Durante décadas, los ciudadanos de todo el país han exigido infructuosamente la eliminación del fuero legal del que disfrutan los gobernantes, entre otras razones, porque dificulta y obstaculiza el enjuiciamiento de los que poseen este privilegio cuando cometen algún acto delictivo, sin embargo, ayer el Congreso de Baja California hizo historia al eliminarlo de un plumazo.
De manera unánime y en respuesta al reclamo de la ciudadanía de la entidad, los 25 diputados integrantes del órgano legislativo estatal aprobaron por unanimidad el dictamen que anula la protección constitucional y deja sin ese beneficio al gobernador, los jueces, magistrados, diputados y alcaldes.
Únicamente falta la aprobación de tres municipios, que disponen de 30 días para darle el visto bueno, para que la disposición surta efecto.
¿Cuándo seguirán el ejemplo bajacaliforniano los congresos federal y los del resto de las entidades federativas del país?
No tenemos idea pero créanlo, pasará mucho tiempo todavía antes de que el golpe dado a los miembros de la clase política de Baja California que poseen aún ese privilegio legal en el resto de la República puedan ser juzgados sin trabas ni dificultades, como sucede con cualquier otro ciudadano.
Otra lamentable práctica política, tan arraigada en México como el fuero, que tampoco ha logrado ser erradicada, a pesar de las crecientes exigencias sociales, es la del compadrazgo, el amiguismo y el nepotismo.
Tocamos el tema a propósito de la incorporación de dos legisladoras, la tampiqueña Mercedes del Carmen Guillén Vicente y Sylvana Beltrones, esta hija del ex dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera, al cuerpo directivo del CEN del ex invencible como secretarias adjuntas del equipo de trabajo o colaboradoras de la nueva Secretaria General, Claudia Ruiz Massieu, para variar sobrina del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.
Nadie duda de su capacidad e incluso de los méritos propios que deben de tener las diputadas y la ex canciller para desempeñar ese tipo de cargos, sino que las designaciones sean en gran medida producto del compadrazgo y el amiguismo, porque sin ese factor difícilmente habrían sido convocadas a hacerse cargo de carteras como las aludidas, sobre todo en el caso de Paloma Guillén, que carece de respaldo social entre los electores y familias de Tampico a las que representa en el palacio legislativo de San Lázaro.
En algunos municipios, como el de Altamira, los votantes pusieron un freno a este tipo de impopulares hábitos políticos. En la elección del 2016, por ejemplo, impidieron el triunfo de los candidatos a la alcaldía de la priista Griselda Carrillo Reyes, hija del ex alcalde Sergio Carrillo Estrada y sobrina del ex munícipe Pedro de los mismo apellidos y lo mismo hicieron con el aspirante a diputado local Esteban De la Portilla Flores, este vástago de los ex titulares del ayuntamiento, Juan Genaro de la Portilla y Romana Flores Rivera.
Aunque hay otros lugares en los que todavía no lo han conseguido, caso concreto de Pánuco, Veracruz. El actual presidente municipal, Ricardo García Escalante, es hijo del ex alcalde y ex Contralor del gobierno del Estado, Ricardo García Guzmán, y hermano del diputado Rodrigo García Escalante, todos miembros de la misma familia.
Como estaba programado, por otra parte, el gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca a través de la Secretaría de Desarrollo Social en coordinación con la Subsecretaría de la Sedesol federal entregaron ayer los apoyos del programa de empleo temporal a las miles de familias pobres de Tampico, Madero y Altamira que resultaron afectadas por los torrenciales aguaceros e inundaciones que afectaron la zona metropolitana el 3 de noviembre del año pasado.
Encabezados por Gerardo Peña Flores, Eviel Pérez Magaña y los alcaldes Magdalena Peraza Guerra, Andrés Zorrilla Moreno y Alma Laura Amparan Cruz, así como de la diputada Monserrat Arcos Vázquez, como testigo del acto, hicieron llegar personalmente la ayuda a los damnificados.
Para finalizar, los topes de campaña de 250 millones de pesos fijados para el Estado de México y los millones otorgados a la fundación “Juntos Podemos” hacen recordar aquella frase de uno de los fundadores del grupo Atlacomulco, Carlos Hank González: un político pobre es un pobre político.
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