En los casi tres meses que va a cumplir el Gobierno del Estado de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, los responsables de las diferentes dependencias gubernamentales han hecho público algunas irregularidades que han encontrado y que se presume son actos de corrupción que ponen en graves aprietos a los hombres del poder que se fueron, pero también a los nuevos que están obligados a presentar las denuncias para proceder en contra de los responsables.
Los presuntos actos de corrupción de los funcionarios del anterior Gobierno se han ido dosificando, no sabemos si producto de una estrategia mediática que podrá tener resultados en el corto plazo, pero se agotará muy pronto si las denuncias no pasan de los medios a los tribunales correspondientes para proceder, insisto, en contra de los responsables.
Hacemos referencia a los riesgos que corre el Gobierno del Estado, sino hay acciones en el corto plazo, al conocer el gran negocio que seguramente representó para algunos funcionarios de la anterior Administración la renta de oficinas, algunas de ellas fantasmas, porque fueron para beneficiar a los cuates.
La denuncia la acaba de hacer Jesús Nader Nasrallah, secretario de Administración del Gobierno del Estado, quien dijo que de acuerdo con una investigación realizada se encontraron oficinas rentadas con elevados costos, algunas ficticias porque no eran necesarias, provocando una fuerte sangría a las finanzas del Gobierno del Estado.
Anunció que se procederá a la cancelación de los contratos leoninos y se presentarán las denuncias ante la Contraloría del Estado, para que se proceda en consecuencia.
A esa denuncia habría que recordar la que hizo recientemente la Secretaría de Educación de Tamaulipas en el sentido de que aproximadamente el 50 por ciento de las becas era para beneficiar a los hijos de los funcionarios públicos y para sus amigos recomendados, sin tener derecho a las mismas.
Esa misma dependencia, que encabeza Héctor Escobar, también prometió que irían en contra de los “aviadores” que cobran en las nóminas sin cumplir con su
función como docentes.
La semana pasada el diputado local, Carlos García, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, denunció que el gobierno de
Egidio Torre Cantú, ejerció este año mil millones de pesos en créditos, pero sin contar con la autorización del Congreso, lo que constituye una grave irregularidad que le puede traer serias consecuencias al anterior mandatario.
La Secretaría de Obras Públicas también ha denunciado que han encontrar muchas inconsistencias en obras, las que supuestamente se pagaron y no se concluyeron.
Hace aproximadamente dos semanas, fue citado a Ciudad Victoria ante la Contraloría del Estado, Daniel Sampayo, ex director general del Instituto Tamaulipeco de la Vivienda y Urbanismo, para que respondiera a inconsistencias que encontraron y a la falta de documentación.
Las irregularidades encontradas hasta el momento por los nuevos funcionarios públicos, son parte del compromiso del gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de que “no habría borrón y cuenta nueva”.
En ese sentido la Contraloría del Gobierno del Estado y la misma Auditoría Superior del Congreso del Estado, tienen por delante una tarea colosal: Concluir las investigaciones, elaborar los expedientes con las pruebas y proceder penalmente en contra de quienes resulten responsables de haber saqueado los recursos públicos.
PICADILLO………NUEVO DIRECTOR DE LA API TAMAULIPAS. En una reunión privada, la semana pasada durante una reunión ordinaria del Consejo de Administración de la Administración Portuaria Integral (API) de Tamaulipas, Rogelio Ontiveros Arredondo, fue designado nuevo director y Ricardo Correa Chaires, fue nombrado gerente de Ingeniería.
La entrega de los nombramientos estuvo a cargo de Cecilia del Alto López, secretaria de Obras Públicas, con la representación del gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, teniendo como testigo al alcalde de Matamoros, Jesús de la Garza Díaz del Guante.