez) y al general de gobierno (César Augusto Verástegui Ostos), quienes acompañaron al mandatario; además de dos diputados albicelestes: Elva Lidia Valles Olvera y César Augusto Rendón García.
El encuentro fue convocado por el coordinador de la bancada priista Edgardo Melhem Salinas, acudiendo todos los diputados integrantes del grupo tricolor tamaulipeco: Yahleel Abdala Carmona, Montserrat Alicia Arcos Velázquez, María Esther Guadalupe Camargo Félix, Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, Miguel Ángel González Salum, Luis Alejandro Guevara Cobos, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa y Esdras Romero Vega.
Así con apretones de mano y una que otra palmadita, el mandatario y sus anfitriones sellaron el compromiso que por inercia misma marcaría el inicio de una relación civilizada, sin rencores ni odios, aunque esto les desagrade a los amarranavajas sistemáticos.
Lo que viene
El presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2017, debe aprobarse a más tardar el 15 de noviembre próximo, por lo que tal vez la Cámara de Diputados no alcance a discutir a fondo el reparto del dinero, por el mar de inconformidades que asoman siete de las ocho fracciones parlamentarias.
De ahí que el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, junto a 12 de los 15 diputados federales, haya iniciado un cabildeo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a fin de que Tamaulipas no sufra más reducciones –como se contempla en el proyecto diseñado por el jefe del Ejecutivo Federal–, pues esto repercutiría negativamente también en los programas de educación básica, normal, tecnológica y para adultos; los servicios de salud, la infraestructura social, el fortalecimiento municipal, la asistencia social y, lo peor, en materia de seguridad pública, que es el reclamo principal de la sociedad.
Ese cabildeo ante los diputados de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión –quienes son los responsables de estudiar la propuesta, adecuarla y aprobarla, según establece la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos–, lo avalarían y hasta pudieran imitarlo el grueso de los mandatarios panistas y de otras filiaciones político-ideológicas –lo deduzco porque así lo han dejado entrever informaciones periodísticas de todo el país–, pues ellos (igual que Francisco Javier) lo que reclaman al Gobierno Federal es tener sensibilidad política para entender que sólo asignando recursos suficientes podrían atenderse las necesidades de las entidades para ejecutar los programas de desarrollo federalistas.
En el caso de Tamaulipas, bien sabemos que los excedentes petroleros llegaron incompletos en el ejercicio que está por concluir; y por eso García Cabeza de Vaca debe exigirle a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) que los recursos de los programas sociales, en el presupuesto se consideren correctamente, sin recortes y en tiempo y forma sean entregados, pues ninguna justificación sería valedera cuando se atenta contra el bienestar del pueblo.
Sobre todo cuando es del dominio público que en el país se ha dado una mayor recaudación fiscal y a Petróleos Mexicanos (Pemex) la venta del crudo y gas natural le han producido millonarios dividendos, pero extrañamente opera con números rojos.
Inoperatividad
La parálisis que muestra en su operación el aparato burocrático, tiende a causarle estragos al proyecto gubernamental, pues hay nuevos jerarcas, con y sin nombramiento, incapaces de entender que fueron contratados para coordinar trabajos y no para practicar políticas autoritarias contra la planta que rebasa los 12 mil empleados.
El Gobernador fue muy claro desde el inicio de su mandato al avisar que quien no funcione, se irá.
Esto incluye a todos los trabajadores públicos por igual, sean jefes o subalternos, sin que nada tenga que ver su filiación política.
Sin embargo, no ocurre lo mismo hacia abajo, donde la controversia se torna atroz porque el triunfalismo induce a los funcionarios a tratar con vil desprecio a sus semejantes ‘perdedores’ y no admiten compartirles espacios, mientras éstos buscan obstaculizar el cambio.
A esto obedece que el sistema político tamaulipeco, al menos, haya sufrido dilación en su práctica democrática cuando demostrado está que la exclusión, sólo conduce al atraso de programas, planes y/o proyectos, ya que entre un bando y otro surgen actores merecedores de ocupar las carteras en que habrá de apoyarse el nuevo gobierno para avanzar, con buena travesía, hacia el objetivo marcado.
Por eso es necesario meter en cintura a unos y otros, pues desde el arribo a las carteras conferidas los nuevos funcionarios se han dedicado a hostilizar a la burocracia operativa.
Unos personalmente y otros a través de testaferros, prohibiéndole el uso de teléfonos celulares; despegarse de sus áreas de trabajo sin pedir permiso mediante oficio; consumir su alimento matutino fuera del horario establecido (un cuarto de hora); salir a recoger a sus hijos a la escuela y llevar niños a los centros laborales.
La medida correctiva es entendible cuando se quieren enmendar los vicios que tanto han dañado la productividad gubernamental, pero existe otra forma menos agresiva para aplicarla, sin necesidad de amenazas ni vigilancia a través de cámaras de video; una de ellas el diálogo, o simple y llanamente avisos preventivos de que se sancionará cualquier acción contraria al aspecto laboral, antes de aplicar infracciones o dirigirse a los subalternos con palabras soeces, gritos y ademanes que sólo exhiben la falta de urbanidad y generan situaciones incómodas tanto para los jefes como para la burocracia de base.
Pruebas de esto son reproducidas en las redes sociales.
Limpieza de drenes
El ayuntamiento de Victoria que preside Óscar Almaraz Smer, estableció de manera permanente un programa de limpieza de drenes, reparación de zanjas y mantenimiento de las redes de agua potable y drenaje, con el fin de evitar que el acumulamiento de agua afecte el patrimonio de los ciudadanos.
A través de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa), que encabeza Gustavo Rivera Rodríguez, y en coordinación con las áreas responsables de limpieza pública y parques y jardines, se hace el retiro permanente de la basura y maleza que se acumula en los canales de desagüe de la ciudad.
Esta disposición se dio luego de ver que los trabajos preventivos a las lluvias más recientes fueron positivos y contribuyeron a sacar de manera rápida el agua en las zonas bajas, pese a la gran cantidad del líquido que se presentó en los últimos días.
El programa de limpieza anteriormente se activaba previo y durante la temporada de lluvias, pero considerando la necesidad de ofrecer un mejor servicio, el alcalde dio instrucciones para que los trabajos se ejecuten de manera permanente.
Por eso ahora se trabaja en el desazolve de los drenes, retirando basura y maleza, a fin de que en el momento que se presenten precipitaciones pluviales sea más ágil la salida del agua.
Por otra parte el alcalde ocupa gran parte de su tiempo en coordinar los trabajos de bacheo, desde muy temprano y hasta entrada la noche; y de reparación de luminarias, limpieza de camellones y desmonte de las áreas verdes, como bien habrán podido constatarlo los habitantes de la ciudad y los ejidos que, por cierto, también han sido beneficiados con la obra de limpieza municipal.
Limpia en la PGJ
La destitución de funcionarios de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, ordenada por Irving Barrios Mojica, forma parte de toda una estrategia para combatir la delincuencia aquí en el estado.
Sin embargo, para rescatar la dependencia de manos criminales, no es suficiente el cese fulminante de los malos elementos.
Es necesario ir más allá. Investigarlos, por ejemplo.
Y consignarlos, de comprobarse sus nexos con la delincuencia para evitar que una vez en la calle algunos de los ‘corridos’ pasen a engrosar las gavillas que tanto aterrorizan a la población tamaulipeca.
Sobre todo si a esta pléyade le agregamos otros elementos, que, en días previos al anuncio de ‘limpia total’ –según me informan–, causaron baja de manera voluntaria.
Eso ya debe haberlo contemplado el procurador, quien seguramente en sus manos tiene un diagnóstico minucioso sobre todos y cada uno de los elementos que causaron baja definitivamente, tomando en cuenta que es obligación suya conocer a fondo las debilidades y mañas de éstos, tanto como sus virtudes, destrezas y patrimonio.
En caso contrario estaría cometiendo un gravísimo error, que bien podrían aprovecharlo las bandas delictivas que operan en Tamaulipas, por cuando menos seis motivos:
1) Varios de los funcionarios cesados, de una u otra forma saben cómo operan las bandas de robacarros, aleteros, zorreros, etcétera;
2) También conocen las fallas de la dependencia;
3) Poseen información privilegiada en cuanto a las órdenes de aprehensión pendientes;
4) Saben qué investigaciones se realizan actualmente y hasta podrían dar ‘pitazos’ para entorpecerlas;
5) Muchos de ellos quizás mantienen nexos con efectivos de otras corporaciones policiales afines a sus intereses malsanos; y
6) Hay quienes se involucraron y/o están ligados a narcotraficantes, contrabandistas, pateros y todo tipo de delincuentes.
Bajo este entendido, debo aclarar que no es que dude que la limpia en la Procuraduría pudiera ser exitosa, sino que simple y llanamente creo que quienes fueron echados bien pudieron aprenderse todo el abecedario en materia de persecución de delitos.
¿O acaso no estuvieron involucrados en la procuración de justicia y en la seguridad pública?
¿Jamás practicaron el espionaje telefónico?
¿Nunca trataron con otros delincuentes?
En los días por venir esos malos elementos darían de qué hablar.
Y quizá más para mal que para bien, porque sumados a los cientos de cesados en esa y otras dependencias en distintas épocas, sólo pasarían a engrosar una interminable lista de ex funcionarios y ex policías desempleados que, en el menor de los casos, pudieran organizar sus propias bandas criminales, pues mucho dudo que estén capacitados para desempeñar otras tareas.
Una importante recomendación más: para evitar que los cesados sigan ostentándose como funcionarios en las zonas rurales –que es donde menos saben del tema–, el procurador bien haría en ordenar que se les cancelen todas las charolas, y, de ser posible, recogerles otros artículos como son pistolas, metralletas, rifles, fornituras, gases, vehículos automotrices, etcétera, que les fueron entregados para su desempeño y, hasta donde sé, todavía no devuelven, porque su cese fue tan repentino como sorprendente.
SAT: trato desigual
Por doquiera hay cualquier cantidad de comerciantes establecidos que, todavía, no expiden facturas electrónicas –y aducen no haber hecho todavía el trámite respectivo ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT)–, causando multimillonaria evasión de impuestos.
Aquí en Tamaulipas, esa práctica es común no sólo entre los otrora llamados repecos –es decir, los causantes que al amparo de la ley hacendaria cotizaban como pequeños contribuyentes, o medianos–, sino también la registran infinidad de empresas que solían el uso de las facturas impresas, que desde hace años dejaron de tener vigencia, al menos por lo que respecta a quienes ingresan a sus cuentas más de 500 mil pesos anuales.
Los comerciantes que más se rehúsan a expedir facturas se dedican a la venta de calzado, ropa, herramientas y cosméticos por lo menos; aunque también quienes prestan sus servicios como el lavado de vehículos, tintorerías, planchadurías, talabarterías, librerías, carnicerías y hasta en algunas tiendas de autoservicio, bajo el argumento de que es la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) la que dificulta el trámite al retrasarles la autorización oficial para instalar el sistema.
Obviamente nadie les cree, pues tiempo suficiente tuvieron para, en tiempo y forma, hacerse del programa de cómputo con las características requeridas por el sistema tributario.
No ocurre eso mismo con los contribuyentes que poco facturan y, al final de cuentas, son los más castigados por el SAT, ya que deben sacar el guardadito para invertirlo en un programa de facturación electrónica so pena de no cobrar por sus servicios –y son regularmente los prestadores de servicios profesionales– en detrimento de su economía, pues si van a la oficina fiscal respectiva a solicitar la expedición de documentos, se les ponen múltiples trabas.
Y eso que la Federación mucho ha cacareado que el trámite no sólo es gratuito, sino ágil y hasta bondadoso.
Lo cierto es que ya transcurrieron casi tres años de haber acabado el plazo más reciente otorgado por el SAT para aplicarse la medida entre el conglomerado contribuyente y nomás no se observa el interés real por parte de muchos comerciantes establecidos para ponerse al corriente, o, cuando menos, pagar lo que les corresponde en la materia de impuestos como sí lo hacen los causantes mayores.
Esto afecta directamente a los contribuyentes cumplidores –que son los menos–, pero más todavía al grueso de la población, que es obligada a pagar el IVA e impuestos especiales a la usura comercial, sin que haya autoridad alguna que someta a los infractores.
Entonces, ¿de qué se trata?
Lo digo porque en un sist ema democrático como el nuestro, se debe aplicar la frase de: ‘O todos coludos, o todos rabones’.
E-m@il
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