Una danza de 240 millones en la opacidad. Dinero mal aplicado y más de 26 millones en calidad de desaparecidos, es hasta ahora el saldo de irregularidades detectado por la Auditoría Superior de la Federación en el “Tamaulipas Fuerte” que acaba de concluir en el otoño corrupto del 2016.
Mientras que en el discurso, el sexenio anterior siempre negó la existencia de la anarquía, la criminalidad y el desorden, pasando a la historia con la frase, del “No pasa nada”, sus funcionarios de alto nivel, encargados del tema de seguridad, hicieron mal uso del dinero público; desaparecieron cantidades millonarias y desacataron las normas establecidas por la Ley de Coordinación Fiscal en la asignación de recursos a las entidades federativas.
Ahora se sabe que los daños mayores a la hacienda pública, se dieron en el llamado Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, el área donde se aplicó la mayor inversión, por más de 122 millones de pesos. Otra de las graves fallas administrativas fue detectada en el rubro del combate al secuestro, donde se hicieron compras de vehículos por adjudicación directa por un valor de poco más de siete millones y medio. Los modelos y equipamiento estuvieron por debajo de la normatividad establecida.
Otro presunto negocio realizado a la sombra del presupuesto destinado a la seguridad, fue, según se consigna en la narrativa de la auditoría federal, el que se refiere al “gasto injustificado” de cinco millones 260 mil trescientos pesos, destinados a la compra de uniformes.
Siguiendo con la lista de irregularidades en el ejercicio presupuestal del 2015 correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
(FASP), las auditorías revelaron que el gobierno de Egidio compró en lo oscurito, inhibidores de señal, de espectro radio eléctrico. El dinero que se destinó a dicha adquisición, de manera ilegal, asciende a nueve millones 340 mil 400 pesos.
La gran sangría presupuestal con la cual el sexenio egidista trató de justificar un gasto multimillonario, se ubica en el sistema de llamadas de emergencia, conocido como 066, así como de denuncia anónima, 089. Tal sólo por este concepto, los auditores federales detectaron que el gobierno estatal que acaba de concluir, se gastó la inmoderada cifra de 32 millones 831 mil 600 pesos.
Una justificación a todas luces ridícula, pues resulta absurdo que en tan solo un año, las llamadas falsas o alarmistas, como les llamaban, hayan provocado semejante gasto. Lo que sí es un hecho, es que estuvieron buscando la manera de acomodar el despilfarro y el saqueo.
Por cierto, dentro de este gasto de más de 32 millones, la mayor erogación, según la auditoría, se ubicó en las llamadas Torres de Pánico. Con lo anterior, el gobierno de Egidio pretende hacer creer que dichos dispositivos fueron todo un éxito, cuando esta infraestructura no sirvió para nada, resultando en la práctica un rotundo fracaso.
Nos salen con el cuento de que los mencionados dispositivos de radiolocalización con servicio de internet, se engulleron una buena tajada del presupuesto, cuando eso no es verdad, pues las torres jamás operaron y el dinero para su manutención fue a parar a las chequeras de altos funcionarios.
Otro de los trafiques se dio en el tema de las pólizas de seguro destinadas a cubrir el costo de las cámaras de vigilancia. Lo anterior tuvo un costo de 12 millones 784 mil quinientos pesos.
En lo relacionado con insumos para armamento, no se encontraron facturas por el monto de un millón 378 mil 500 pesos. Se adquirieron vehículos sin cumplir con la licitación pública, por un valor de 40 millones 899 mil,900 pesos. Otros 16 vehículos tipo pick-up fueron objeto de la misma operación al margen de la normatividad establecida.
Los datos de la auditoría corresponden sólo al 2015.
Se sabe que a lo largo del sexenio, el fallido tema de la seguridad representó el mejor escaparate para justificar los desvíos y la desaparición de dinero.
Como esos 26 millones de pesos que se evaporaron como por arte de magia.
Comapa y su sindicato, firman el contrato colectivo para 2017
Atrás de la firma de un nuevo contrato colectivo para este año entre la COMAPA y su sindicato, respira, según los trabajadores, la sensibilidad y el oficio político de su gerente Gustavo Rivera Rodríguez. Desde su arribo a la dependencia, Gustavo privilegió el acercamiento con la planta laboral poniendo a su servicio vehículos que les hacían falta para cumplir con los trabajos de campo.
“Buscamos que la armonía entre la Comapa y su gremio, se traduzca en un mejor servicio para los ciudadanos. Estamos cumpliendo con las instrucciones del alcalde Óscar Almaraz y del gobernador”, dijo Gustavo.
