CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Los organismos garantes de los derechos humanos, la legalidad en las elecciones locales en Tamaulipas y de la vivienda, son las entidades más opacas para el manejo presupuestal, no responden debidamente las solicitudes de información pública ni muestran sus parámetros de eficacia.
Aunque algunos organismos públicos autónomos como el Instituto Electoral de Tamaulipas está dirigido por consejeros con salarios que exceden de 1.2 millones de pesos anuales, por un trabajo de unos días por semana, no reportan debidamente su información financiera.
En las páginas de estos entes no se publica la propuesta de presupuesto que hacen al Ejecutivo y en varios casos, ni la cuenta pública, lo que es una falta punible a los deberes de transparencia.
En el caso de Instituto Tamaulipeco de la Vivienda y Urbanismo (Itavu) ni siquiera subieron a su página de Internet la Cuenta Pública 2015, y la que suben como Cuenta Pública 2014 por lo que quienes fungían como directores generales y de la Unidad de Transparencia, deberían ser sancionados.
El ITAVU que es el organismo público más endeudado del estado, con un saldo de poco más de 330 millones de pesos en pasivos, no informa desde 2014 e incluso eso año no lo hizo detalladamente, para señalar cuánto de esta deuda fue colocada en préstamos para vivienda además que no tiene ningún un informe de rendimiento de sus acciones.
En las cuentas del Itavu se trasluce que debería haber tenido anualmente rendimientos financieros por varios cientos de miles de pesos, incluso millones, no reporta específicamente esta partida ni detalla cuánto dinero tiene aún colocado en deuda por vivienda o terrenos.
El Itavu asegura en 2014 tener bienes inmuebles por poco más de nueve millones y una patrimonio de 243 millones, y más de mil 300 millones de construcciones en proceso, las cuales no quedan reflejadas en la cuenta pública.
De acuerdo a la Cuenta Pública 2015 calificada por la Auditoría Superior del Estado, otro organismo opaco, el Itavu perdió patrimonio de 2014 a 2015 al caer de dos mil 161 millones a dos mil 92 millones, pero no hay documento alguno que explique esta variación del menos cuatro por ciento en términos reales.
Al igual que las cuentas de todos los organismos mencionados, el Itavu no aguantaría una auditoría forense sin arrojar cuantiosos desvíos de dinero y patrimonio, pues además no informar la extensión, ubicación y valor de las reservas territoriales que deben tener.
En el caso de la Comisión de los Derechos Humanos de Tamaulipas (Codeht) cuyo presidente tienen anotado un salario de 108 mil pesos mensuales, que con aguinaldo podría llegar a un millón 400 mil al año, reportan sus finanzas en dos cuadritos de seis renglones más dos para los totales.
La Cohedet no dice, por ejemplo, cuánto gastan en alquileres, electricidad y otros servicios, por lo que los ciudadanos no pueden saber si utilizan en forma óptima el dinero, si exageran en los viáticos y que compran y a qué precio, por lo que evaden la legislación de transparencia local y federal.
En el caso del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam) la forma en cómo exponen la información incumple con los parámetros de la legislación de Transparencia y zafan la obligatoriedad de mostrar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses alegando que ninguno de los consejeros aprueba su publicación.
El Ietam adquirió casi 28 millones de pesos de materiales y suministros, la mayor parte de lo que se filtrado, como el paquete de materiales electorales, lo hizo a precios muy superiores a los del mercado, por ello no no dan detalle alguno de cómo usaron ese dinero y se limitan a informar la partida gruesa.
En el Ietam cuyo presidente cobra más de 1.5 millones de pesos anuales y los consejeros poco más 1.15 millones y pese a que pagarán más de 70 millones de pesos en 2016, por sueldos, honorarios, compensaciones no dan detalle alguno de cómo pagan estos fondos públicos de todos los ciudadanos y no informan si cobraron las multas a partidos y qué hicieron con ellas.