En México, además del ‘gasolinazo’, tenemos muchos problemas, de toda índole: económicos, violencia, desigualdad social, corrupción e impunidad de los políticos, enfermedades crónicas inducidas… y un gran etcétera. Sin embargo, no logramos superarlos porque no reunimos la suficiente fuerza social en nuestras comunidades, y eso sucede porque no le tenemos confianza a los partidos, ni a los gobiernos, ni a los legisladores, ni a los administradores de nuestros impuestos, ni a los contratistas, ni a los auditores, ni a las corporaciones policiacas, ni a los jueces, y cada vez pierden más crédito los maestros, las fuerzas armadas e incluso las iglesias. Nuestra gran patria se diluye en la desconfianza, el temor y el descontento social virtual. Las legítimas protestas de las comunidades afectadas han sido sistemáticamente saboteadas por la infiltración de bandas violentas y vándalos que acaban por legitimar la represión e imponer el imperio del Estado autoritario, multiplicando el miedo y la desconfianza social.
Las voces políticas que solo buscan ‘agua para su molino’, quieren engañar a la población, induciendo la idea de que la gasolina aumenta su precio porque
el gobierno solo quiere aumentar la recaudación, como si el Impuesto –IEPS e IVA- a las gasolinas fuera nuevo, la realidad es que dicho impuesto existe desde hace más de tres décadas.
El problema de fondo es que los contribuyentes directos, en este caso los automovilistas, no vemos reflejada nuestra contribución en un servicio u obra de infraestructura para beneficio de la comunidad, solo vemos el abuso y el derroche de los recursos públicos.
Vistas así las cosas, la solución no está en reducir el impuesto de la gasolina o su eliminación, el gobierno ya nos ha chantajeado con el recorte del gasto social, lo importante y la solución en favor de la gente común, es hacer que los 250,000 millones previstos por la recaudación de dicho impuesto o derecho de la gasolina, no vaya ni un peso al pago de los privilegios y al derroche acostumbrado por la alta burocracia, ni a las transas con los contratistas.
La república ya cuenta con el impuesto a las gasolinas, lo que necesitamos exigir y lograr, es que los derechos que se recaudan en las gasolineras, como lo prevé la Ley que lo creó, sirva para reparar daños en donde se genera el problema, por lo tanto es exigible que se municipalicen para dirigir dichos recursos a un fondo municipal de infraestructura social y de transporte de las comunidades locales donde se genera el pago de dicho impuesto y nunca más entregar ese dinero al gobierno federal y sus socios.
El problema de fondo de las gasolinas, resulta de que gracias al neoliberalismo y al TLC hemos dejado de producir gasolinas y nos especializamos en el petróleo crudo de fácil acceso, por lo que ahora importamos la mayor parte de lo que necesitamos,- en noviembre se importó el 70% de lo consumido-, de tal forma que si nuestro peso se debilita y devalúa, la gasolina importada hay que pagarla a un tipo de cambio del dólar que es 20% más caro que hace un año y si se sigue devaluando, veremos subir los precios de todos los productos importados, incluyendo la gasolina y el gas lp.
Si queremos una explicación más real y a la vista, tenemos que estar de acuerdo que nuestro peso se devaluó a partir del triunfo de Trump, gracias a la cobardía, desconfianza y a la voracidad de los especuladores, que junto con los grandes inversionistas corporativos y el sistema financiero internacional saquearon nuestras reservas de dólares, ‘una vez más’, en una magnitud que no se veía desde las grandes devaluaciones de los gobernantes neoliberales que han tenido el poder a partir de las dictaduras privatizadoras de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, quienes nos han gobernado desde los 80’s, seguidos por sus pupilos del PAN y hasta el ‘despeñadero’ de hoy en día.
Lo que más duele, no es que se tenga que ajustar el gasto de las familias al tener que importar gasolina con nuestros devaluados pesos, lo que más nos duele es el derroche de nuestras contribuciones que realizan los gobiernos corruptos en los privilegios y negocios con el erario público de las altas capas de las burocracias, jueces y legisladores que se sirven con el cucharón más grande y que se están enriqueciendo a costa del bienestar de la población, al darnos una infraestructura social y servicios públicos de pésima calidad y a costos inflados.
Ya tendremos oportunidad de ir resolviendo el problema de fondo para recuperar la senda del nacionalismo y la justicia social, además de producir nuestros propios combustibles, así como el desarrollo de energías más limpias, combustibles de biomasa, hidrógeno limpio, energía solar y eólica… etc. pero lo primero es parar a la corrupción y la impunidad de quienes están desviando las contribuciones de los ciudadanos. Podemos empezar justo ahora, por enderezar y dirigir el gasto del IEPS o impuesto a las gasolinas al Fondo Municipal de obras sociales y para mejorar las vialidades y el transporte público local… para ello exijamos a nuestros legisladores que arreglen la ley que regula el Gasto del IEPS para que de ahora en adelante… ni un solo peso más de las gasolinas se destine al dispendio de gobiernos irresponsables y corruptos. A ellos ni un solo peso más.