Hace unas semanas abordamos el tema de la disyuntiva que enfrenta el nuevo gobierno en materia de Seguridad Pública. Uno de los grandes problemas es y ha sido la debilidad institucional y su impacto negativo en el proyecto de seguridad pública estatal. Es sin lugar a dudas la principal y gravísima consecuencia de las constantes fallas en que se incurrió durante la pasada administración.
Y las cifras son desoladoras. En seis años no se pudo aterrizar la incorporación de seis mil elementos graduados y en activo, y más lejana se quedó la meta de reclutar nueve mil nuevos elementos. En seis años tampoco logró el gobierno del estado dar la totalidad en la cobertura de seguridad, pues a la fecha en 21 de los 43 municipios de Tamaulipas no hay policía ni nada que se le parezca.
El tema es más complejo cuando Fuerza Tamaulipas -la nave ensignia del aparato policíaco estatal-, necesita del constante respaldo de las Fuerzas Armadas ante la incapacidad logística y de estrategia para enfrentar a la delincuencia organizada. La mayoría de los operativos de impacto los ha llevado a cabo la Federación en cualquiera de sus tres ramas: el Ejército, la Armada y la Policía Federal.
Los más de cuatro mil millones de pesos que el gobierno de Egidio Torre Cantú gastó a lo largo del sexenio resultaron insuficientes porque nunca se pudo prescindir del respaldo de las Fuerzas Federales. Cuando así sucedió entre 2015 y 2016 se desató una sangrienta e incontrolable escalada de violencia que
azotó principalmente a Ciudad Victoria y que aún no tiene para cuándo terminar.
Peor aun cuando en el último año del régimen egidista, elementos de la Fuerza Tamaulipas armados y uniformados se plantaron en la misma Casa de Gobierno –
para indignación del gobernador- en demanda de que ya no se retuviera el sueldo que en algunos de los casos no habían recibido por más de dos años. Ese amargo capítulo vivido por la administración pasada, fue el inicio del ocaso de un proyecto que nació muerto.
A más de un mes de la llegada del nuevo gobierno, resulta preocupante el riesgo que por la lenta reacción, detonen los mismos problemas que paralizaron al gobierno de Egidio Torre Cantú y que mantienen en vilo aún la tranquilidad de los tamaulipecos.
La falta de control sobre sus elementos y el relajamiento de la vigilancia han desatado una anarquía en el interior de la Secretaría de Seguridad Pública que se refleja por ejemplo, en los últimos dos casos en los que se vieron involucrados elementos de la Fuerza Tamaulipas.
El primero se dio el pasado siete de noviembre. En un asalto a la Refaccionaria del Norte en Ciudad Victoria, hecho en el que murió el dueño del negocio; dos policías estatales que se encontraban en su día de descanso fueron los responsables de llevar a cabo el atraco. Además, para cometerlo utilizaron armas que pertenecen al Gobierno del Estado.
La autoridad se limitó a explicar los hechos sin ahondar más en lo sucedido. En las pasadas dos colaboraciones, se mencionó el caso de San Fernando y la participación de la Policía Municipal en el caso de los 72 inmigrantes y las fosas clandestinas que llevaron a la pasada administración a su momento más crítico.
En otro caso, el viernes 18 de noviembre otro elemento de la Fuerza Tamaulipas en defensa asesinó a una persona, luego de que el occiso, respaldado con otros individuos, irrumpió en el domicilio del elemento policiaco.
Dos sucesos ocurridos en poco tiempo, reflejan la falta de control y los débiles mecanismos institucionales para la protección y vigilancia de cada uno de los elementos que integran a la Fuerza Tamaulipas.
Si falla la institución, fallan los elementos y aumenta el crimen.
Como ejemplo está el repunte en el número de secuestros en la capital tamaulipeca.
La dilación en la respuesta sólo abre la puerta a otros actos más de barbarie, como muchos otros que ya han cimbrado a los tamaulipecos.
Es urgente la intervención del Gobierno para rescatar el área de seguridad de la crisis que sigue impactando de manera grave en el enrarecimiento del clima social.
Ya cayó uno
En este mismo espacio se hizo mención de las empresas tamaulipecas y sus empresarios que han sido privilegiados durante sexenios y que no conocen otro color que el de los billetes verdes. Aunque las empresas aludidas fueron las más beneficiadas (Transportaciones y Construcciones Tamaulipecos SA de CV, Construobras de la Garza SA DE CV y Constructora del Noreste SA de CV), también se mencionó a la reynosense Lucamax.
En días recientes y por iniciativa de las autoridades estadounidenses, fue detenido su propietario, una especie de rey Midas de nombre Luis Carlos Castillo Cervantes, mejor conocido como “El señor de los dragones”.
El empresario oriundo de Valle Hermoso es acusado en la Unión Americana de fraude bancario y lavado de dinero. Al “Señor de los Dragones» se le relaciona principalmente, con el ex gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás y con los coahuilenses Enrique Martínez y Martínez y Humberto Moreira pero, el baño de lodo se extiende a lo largo y ancho de la República, incluyendo a Tamaulipas.
Aunque en el sexenio de Torre Cantú el «Señor de los Dragones» ya no figuró entre los favoritos, sus negocios con anteriores administraciones y los respectivos exgobernadores, le permitieron amasar una cuantiosa fortuna que hoy está bajo custodia y revisión de las autoridades estadounidenses.
Castillo Cervantes fue un hombre superpoderoso en su momento y su riqueza es incalculable pero se queda chiquito frente a «prominentes” figuras como Rolando Cantú Barragán, Luis Alfonso de la Garza, Pedro Luis Valdés y el más famoso de los amigos presidenciales: Luis Armando Hinojosa Cantú.
El arresto y proceso del “señor de los dragones” sienta un precedente para que autoridades de los tres niveles revisen a fondo las cuentas públicas, para aclarar si cada uno de los pesos invertidos en las licitaciones ganada por esa elite constructora se ejerció en su totalidad.
Porque hablar de 17 mil millones de pesos es hablar de una deuda pública que los tamaulipecos están condenados a pagar, de fondos públicos que se pudieron aplicar en otros rubros y de obras deficientes que exigen reparaciones constates o que son simplemente obras de relumbrón.
El despilfarro del Correcaminos
Una de las más cuantiosas inversiones de la pasada administración fue el lucrativo negocio del club de fútbol Correcaminos. Desde la remodelación del estadio Marte R. Gómez hasta la cantera de jugadores que en su momento sorprendió a cualquier equipo de la división de ascenso.
Y pese a todos sus contrastes, el Corre mantuvo entretenida a la afición victorense lo que duró el pasado Gobierno. Algunos recuerdan con nostalgia y algo de tristeza la final de ascenso perdida con el Club León en 2012.
Un proyecto que dejó marcada a su afición por la ilusión vendida, pero que también representó una gran desilusión por resultar ser más de lo mismo. Aun así hubo una marca más dolorosa que prácticamente afecta a todo victorense y tamaulipeco en general: la del presupuesto.
En un periodo de cuatro años, el gobierno de Torre Cantú invirtió más de 800 millones de pesos en el club, cifra que no cuadra con lo facturado. ¿Dónde quedó todo ese dinero?
Eso es un espinoso asunto, un escándalo en ciernes. Lástima por la afición, y qué pena que entre el lodazal se arrastre inevitablemente el nombre de la Universidad…
Señores consejeros
Entre la nueva hornada de consejeros que nombró el CEN del PRI figuran cinco tamaulipecos -Egidio Torre, Carlos Morris, Griselda Carrillo, Aída Zulema Flores Peña y Nayeli Gómez.
Como todos pertenecen al corral del ex gobernador, está claro que al PRI y su líder le valen los resultados del anterior proceso electoral… y que Baltazar Hinojosa sigue sin dar una.
Y algo más: no les falta razón a los muchos que opinan que el PRI está en fase terminal y casi casi reclama de la extrema unción.
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