La justicia española decidió dejar en libertad provisional sin fianza a Iñaki Urdangarin, cuñado del rey de España condenado a más de seis años de cárcel por corrupción, a la espera de que se resuelva su recurso.
Los jueces fueron finalmente más generosos que el fiscal del tribunal de Palma de Mallorca, que había pedido que Urdangarin permaneciera libre, bajo fianza de 200 mil euros.
El control judicial impuesto lo obliga a presentarse una vez al mes ante la autoridad judicial del país de residencia, en su caso Suiza, donde vive con la infanta Cristina y sus cuatro hijos.
El exjugador internacional de balonmano deberá comunicar igualmente al tribunal cualquier desplazamiento fuera de la Unión Europea o cualquier cambio de residencia, incluso temporal.
El propio Urdangarin viajó desde Ginebra para acudir al tribunal mallorquín y escuchar la decisión. Al concluir salió con semblante serio y una mochila al hombro, y se subió a un coche negro en medio de gritos de “¡chorizo!”, un término despectivo empleado en España para los ladrones.
El marido de la infanta Cristina fue condenado el pasado viernes a seis años y tres meses de prisión y al pago de una multa de 512 mil euros, pero anunció su intención de recurrir la sentencia.
En un caso que hizo tambalear la monarquía española, Urdangarin fue condenado por malversar junto a su ex socio Diego Torres varios millones de euros entre 2004 y 2006 a través del Instituto Nóos, una fundación sin ánimo de lucro que presidía.
La infanta por su lado fue absuelta, tras convertirse en el primer miembro de la familia del rey en sentarse en el banquillo de los acusados. No obstante fue condenada a una multa de 265 mil euros por su responsabilidad civil como beneficiaria de las ganancias obtenidas por su marido, una suma ya restituida durante el procedimiento.
Por su lado, Diego Torres quedó igualmente en libertad provisional con prohibición de salir de España, entrega de pasaporte y comparecencias en el juzgado el día primero de cada mes.
Tanto Cristina, de 51 años, como Urdangarin, de 49, han sido excluidos de todos los actos oficiales de la Casa Real española. La pareja vive en Ginebra desde 2013.
Los dos acusados encabezaron la década pasada el Instituto Noós, a través del cual desviaron unos 6.2 millones de euros de los gobiernos autonómicos de Islas Baleares, Comunidad Valenciana y el Ayuntamiento de Madrid.
Las investigaciones revelaron que los acusados recibieron fondos públicos de forma irregular para realizar eventos deportivos que costaban menos de lo que recibieron, o que no se llevaron a cabo.
Los cargos por lo que se condena a Urdangarin son prevaricación, falsedad documental, malversación de caudales públicos, fraude a la administración pública, tráfico de influencias, y delitos contra la Hacienda Pública.
Los delitos por los que se condenó a Torres son prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la administración pública, tráfico de influencias, delitos contra la Hacienda Pública y lavado de dinero.
